Fuertes repercusiones provocaron nuestras palabras sobre los hechos de violencia que afectan a los agricultores de nuestra Región. A través de una declaración pública estimamos que las cifras de pérdidas bordean, al menos, los 9 mil millones de pesos, en un período comprendido entre 1999 y el primer semestre de este año, según los hechos denunciados en Fiscalía Regional y que sistemáticamente analiza la Multigremial de La Araucanía.

Sin embargo, no queremos quedarnos en las cifras, queremos instar a nuestros poderes del Estado a ejercer su autoridad.

Hemos sido testigos de los terribles hechos acontecidos, como el perpetrado en el Centro Regional de Investigaciones Carillanca, del Inia, pasada la medianoche del 12 de agosto, donde se atenta contra la investigación y las nuevas tecnologías productivas, que irán en directo beneficio, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina; y frente al cual la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco declaró su más amplio y enérgico repudio y manifestó a la opinión pública que ha quedado en evidencia que todas las instituciones públicas relacionadas con la mantención del Estado de Derecho están fracasando en el cumplimiento de sus obligaciones.

No es posible comprender que, a plena luz de día, 50 encapuchados hayan atacado con armas de fuego largas, cortas y corto punzantes a una familia que gozaba de protección policial las 24 horas del día, sin que se haya registrado ni un solo detenido, como ocurrió el domingo 17 de agosto en Pidima.

Desgraciadamente debemos recordar que en estas situaciones de violencia se ha llegado, en distintas circunstancias, a la pérdida de vidas humanas.

Hemos repetido que ninguna muerte se puede justificar, y que las lamentamos todas, pero cuando hoy observamos que las policías son sobrepasadas, y en ataques a plena luz del día, no hay ni un solo detenido, vemos con preocupación que este sistema de protección está fallando, y no está dando los resultados esperados.

No queremos ver que aumentan las víctimas fatales, la violencia, ni la inseguridad en nuestra Región, exigimos de parte de las autoridades, el cumplimiento cabal de sus responsabilidades, ejerciendo su autoridad en plenitud.

Por fin el Ministerio de Obras Públicas ha tomado cartas en el drama que viven los vecinos de la flamante pero complicada avenida Recabarren, originado, a juicio de los pobladores, en un diseño complejo y una señalización por ahora incompleta y, lo que es peor, confusa. Todo lo anterior ha dado pie a múltiples choques, algunos de ellos de proporciones, muchos otros inadvertidos para la opinión pública, hasta concluir con la muerte de una persona. Tras ese hecho, otros se han sucedido.

Hasta ahora se observó bastante inacción por parte de las autoridades pertinentes, habida consideración de los reiterados y frecuentes reclamos de los vecinos, tanto por parte de los automovilistas como los peatones, en lo referido a cruzar la avenida o bajar a las caleteras.

El seremi de Obras Públicas ha comprometido el que a partir de la próxima semana esté operando la restricción de velocidad para hacer evitables muchos de los accidentes, dando tiempo para la reacción. Por otra parte, se contará con una treintena de lomos de toro en lugares estratégicos y de mayor concurrencia de peatones en ambas caleteras, como colegios, jardines infantiles y otros.

Está claramente demostrado que la responsabilidad de los conductores -no todos, afortunadamente- es en absoluto insuficiente para brindar un mínimo de seguridad a otros móviles o personas, de tal forma que se debe continuar con estas medidas restrictivas con las cuales se está llenando la capital regional. Muestra palpable, por demás, del mal comportamiento ciudadano.

Pasos de cebra, algunas pasarelas y una adecuada sincronización de los semáforos y señalizaciones deberían completar un panorama más tranquilizador para los pobladores de todas las villas y poblaciones aledañas.

Será fundamental, eso sí, una fiscalización potente por parte de Carabineros en el cumplimiento de estas disposiciones. La presencia policial, al parecer, es lo único que inhibe a los conductores irresponsables de ejecutar acciones peligrosas y circular a velocidades excesivas.