Los indicadores económicos recientes revelan una caída significativa del crecimiento, de la inversión, de los ingresos por ventas, incrementos en los costos de combustibles, energía y materias primas importadas a causa del alto precio del dólar, todo ello en un ambiente de incertidumbre generado a raíz de reformas estructurales del sistema tributario y anuncios de reformas laborales, lo que se traduce en efectos directos para la pyme regional, que deberá ajustar sus costos dado los bajos márgenes de utilidad con que estas empresas operan, en un ambiente de alta competencia.

También las familias han comenzado a reducir sus compras de bienes y servicios prescindibles y empiezan a notar las fuertes alzas de precios de bienes de consumos en los supermercados, que menguan su presupuesto y adoptan precauciones ante la incertidumbre de una futura recesión que amenace sus fuentes laborales, que en ocasiones nunca llega.

Lamentablemente las proyecciones crecimiento económico no son auspiciosas para lo que resta de 2014 y que se estima en un 2% y para 2015 en promedio de un 3%, aun cuando los efectos de la creciente desaceleración aún no se conocen en los resultados de las empresa al 31 de diciembre de 2014, cuyo rezago también trascenderá al año 2015.

Frente a este panorama económico, la recomendación para la gente es que busque lugares donde los precios son más convenientes, como las ferias libres para frutas y verduras, y que se abstenga de contraer nuevas deudas para bienes prescindibles.

A los directivos de la pyme regional, que estén atentos observando la evolución de la economía con visión estratégica de largo plazo, trasmitiendo confianza a sus subordinados y al mercado, tomando decisiones oportunas para incrementar sus ventas, optimizar sus costos, evitando reducciones de personal capacitado, ya que éste constituye el mayor capital para la búsqueda de soluciones creativas y viabilizar la empresa.

académico Facultad de Ciencias

Ayer la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la 'Ley Emilia', iniciativa legal que endurece las penas contra quienes manejen en estado de ebriedad y provoquen accidentes con resultado de muerte, aumentando el nivel máximo de la pena en el caso de que se ocasionen lesiones graves o gravísimas o la muerte, llegando a sanciones de entre 3 años y 1 día a 10 años. Había dudas de que el cuerpo legal viese la luz antes del inicio de las Fiestas Patrias, celebración de varios días que ha concluido hasta con 40 personas fallecidas.

Este hecho ha provocado la aceptación unánime de todos los estamentos vinculados al tema y de los más diversos sectores políticos; en lo específico la oposición ha pedido que se reactive la Ley de Tolerancia Cero, implementada en el gobierno anterior, pero sin mayor efectividad ante la falta de control en calles y carreteras.

En cuanto a la denominada Ley Emilia, que lleva el nombre de una pequeñita que murió debido a la irresponsabilidad criminal de un conductor, establece también un aumento de la pena cuando el conductor huya del sitio del suceso sin prestar asistencia, de reincidencia o en el caso de un conductor profesional, circunstancias que fijarán un rango de presidio de entre 5 años y 1 día a 10 años.

Las herramientas legales están, en consecuencia, en manos de los tribunales y en claro conocimiento de los potenciales infractores.

Es de esperar que estas duras sanciones hagan reaccionar, al menos, a un porcentaje importante de quienes conducen tras haber bebido alcohol, elemento decisivo en los orígenes de muchos de los accidentes que terminan con resultado de personas gravemente heridas o fallecidas.

Últimamente, incluso en casos muy connotados, conductores culpables de muertes huyeron del lugar para evitar el trámite de la alcoholemia, conducta transformada ya en costumbre, debiendo incluso la Corte Suprema enmendar la plana a tribunales menores que no consideraron la fuga como una agravante en los hechos.

Esto es, sin duda, un avance.