Por si fueran pocos los problemas en que se ha sumido la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas por los problemas derivados de la ampliación de la avenida Recabarren en Temuco, la semana pasada se agregó un nuevo capítulo, esta vez con la denuncia de que la nueva ruta asfaltada entre Purén y Lumaco, entregada hace pocos meses para el uso público, ya presenta 22 fallas, según un informe preparado en invierno de este año por el laboratorio nacional de Vialidad. Para complicar aún más el panorama, distintos actores han advertido que el actual director regional de Vialidad, que hasta el año pasado era inspector fiscal y que como tal visó el 87 por ciento de los polémicos trabajos en esta citada vía, removió a quien le sucedió en el puesto, y que fue quien justamente había pedido el pronunciamiento al laboratorio nacional por las fallas detectadas en la vía. La remoción decretada por el director regional de Vialidad se produjo el 5 de septiembre de este año, cuatro días después de que hubiese llegado desde Santiago el informe oficial que confirmó los problemas en la ruta, y que van desde baches hasta parches sobre grietas y derrumbes.

A pesar de los antecedentes expuestos por el informe, de la denuncia formulada por el alcalde de Purén y de las acusaciones de la asociación gremial de los funcionarios de Obras Públicas, en cuanto a que el inspector fiscal que solicitó el informe ha sufrido de una persecución, no se ha visualizado hasta ahora alguna explicación suficiente desde la cartera que dé cuenta de lo sucedido y que se haga cargo de los problemas. Lo único que ha habido es una defensa del director regional de Vialidad que apunta a la comunidad desde la cual emanaron los primeros reclamos por la calidad de la vía, al inspector fiscal removido por él mismo, y al gobierno anterior.

Lo que necesita la opinión pública es un pronunciamiento claro de parte del Ministerio de Obras Públicas acerca del estado de la vía y su reparación; y sobre la determinación de las responsabilidades funcionarias para una obra que le costó casi 6 mil millones de pesos al Estado de Chile.

El Salón de Honor del Congreso Nacional fue el lugar escogido para la presentación del Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

La legitimidad de este informe está dada por el diálogo establecido en las 15 regiones del país, contando con la participación de amplios sectores de la vida nacional, tanto del mundo público, la sociedad civil, el sector privado, los académicos, gremios laborales, profesionales y empresariales.

La propuesta cuenta con cinco ejes de acción: descentralización política; descentralización administrativa; descentralización fiscal económica; fortalecimiento de capacidades locales y regionales; y participación ciudadana y control democrático.

Para materializar este planteamiento, la comisión propuso diez medidas esenciales. Tal como lo indican, la primera es la definición del Estado de Chile como Estado Descentralizado, que requiere de una modificación constitucional; la segunda es la elección de las autoridades regionales; y el traspaso de competencias, servicios y programas a cuatro nuevas direcciones de carácter regional, corresponde a la tercera.

Además, también se propone la creación de un sistema de áreas metropolitanas, en cuarto lugar. La generación de una nueva Ley de Rentas Regionales y fortalecimiento de Ley de Rentas Municipales, para ir nivelando al 35%, es la quinta medida; el Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional destinado a las Zonas Rezagadas es la sexta medida, y buscar una mayor equidad territorial.

Por otra parte, también se plantea la importancia de establecer Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano, destinados a generar talentos calificados para la región, en séptimo lugar; y en coherencia con ello, se propone Fortalecer la Institucionalidad Pública Regional, como octava medida.

Finalmente, otro de los aspectos que la comisión declara esencial es la democracia local y regional, en su novena propuesta esencial; y el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a través de plebiscitos, referéndum, de nivel local o regional, cierra como la décima medida.

Es relevante para el país que se busque modernizar el sistema municipal y a los gobiernos regionales. El objetivo que buscamos es que de ser organismos meramente administrativos, sean verdaderos gobiernos locales y regionales. Para ello se cuenta con una estructura en base a cuatro principios fundamentales: modernización, equidad, autonomía y rendición de cuentas.