El miedo se ha apoderado una vez más de la familia Luchsinger. En los últimos tres días, han sido foco de diversos delitos a la propiedad, los que incluso han terminado en enfrentamientos armados con Carabineros por lo que temen a que la escalada de violencia sea sólo el inicio de una tragedia mayor.
Los fundos Santa Rosa 1 y 2 han sido atacados violentamente. Los agricultores acusan que los protagonistas de los hechos delictuales son personas de comunidades aledañas que ingresan ilegalmente a sus predios para robar animales.
Según la información policial, en la noche del martes un grupo indeterminado de comuneros atravesó los límites de los predios destrozando los cercos. En el camino interior que da hacia la lechería del fundo Santa Rosa 1, construyeron una barricada y al encontrarse con Carabineros que cumplían con una orden de protección, les dispararon con armas largas.
'Son hechos que han ocurrido desde hace tres días consecutivos a la fecha, en que han ingresado individuos con un número importante de animales, talajeando, con gente armada. Intentaron robar nuestros animales, amedrentaron al colaborador nuestro y hubo disparos', narró Ewald Luchsinger, hijo del dueño del predio, Rodolfo.
Esas situaciones son las que han hecho crecer la victimización en los moradores de los fundos ubicados en la comuna de Vilcún. Es por ello que una vez más, decidieron hacer pública la denuncia en busca de una respuesta de la autoridad que se encamine hacia la paz en el sector.
Es así como Ewald, posterior al atentado sufrido en junio en que perdió más de $200 millones, por el clima de inseguridad y constante incertidumbre, decidió trasladar a sus padres a Temuco, molesto por los hostigamiento. 'Rompen la tranca con hachas y motosierras para que pasen los animales, y luego argumentan que la cerca no existe, son la comunidad Catrilaf 2, con personas muy conocidas y con un modus operandi muy recurrente', dijo ofuscado el agricultor.
Una de las principales criticas que hace la familia Luchsinger, es que pese a que los predios cuentan con medidas de protección, estas no son efectivas ya que Carabineros no contaría con los recursos suficientes para hacer frente a situaciones de emergencia.
'Tenemos medidas de protección en torno a la casa, y hay circulando una patrulla que merodea y de alguna manera supervisa un área más grande. El problema es que acá nosotros vemos que hay un vacío legal porque finalmente cuando se ven enfrentados a este tipo de hechos, nadie sabe lo que tiene que hacer', reclamó Luchsinger.
Hace algunas semanas, Sergio Sánchez, quien vive en el Fundo Santa Rosa 2, a unos metros de Jorge Luchsinger, también denunció un ataque armado. 'El 10 de agosto atacaron la sala de ordeña de mi predio con personas adentro, estaba el lechero con su hijo que lo acompaña los fines de semana que escuchó y vio cuando el disparo entró en la sala', relató junto con agregar que 'hay una inseguridad grande al convivir con personas que no tienen interés en respetar la seguridad de sus vecinos'.
En la jornada de ayer, la Bipe de la Policía de Investigaciones, realizó diferentes diligencias en el fundo como recuperar evidencia balística y recrear la dinámica de los hechos.
Una de las preocupaciones más grandes de los agricultores, es el ingreso de animales ajenos a los predios ya que según denuncian, el ganado cuya procedencia desconocen se alimenta de su pasto.
Aquello complica de sobremanera a la familia Luchsinger, ya que su fundo que contempla 70 hectáreas, está certificado por la Unión Europea para la exportación de leche. Esto implica que está libre de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis bobina.
'Son enfermedades que se pueden contagiar a través del pasto, cuando los animales de ellos comen y dejan babas o también por las heces lo que es muy complicado ya que nos pueden quitar la certificación, aplicar multas, desvalorizar el predio y tener perdidas millonarias', explicó Ewald.
Los agricultores están molestos y contabilizan que son 111 los animales que los comuneros traspasan para ser alimentados en su predio.
A raíz de estos últimos sucesos, el director ejecutivo de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía (Avvru), Luis Felipe Romero, manifestó su inquietud y llamó a la autoridad a actuar con firmeza, aplicando incluso, la Ley Antiterrorista. 'El Ministerio del Interior no ha hecho nada sobre este tema, no se han realizado las reuniones que se deberían hacer y es necesario que el ministro (Rodrigo Peñailillo) ojalá estuviera aquí presente y viera qué está ocurriendo en estos predios'. Consultado sobre eventuales delitos terroristas, la autoridad respondió que 'creo que ya basta de determinar si esto es o no terrorismo, para mí esto es terrorismo'.
La Asociación de Víctimas de Violencia Rural está a la espera de la entrega de la respuesta al petitorio entregado el 17 de julio, al cual el ministro Peñailillo se impuso un plazo de 60 días que debería cumplirse en las próximas semanas.