El pago de obras que no han sido ejecutadas, sueldos e imposiciones impagas a los trabajadores y un llamado a licitación para encubrir eventuales irregularidades en la ejecución de obras viales durante la anterior administración, forman parte de la denuncia que el diputado PRSD Fernando Meza efectuó hace un año a la Fiscalía y que ayer ratificó a través de una denuncia presentada al fiscal especial de Delitos Funcionarios, Luis Arroyo, donde pide investigar el patrimonio de inspectores fiscales del MOP.
Entre las irregularidades -apuntó el parlamentario- figura por ejemplo el pago del 100% por obras que nunca se ejecutaron.
'Este requerimiento nos parece clave, ya que existen responsabilidades por parte de quienes son los encargados de velar para que las obras que el Estado realice estén bien ejecutadas y a su vez que el patrimonio de todos los chilenos sea bien utilizado', aclaró Meza.
Según lo expresado por el parlamentario, 'hace más de un año que presentamos formalmente al Ministerio Público esta denuncia, sin embargo, creemos que el proceso investigativo no ha avanzado lo suficientemente rápido como se hubiera querido, por lo que solicitamos además al fiscal nacional, Sabas Chahuán, que destine a la brevedad personal de apoyo para esta unidad a cargo de la investigación'.
Estas irregularidades -informó Meza- ocurrieron durante el periodo de Pablo Vera como director regional de Vialidad.
'Por ello solicito a la Fiscalía que inmediatamente solicite a la seremi de Obras Públicas los patrimonios actualizados de todos los inspectores fiscales, pues son ellos los que autorizaron el doble pago y el exceso de pago en ese periodo en el MOP de La Araucanía', dijo.
El detalle de los hechos se inicia con la obra 'Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Loncoche', que consistía en la ejecución de dos puentes y la reparación de varios caminos del plan Desarrollo Indígena, a cargo de la empresa Constructiva Ltda. por 205.196.840 pesos. El documento sostiene que 'a la fecha se han cursado y pagado estados de pago por el 99,66% de las obras, con fecha 6 de febrero de 2013, firmado por el director regional de Vialidad, Pablo Vera. Esta obra no se encuentra ejecutada'.
Con fecha agosto de 2013 -denunció el diputado- está en proceso de adjudicación una nueva licitación 'considerando los mismos caminos y puentes del contrato anterior con el único fin de ocultar la no ejecución de los trabajos antes denunciados'.
El segundo hecho denunciado por el parlamentario corresponde al tramo del camino Traiguén-Galvarino, ejecutado por la empresa Remavesa, por 1.273.872.463 pesos.
Esta obra tiene como fecha de inicio el 22 de octubre de 2011, con un plazo de ejecución de 270 días corridos, es decir, finalizaba en julio del 2013, contemplando un mejoramiento de carpeta de rodado a través de un pavimento de doble tratamiento asfáltico, 'cuestión que en la práctica nunca se ejecutó, en la realidad lo que se hizo fue una lechada o riego asfáltico, solución de un bajísimo costo y pésima calidad, en la actualidad este camino se encuentra totalmente destruido'.
'La Dirección de Vialidad, nuevamente, transcurrido 13 meses de una obra de gran envergadura y de un multimillonario costo, vuelve a llamar a licitación la construcción del mismo camino mal ejecutado', dice el documento.
Otra irregularidad denunciada es la obra 'Conservación Camino Lautaro Los Prados'. En este caso -según el documento presentado por Meza- 'un llamado a licitación pública para primera categoría, en forma sorprendente bajan el presupuesto oficial y se envía por parte del servicio una aclaratoria donde permite participar a empresas de segunda categoría, lo que significa que en la práctica una empresa de la Región se habría concertado con el director regional para realizar el cambio de la categoría y así permitir de manera irregular que esta pudiera participar y adjudicarse el contrato'.
El caso de la Empresa CIAL Ltda. -la misma que construye Avenida Recabarren- es emblemático por el monto: 7.054.136.158 pesos. En este caso la obra corresponde al 'Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios sector Huamaqui', con fecha de inicio el 16 de mayo de 2012.
El escrito presentado por Meza señala que 'el presente Contrato fue auditado por personal del nivel central del departamento de Mantenimiento de la Dirección de Vialidad, lo que determinó que el inspector fiscal pagó irregularmente obras periódicas contempladas según programa de trabajo para el tercer año de ejecución. Lo anterior de manera inexplicable fue pagado en el primer año de cumplimiento. Esto significa que la empresa no realizó obras a su costo, que es la finalidad de este tipo de contratos, atentando gravemente contra el principio de igualdad de los oferentes'.
El ex director regional de Vialidad, Pablo Vera -aludido por el diputado Meza- descartó estar involucrado en estos hechos dado que el periodo en que ejerció el cargo fue desde octubre de 2012 a marzo de 2014.
Respecto del caso de Loncoche, donde es mencionado de forma específica, sostuvo que 'el diputado cae en un error, le informaron mal, pues ese proyecto no fue en mi administración, yo no firmé ningún estado de pago de la empresa Constructiva pues cuando llegó ese proyecto ya había estado en ejecución y terminado meses antes'.
Vera aseveró que 'me gustaría que esta investigación se ampliara hacia atrás, pues fue la administración anterior donde se instauró que los aumentos debían ser costo cero en el sentido de que podían tratarse de otros ítems'.
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