Incautan 12 computadores, un servidor
Informático. La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía inició una investigación por la desaparición de archivos. El director Alberto Pizarro Chañilao efectuó la denuncia.
La Policía de Investigaciones incautó anoche un total de 12 computadores, un servidor y una serie de documentos, desde el interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco.
Esto luego que la recién creada Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de La Araucanía inició una investigación desformalizada por el delito de sabotaje informático, tras una denuncia efectuada por el director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao.
Ésta se funda, en la sorpresa que provocó en las nuevas autoridades la desaparición de archivos digitalizados desde la base de datos de la Conadi, la que habría sido manipulada por funcionarios del propio organismo.
Es por eso que, hasta las oficinas de la corporación indígena en Temuco llegó ayer el fiscal jefe de la Fiac, Miguel Ángel Velásquez, junto a miembros de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), para proceder a retirar los equipos computacionales.
En el lugar fueron recibidos por el fiscal nacional de Conadi, Rodrigo Bustos, quien hace varias semanas lleva adelante una acuciosa auditoría en el organismo público, tras el cambio de Gobierno.
'Queremos dar la tranquilidad de que la Conadi está presentando la colaboración con los órganos de la Justicia, con el objetivo principal de un proceso formal de investigación, por tanto, es un proceso de tranquilidad que le transmitimos a la opinión pública y a los pueblos originarios', dijo escuetamente Bustos.
Aunque desde la entidad no quisieron profundizar en la denuncia que efectuaron al Ministerio Público, ya habían aparecido una serie de irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría y que apuntaban al pago de sobre precios en la adquisición de tierras.
A esto se suma, que el propio director nacional de Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, reveló en una entrevista a este medio, que existían más de 50 sumarios administrativos en curso, luego que reemplazara en el cargo a Jorge Retamal Rubio.
Tierras
Según el fiscal vocero del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido, lo que se está investigando 'es la destrucción o alteración de los sistemas informáticos y de los datos contenidos en los sistemas de tratamiento de información, ahora la información que se pudo haber destruido podría estar relacionada con la compra de tierras, pero es una arista de la investigación', precisó Garrido.
El vocero regional de la Fiscalía aclaró que la diligencia no se trató de un allanamiento, sino que se efectuó a través de una entrega voluntaria de los equipos computacionales.
Todos ellos serán derivados a la sección de Cibercrimen de la PDI en Santiago, para un análisis detallado.
La investigación -sin personas formalizadas- apunta a poder cotejar la información escrita de las carpetas y compararla con la de los computadores incautados el día de ayer y así descubrir qué tipo de archivos fueron borrados.
El fiscal Garrido no quiso precisar la cantidad de funcionarios que estarían involucrados en el delito, 'ya que se está en una etapa preliminar, donde es necesario comprobar si es que existe o no, la alteración de datos que se han denunciado', sostuvo.
Aunque se informó que los equipos fueron incautados desde la Dirección Nacional y Subdirección Sur de Conadi, Garrido no quiso precisar de qué departamentos técnicos fueron requisados los computadores.
Los responsables de este tipo de delitos se exponen a una pena que puede llegar a los 5 años de privación de libertad y 'no está asociada a los cargos que las personas ocupen, por lo tanto, no tiene ninguna influencia si se determina responsabilidad', dijo Garrido.
Lo anterior, en respuesta a la posible responsabilidad que puedan llegar a tener los cargos directivos, que estuvieron en Conadi, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
Fiac
Consultado sobre el porqué la Fiscalía de Alta Complejidad se hace cargo de la investigación al interior de Conadi, el fiscal Roberto Garrido indicó que 'se trata de una investigación bastante compleja, además de delitos informáticos que no son los habituales a los que se aboca la Fiscalía y considerando la especialización que tienen los fiscales, parece más conveniente para el éxito de la diligencia, es que sea a cargo de esta entidad especializada', recalcó.
Hay que recordar que la Fiac inició su trabajo a comienzos de este mes, luego que el fiscal regional, Cristián Paredes, anunciara su creación en su primera cuenta pública a la cabeza del Ministerio Público en La Araucanía.
La entidad especializada en delitos complejos es la primera que se crea en regiones y es la tercera a nivel país. Las otras dos Fiac funcionan exclusivamente en la Región Metropolitana.
Está compuesta por sólo dos fiscales: Luis Arroyo y Miguel Ángel Velásquez (jefe).
Este último participó de la incautación de equipos desde Conadi, pero declinó entregar declaraciones sobre las diligencias.
Quien si habló la noche de ayer, fue el subprefecto de la Bipe de la PDI, Luis Bevilacqua, indicando que retiraron los equipos para someterlos a distintas pericias por solicitud del fiscal Velásquez.
'Se está trabajando en ello y es un tema que recién está comenzando, así que no me puedo referir al resultado de la misma. Tenemos más de 10 CPU que estamos trabajando', dijo Bevilacqua.
Análisis
Fuentes del caso, indicaron que a pesar que la información pudo ser borrada de los equipos, ésta puede ser recuperada desde los servidores de la misma institución, pero que deben ser sometidos a un detallado análisis.
Aunque no hay una cuantificación económica del sabotaje informático, en la Fiscalía explicaron que una vez determinada la existencia del delito, se podría verificar si están relacionados con otro tipo de delitos.
Hay que recordar que la Cámara de Diputados en el año 2009, decidió iniciar una comisión investigadora por irregularidades que ascendían a más de $9 mil millones de pesos y que fue cerrada sin la aprobación de sus conclusiones.
En el año 2010 y tras la aparición de nuevos antecedentes relacionados con el ya desaparecido Programa Orígenes, la Cámara Baja decidió reabrir la investigación, la que también finalizó sin resultados claros.
Así las cosas, queda en entredicho la probidad administrativa con que se obró en la Conadi y se espera que la Fiac pueda aclarar la serie de irregularidades.
50