El director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro cifró en $10 mil millones las irregularidades al interior del organismo público y que son investigadas por la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de La Araucanía.

La abultada cifra representa un 25% del presupuesto anual del fondo de tierras de Conadi y alcanza para construir el nuevo puente que necesita la comuna de Carahue, anunciado por el MOP.

Pizarro Chañilao llegó ayer hasta la sede del Ministerio Público en la Región acompañado por el fiscal nacional de la Conadi, Rodrigo Bustos y sostuvieron una breve reunión con el fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velásquez.

Ahí le hicieron entrega de 15 carpetas que fueron seleccionadas de forma aleatoria y en las que encontraron una serie de irregularidades, que se suman al delito de sabotaje informático que ya investiga la Fiac.

De estas carpetas, un total de 10 corresponden a procesos de compra de tierras y las otras 5 a licitaciones -que no fueron especificadas- llevadas a cabo entre los años 2011 y 2013, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.

Ministerio

'Son 15 carpetas, 5 de ellas responden a licitaciones y 10 que corresponden a compra de tierras, seleccionadas de forma aleatoria, donde en la totalidad se encontraron irregularidades y posibles fraudes al Fisco por un monto total de $10 mil millones de pesos', dijo Pizarro Chañilao.

El director nacional de la Conadi explicó que la acción se enmarca dentro del anuncio efectuado por la Presidenta Michelle Bachelet y su voluntad de someter a consulta la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas.

'Nuestra intención con esta denuncia es sentar las bases de la nueva institucionalidad indígena de forma transparente, para que no existan dudas de que los recursos de todos los chilenos se están utilizando de buena forma con nuestros pueblos indígenas', sostuvo Alberto Pizarro.

Según éste último, desde el primer día que llegó al cargo se han dedicado a revisar de forma exhaustiva todos los procedimientos efectuados en la administración anterior, que fue dirigida por Francisco Painepán (2010-2011) y Jorge Retamal (2012-2014).

'El 99% de los funcionarios no tienen ninguna vinculación con estos hechos, que son personas que se deben a su trabajo y comprometidas con los pueblos originarios y son casos muy puntuales solamente', subrayó Pizarro Chañilao.

Por su parte, el fiscal nacional de Conadi, Rodrigo Bustos indicó que los antecedentes 'revisten caracteres de delito' y son el de fraude al Fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.

'El Ministerio Público va a determinar el modus operandi si es que existen estos delitos, pero nuestro objetivo principal es la denuncia', manifestó Bustos.

Jerarcas

Según el abogado las irregularidades detectadas se realizaron en el año 2011, 2012 y 2013, y no quiso descartar que existan más casos de este tipo al interior de la Corporación de Desarrollo Indígena.

'La operación es sobreprecios, principalmente, y licitaciones que dicen relación con productos que nunca se verificaron', detalló el fiscal nacional de Conadi.

Sobre las responsabilidades en el caso, Bustos aseguró que 'apuntan a los responsables directos y en la administración del Estado hay una jerarquía, por tanto, hay que saber si efectivamente, tienen responsabilidad esos jerarcas administrativos', explicó.

El abogado sostuvo que en estos casos se concretaron los pagos de los procesos de tierra y por tanto, 'no hay ninguna duda sobre las irregularidades', dijo Rodrigo Bustos.

Hay que recordar que en enero de este año un informe de la Contraloría General de La República, ya alertaba sobre un acuerdo entre particulares y comunidades indígenas de Traiguén para aumentar de forma artificial los precios de los predios tasados.

A esto se suma, que el propio Pizarro Chañilao reveló en entrevista a este medio el inicio de 50 sumarios administrativos por irregularidades.

Revancha

Quien salió ayer al paso de las críticas, fue el propio ex director nacional de la Conadi, Jorge Retamal calificando la acción como una revancha política que busca 'enlodar la gestión de Sebastián Piñera'.

El ingeniero sacó a colación los trabajos particulares que realizó como abogado, Rodrigo Bustos, quien defendió al consejero regional Manuel Aravena, tras una denuncia de fraude al Fisco presentada por el ex intendente regional, Andrés Molina.

Jorge Retamal desmintió el pago de sobreprecios en la comuna de Traiguén y los 50 sumarios administrativos.

'Nuestra administración fue de manos limpias y haremos todo lo necesario para aclarar las denuncias que sean serias y solicitó que se investigue a la brevedad', dijo ayer Jorge Retamal.

El actual militante de Evópoli añadió que 'heredamos de la misma coalición actual de Gobierno, el manual de las malas prácticas, combatimos los centenares de sobreprecios en las compras, corredores de propiedades inescrupulosos, bajamos los precios para pagar lo justo', subrayó Retamal.

Este medio intentó conocer la opinión del ex intendente de La Araucanía, Andrés Molina sobre las denuncias, quien no quiso referirse al tema y señaló que 'mañana (hoy) me voy a referir al tema', dijo brevemente.

A través de un comunicado público, la Fiscalía de Alta Complejidad indicó que los antecedentes aportados ayer por el director nacional de Conadi, serán agregados a la investigación por el delito de sabotaje informático.

Fuentes del caso señalaron que además la delegación habría entregado los nombres de los funcionarios a quienes pertenecen los 12 computadores que fueron incautados.

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