Negativos resultaron los esfuerzos desplegados por Bomberos de Temuco en el rastreo del río Allipén en procura de localizar a una guagua de 9 meses desaparecida en un camión que se precipitó a las aguas del río al derrumbarse parte del puente colgante Trianón. En el accidente murieron siete de los once pasajeros que viajaban en máquina.
De la ominosa lista de prohibiciones que ha traído la alerta sanitaria este año en Temuco y Padre Las Casas, producto de los altos niveles de contaminación atmosférica y del fracaso de las políticas públicas para procurar un medio ambiente limpio, hay una de la que recién se están conociendo sus implicancias, luego de semanas con la atención de la opinión pública puesta en la restricción para el uso de la leña. Se trata de la imposibilidad de funcionamiento de los gimnasios en el transcurso del día en que rige la alerta, y que va de las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Según el relato de los propios encargados de estos recintos, de los entrenadores y de los usuarios, la prohibición ha traído un significativo impacto en la práctica deportiva bajo techo.
El malestar por esta medida se está haciendo generalizado, tanto por la merma económica para los gimnasios e instructores, como para clientes que pagaron por adelantado el servicio y que no pueden solicitar la restitución del dinero por tratarse de eventos de 'fuerza mayor'. Para muchos de ellos resulta una decisión algo extraña, pues -aducen- la prohibición para la práctica deportiva debiese considerar los espacios abiertos (canchas, parques, la misma calle) y no recintos cerrados que están menos expuestos a la contaminación del aire.
Aunque no hay opiniones concluyentes sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud de quienes realizan actividad bajo techo, lo cierto es que la prohibición para los gimnasios es un resultado más de una contaminación atmosférica que sigue siendo el calvario de Temuco y Padre Las Casas y contra la cual hay medidas de corto plazo y ninguna de largo aliento y de real impacto en la mayoría de la población. La forma que ha encontrado la autoridad para procurar un mejor aire es únicamente prohibir, algo de por sí ya complejo en una sociedad que valora enormemente los espacios de libertad.
Es imperativo que las medidas verdaderas se inicien luego para evitar que la lista de prohibiciones de todo tipo (y que por ahora afectan a la leña y los gimnasios) se siga extendiendo. ¿Qué podría venir después si es que continúan los fracasos?
En un país moderno, todo ciudadano tiene derecho a la vida, libertad y seguridad - así reza la mayoría de las constituciones, incluyendo la chilena- y el Estado, representado por el gobierno de turno, tiene la obligación de cautelar estos derechos, no importando diferencias de origen, color, género, ideología, edad o clase de los ciudadanos.
Un aspecto clave de lo anterior es que el Estado está obligado a dar protección a todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando esa obligación no se cumple, el acuerdo social se rompe.
Pero debemos entender que pueden haber circunstancias que impidan el cabal cumplimiento por parte del Estado. Por ejemplo, las propias derivadas de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Allí lógicamente el Estado deberá ayudar a corregir, paliar o restituir el daño provocado en la vida o patrimonio de sus ciudadanos por esas causas.
Lo que, sin embargo, no se podrá soslayar serán aquellas obligaciones nacidas de situaciones internas que, pudiendo haberse corregido no se han hecho, como la violación a los derechos de las personas o su propiedad en el presente como en el pasado. En esta categoría cae lo que se ha producido durante años en La Araucanía, donde históricamente se han vulnerado los derechos de las habitantes originarios (indígenas), por parte del mismo Estado, y hoy se vulneran los derechos de los habitantes (aún llamados colonos, aunque hace mucho tiempo esta definición está obsoleta), al no protegerlos debidamente a ellos y sus propiedades. ¿Cómo paliar los daños cuando el Estado no ha podido dar debida protección? No tener respuesta es serio.
Pero llegar a la definición que han hecho autoridades de Gobierno, en su calidad de representantes del Estado, de que no se puede cumplir el derecho constitucional de protección de todos los habitantes (como resultado concreto; las buenas intenciones son solo discurso), o de los efectos que ello ha producido en el daño patrimonial, no mitigando, corrigiendo, paliando o restituyendo el daño que la misma inacción del Estado ha causado, es de por sí sumamente grave. Es como oír un fuerte '¡Arréglatelas solo!'. Eso es inaceptable.
Dios delega a los gobernantes el poder temporal con propósitos específicos -todo poder es otorgado por Dios y está limitado a la temporalidad de la vida-, siendo una gran responsabilidad servir a cada miembro de la sociedad.
La negligencia o voluntad en contrario tiene como resultado una respuesta reprobable por parte de Dios, ya sea que lo entiendan o no.