Mucho debate genera -y de seguro continuará generando- el mecanismo 'democrático, institucional y participativo' idóneo para establecer la 'Nueva Constitución' anunciada en el programa presidencial en reemplazo de la Carta de 1980: reforma total en el Congreso Nacional, Asamblea Constituyente, u otro.

Con todo, esta discusión desvía el foco de lo verdaderamente relevante. Las reivindicaciones y contenidos largamente postergados, bordeando ya 25 años desde la vuelta de la democracia y luego de ser reformada la Constitución en al menos 25 oportunidades desde el inicio de la transición. ¿Cuáles serían aquellos contenidos? El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; la incorporación de principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el desarrollo sostenible; la necesidad de equiparar la actual primacía que detentan los derechos civiles y políticos en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales; mayor descentralización regional; nuevos mecanismos de democracia semi directa de participación ciudadana; y las condiciones para un desarrollo justo, productivo y diversificado y una inserción internacional activa.

Referido específicamente a los pueblos originarios, no resulta comprensible que el texto constitucional sólo contemple, a propósito del cuestionado derecho a la educación -artículo 19 Nº10-, un débil reconocimiento del deber del Estado de 'estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación'. Por el contrario, clama la inserción -en el actual capítulo primero de las bases de la institucionalidad- de una disposición que otorgue reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y cultural de los pueblos de Chile.

Aquél reconocimiento, 25 años después de la vuelta de la democracia, significaría la voluntad inequívoca del Estado de Chile de iniciar la construcción política de una nación pluricultural.

, académico de la Facultad

Características bastante complejas ha alcanzado la investigación que realiza la Fiscalía acerca de las denuncias sobre irregularidades en la compra de tierras indígenas mediante fondos de la Conadi. A las acusaciones ya conocidas hace poco respecto del pago de sobreprecios, y cuya veracidad debe resolver aún el Ministerio Público, se ha añadido ahora la poco clara existencia de los 'corredores informales de propiedades', que hasta antes de un cambio propiciado en la actual administración eran figuras no formales que ayudaban a gestionar la compra y venta de tierras indígenas, haciéndose, naturalmente, de una jugosa comisión, habida cuenta de los montos que invierte Conadi en la restitución de predios para las comunidades mapuches.

La revelación, la semana pasada, de un secuestro en el que se habrían visto involucrados dos de estos corredores en diciembre del año pasado, da cuenta de la alambicada trama que se tejía con la compra de tierras indígenas. Por un lado, un propietario que muchas veces no desea vender, y por el otro, una comunidad mapuche que exige la restitución de tierras que a su juicio le fueron arrebatadas. Al medio, una institución (Conadi) que cuenta con una abultada chequera para las adquisiciones, y una serie de corredores informales, o intermediarios, cuya función forzosamente debiese aclararse con prontitud desde la investigación y las agencias gubernamentales.

Los antecedentes preliminares indican que estos intermediarios eran relevantes gestores de la compraventa, en un rol al menos controversial si se entiende que esta transacción, producto de su complejidad, se encuentra regulada por ley y tutelada además por una entidad como Conadi que tiene que cautelar por los fondos públicos y por la entrega de tierras a las comunidades. ¿Qué función cumplían estos intermediarios y hasta qué punto intervenían en la definición del precio y en las expectativas de vendedores y futuros propietarios?

Esta es una materia que debiese dilucidar con precisión la Conadi de cara a la opinión pública, en virtud de los millonarios presupuestos anuales que ha manejado para cumplir con sus propósitos.