La Fiscalía indaga pagos de una empresa a empleados del Serviu
Carlos Véjar
La existencia de transferencias bancarias desde una empresa constructora hacia dos funcionarios del Serviu de La Araucanía son parte del material surgido durante los últimos días, en el contexto de las diligencias que se realizan por el presunto delito de cohecho, dirigida por la Fiscalía en Temuco.
El antecedente lo confirmó una fuente cercana a la investigación, lo que daría luces más claras respecto a una presunta irregularidad en el actuar entre funcionarios públicos y una empresa privada, respecto al pago de coimas.
El fiscal Miguel Ángel Velásquez, quien indaga esta causa de manera desformalizada, ratificó que se están revisando movimientos bancarios entre las personas que podrían haber incurrido en un delito, el que se hizo público tras una querella del propio director del Serviu, Daniel Schmidt.
"En su momento se pidió alzamiento de secretos bancarios y hay que analizarlos. Son planillas bastante grandes y se debe hacer el cruce de información. Si hay transferencias, ver de dónde vienen. Después llegar a la otra cuenta y así abrir diversas etapas (...) Y como dicen los americanos, siguiendo el dinero, encuentras al hombre", explicó el fiscal.
Sobre otras diligencias comentó que "es una investigación que, con la cantidad de información que se maneja, no se pueden tener resultados en dos o tres meses. Primero hay que hacer análisis de la información y luego tomar las decisiones procesales respectivas".
Tras ser consultado sobre si ya están en condiciones de pedir audiencia para formalizar a los sospechosos, dijo que ya se pueden "tomar decisiones procesales", sin embargo, en este momento serían apresuradas, ya que deben por un tema de objetividad "investigar tanto lo que inculpa como exculpa".
El caso fue denunciado en un primer momento por el director del Serviu, Daniel Schmidt, quien presentó una querella ante el Ministerio Público en mayo de 2013.
Los sospechosos en esta denuncia, de haber cometido un ilícito, son Aníbal Meza Pérez y Marcelo Ovalle Zambrano. Ambos tienen cinco y 22 años de experiencia en la repartición, respectivamente.
En el proceso también aparece Mario Mariángel Valdebenito, dueño de la constructora del mismo nombre.
En este caso se busca determinar si existen o no contratos paralelos de trabajo entre los trabajadores del servicio público y la constructora, los que tenían el vínculo de licitar y fiscalizar obras por más de $1.000 millones.
El director del Serviu, tras ser consultado sobre estos nuevos antecedentes, indicó que, de hecho, se presentó la querella por tener indicios de pagos entre la empresa y los funcionarios. "Nosotros buscamos que la Fiscalía determine o no la existencia de un delito", dijo el director.
Acotó que el caso, además de estar abierto en la arista penal, también está abierto el sumario en contra de los dos funcionarios, a quienes se les aplicó como medida precautoria suspenderlos sus funciones habituales.