Esta será una semana clave en las posibilidades que tienen las afepés de negociar una salida al tema de las bajas pensiones, en el seno de la Comisión de Pensiones que lidera el economista David Bravo. Poco a poco se ha consensuado algo que era tan evidente: el nivel vergonzoso de algunas pensiones, como ha quedado de manifiesto con múltiples ejemplos en La Araucanía y a nivel país. Las diferencias radican en los motivos de las mismas: para unos las cotizaciones son absolutamente insuficientes y es imprescindible aumentar tanto las mismas como los años de cotizaciones; para otros, hay mucho que proponer en el tema de las comisiones y la responsabilidad que debe asumir la propia afepé en los períodos en que hay pérdidas.

Está claro que el objetivo único y central de esta comisión es mejorar el monto de las jubilaciones y en ese contexto se escuchará las proposiciones de las afepés, entre las cuales habría diferencias, lo que provoca incluso algunas discrepancias al interior de la entidad que las agrupa.

Cabe recordar que, previo al inicio de las afepés, a las cotizaciones de los trabajadores se sumaban las del empleador, lo cual en el presente esquema permitiría aumentar sensiblemente las pensiones, dependiendo de cuál sería el aporte patronal. Esta parece ser una idea que gana terreno en la discusión práctica, a lo que podría sumarse una jubilación más tardía, de la mano de las mayores expectativas de vida.

Se ha planteado algunas iniciativas que pronto fueron calificadas de populistas y que no resuelven el fondo del problema, como un bono al hijo recién nacido.

Es efectivo que las lagunas previsionales disminuyen la cantidad de la pensión, pero en quienes han cotizado ininterrumpidamente el resultado sigue siendo deficiente y se aleja muchísimo de las promesas hechas al inicio del sistema, pronósticos que oscilaban en un 75 por ciento de la renta en actividad.

Mucha gente está sufriendo esta situación; es tiempo de apoyar a quienes siguen laborando.

Esta semana hemos sido testigos una vez más de hechos de violencia rural en La Araucanía, a manos de grupos de encapuchados armados. En efecto, en medio de un ataque a un campo e incendio de medios de producción, un trabajador y su familia fueron sacados por la fuerza a medianoche de su casa, y ante la mirada de sus propios niños, su hogar fue destruido. Se trata de una violencia que aparece pensada, organizada, con intenciones y objetivos específicos, y en donde las personas, sus vidas, y el fruto de toda una vida de trabajo al servicio del bien común, ya sea privada o institucional, pierden significado y valor ante otro tipo de intereses. El resultado: dolor, sufrimiento y muerte.

En algunas de estos hechos, sus autores levantan la bandera de la causa mapuche, que en ocasiones ha llevado a una represión a comunidades en que también niños han sufrido excesos siendo testigos de consecuencias fatales. Sin embargo, tanto el señor intendente como muchos otros actores de la Región están convencidos que este tipo de metodología no sólo no proviene del pueblo mapuche y la inmensa mayoría de sus comunidades, sino que daña sus justos anhelos, y obstaculiza la búsqueda de urgente solución de la deuda histórica, en la que están comprometidas no sólo las autoridades. En efecto, todos, mapuches y huincas anhelan la construcción conjunta de un pronto itinerario de respuestas que les permitan una justicia para vivir en paz.

En la ciudadanía comienza a percibirse un sentimiento creciente de profundo malestar y desconcierto ante estos grupos violentos y armados, que parecieran moverse con toda libertad, actuar en el anonimato y, más preocupante aún, con grados de impunidad no menores. La sensación es vivir en un contexto donde derechos esenciales de un régimen democrático no están siendo suficientemente respetados. De esta manera comienza a experimentarse impotencia, inseguridad, temor y falta de justicia, ante un Estado de Derecho que, a ratos, en estos temas, pareciera quedar en una abstracción.

La historia muestra que la violencia como método para lograr objetivos es a la larga fuente de grandes sufrimientos e injusticias mayores.

Es hora de exigir al mundo político priorizar en la agenda pública regional y nacional la grave responsabilidad que le cabe en este desafío.