Setenta años de dinamismo y de servicio a la educación chilena celebró el Colegio De La Salle de Temuco. En la oportunidad, grupos de ex alumnos celebraron y recordaron con diversos actos la fecha de su apertura. También se realizó una misa en la capilla y un almuerzo. Las celebraciones de este aniversario se iniciaron en el mes de marzo.
Las aguas nacen en los cuerpos hídricos, las personas las utilizan y producen aguas residuales cloacales (alcantarillado), las cuales deben ser tratadas antes de devolverse a los cauces receptores hídricos, completando, de esta manera, el ciclo del agua. En las zonas urbanas del país, el saneamiento es total (99,9%), no así en las zonas rurales. A nivel nacional, el tratamiento se estima en algo más de un 10%, y en la Región de La Araucanía ese valor sería incluso menor.
La nueva ley que regulará los servicios sanitarios rurales se encuentra en el Parlamento desde al año 2008 y todo indica que podría concretarse en el corto plazo, favoreciendo el desarrollo sanitario rural, particularmente en esta materia. Este proyecto tiene como objetivo regular los servicios sanitarios en áreas rurales prestados por cooperativas y comités y en casos muy fundados por otras personas. El proyecto actualmente está detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a ser realizadas por el Ejecutivo, a fin de que sean consideradas durante la discusión en la Cámara de Diputados.
Es muy importante que exista una institucionalidad para el sector rural, toda vez que actualmente se instalan plantas de tratamiento de aguas servidas en localidades e incluso pequeñas poblaciones, de tecnologías sofisticadas y costos de operación elevados que pronto quedan en desuso por falta de recursos humanos y materiales; mediante diversas vías de financiamiento. Tampoco es razonable que las municipalidades tengan que operar plantas de tratamiento de aguas servidas, para lo cual evidentemente no tienen expertise.
Surgen las siguientes preguntas: ¿Las instituciones se encuentran preparadas para ello?, ¿se abrirá el sistema a nuevos actores?, ¿cómo/cuánto se invertirá en infraestructura?, ¿se privilegiarán tecnologías más baratas, simples y sustentables en el largo plazo que sean apropiadas para pequeñas poblaciones? La infraestructura en sí no asegura agua tratada de calidad. ¿Cómo/cuánto se invertirá en formación de capital humano para operar dicha infraestructura? ¿Subirán las tarifas?, ¿se incrementarán los subsidios al agua potable y alcantarillado rural? Más de dos millones de chilenos y habitantes de diversas zonas rurales esperan respuestas a estas interrogantes.
Christian Antileo, Director del Centro
Resulta paradojal que el Estado, que es quien a través de sus distintas reparticiones gubernamentales tiene por mandato cautelar los derechos laborales, se haya convertido en los últimos años en uno de los peores empleadores del país, al concentrar una gran proporción de trabajadores a honorarios o bien a contrata y que, por lo tanto, carecen de las prestaciones de las leyes sociales, los primeros, y de la antigüedad, los segundos, que en muchos casos se pide como requisito, por ejemplo, para acceder a los servicios que otorga el sistema financiero. De acuerdo a las cifras proporcionadas por los propios municipios y organismos de Gobierno, en La Araucanía hay en la actualidad ocho mil 500 empleados a honorarios, muchos de los cuales prácticamente llevan ya 20 años bajo la misma modalidad, es decir, sin acceso al sistema de salud o a una AFP, dilapidando así el fondo de pensiones necesario para el momento de la jubilación.
Aunque los gobiernos de turno y parlamentarios han manifestado tener plena conciencia de esta materia, los años han seguido transcurriendo sin cambios visibles, llegándose a límites inauditos, por ejemplo, de municipios en que el 80 por ciento de la fuerza laboral corresponde a funcionarios a honorarios y sólo el 20 por ciento a los de planta. El efecto de esto es la generación de dos tipos de trabajadores, los de primera y los de segunda clase, en ambientes en los que el sector público debería precisamente constituir un ejemplo para un sector privado en el que muchas veces el discurso político centra su atención y su exigencia.
Por cierto que para regularizar la situación de los funcionarios a honorarios convergen varios problemas que han de salvarse, como el de limpiar aquella imagen del Estado como un 'botín' de donde se puede sacar provecho para pagar favores políticos, primero, y el de adecuar las plantas a las necesidades de una gestión pública que tiene que responder a los nuevos requerimientos de la sociedad. Como sea, es un deber de quienes administran el Estado atender a esta realidad y darle a quienes trabajan para él las mismas condiciones de dignidad y estabilidd que rigen para todos.