Ex abogado de la Intendencia habla de 'cohecho y soborno' en la Conadi
Investigación. Javier Jara Müller funda su convencimiento en virtud de los antecedentes que le reportó su cliente: una ex funcionaria de Conadi de Valdivia.
Según el ex abogado de la Intendencia, Javier Jara Müller, a través de la declaración de una clienta (ex funcionaria de Conadi en Valdivia), cuya identidad se mantiene en reserva, habría llegado al convencimiento de la existencia de 'soborno y cohecho' en la Conadi, bajo el modus operandi de la cohabilitación ilícita entre funcionarios y comisionistas.
Lo anterior respecto de las irregularidades en la adquisición de tierras entre los años 2011 y 2013 y que involucra un monto de 10 mil millones de pesos, investigación que se encuentra en la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de La Araucanía.
Ayer se cumplieron los 40 días del secreto a la indagatoria que había dispuesto el fiscal de la Fiac, Miguel Ángel Velásquez, para develar el contenido de las carpetas investigativas a las partes intervinientes en el caso.
Esto es el abogado Javier Jara Müller en calidad de parte querellante por los delitos de fraude al fisco, sabotaje informático y falsificación ideológica de instrumento público y privado. Dicha querella fue interpuesta en la Fiac a principios de junio.
Hasta ayer, el abogado querellante en este polémico caso todavía no tenía acceso a la investigación y, según él mismo señala, está a la espera de que se unifique la querella con la investigación, diligencias que ya tramitó.
Como contraparte, aún no existe ningún imputado responsable de los delitos que se están investigando y que también denunció la Conadi: sabotaje informático, fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
La Cámara de Diputados hace 12 días aprobó crear una comisión investigadora que revise la responsabilidad que le cabrían, según las acusaciones del diputado Fernando Meza, a altos funcionarios de Gobierno de la administración anterior y a funcionarios de la Conadi en los sobreprecios que se pagaron por la compra de tierras.
Al respecto, el abogado Javier Jara Müller apunta los dardos y la responsabilidad fiscalizadora no sólo hacia Conadi y sus directivos desde el año 2004 en adelante, sino también a la Contraloría.
'Esta querella la presenté yo como abogado, porque tengo legitimación activa y no en representación de esta persona, por un tema de reserva y estrategia del caso', apuntó el abogado Jara, quien renunció a la Intendencia a fines de mayo, pese a que judicialmente había logrado ser reincorporado luego de haber sido despedido junto al ex jefe de la Unidad Penal de la Intendencia, Alex Schneider y el abogado, Raúl Pérez.
'En esta querella, mi cliente no está instando por un gobierno u otro. Y la presenté porque este cliente, a quien se le imputó haber participado (cohecho pasivo), tiene conocimientos de cómo se hacían las tratativas al amparo de los protocolos y la legislación que es aplicable en este caso de compra de tierras para pueblos originarios', enfatizó.
Jara explica que dichas tratativas apuntan a un modus operandi que se ha replicado en todas las Conadi del país en donde se ha comprado tierra.
'Lo que existe es un contubernio entre ciertos funcionarios de la Conadi que son los que hacen el trabajo más operativo, como la calificación de la tierra, con las personas que son comisionistas (dueños de tierras). Este contubernio es una defraudación al fisco y sucede porque no hay instancias de fiscalización y control', argumenta.
Asimismo, añade que la mala praxis facultativa de delito implica 'que se compra la tierra con sobreprecios y sin importar si no pasó la recomendación. Después se entrega una comisión por debajo: situación de cohecho y soborno entre el funcionario de la Conadi y el comisionista', detalla.
El informe 36 de Contraloría sobre una indagación de la Conadi precisa que en Traiguén se firmaron actas de acuerdo de negociación entre el dueño del predio y la comunidad pasando a llevar el informe técnico.
Al respecto, Jara consigna que 'aunque no se haya llegado a establecer la transacción económica, estas actas son el principio del delito y si no se concretaron es porque se atrasaron las compras. Aquí lo que debe quedar claro es que no puede haber acuerdo entre un funcionario de la Conadi y ciertos funcionarios a vista y paciencia de todos con fondos públicos'.
Por su parte, el ex jefe de la Unidad Penal de la Intendencia, Alex Schneider, quien asesoró en su momento judicialmente al ex director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, estima, a diferencia de Jara, que el hecho de no haberse concretado la transacción no amerita delito. 'Yo creo que no, porque fraude es lo mismo que perjuicio y si no se consuma la venta no se comete el delito', comenta.
Respecto de la participación del ex director y subdirector en acuerdos de negociación, Schneider, apunta que a ellos no le competía.