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Una demanda de indemnización de perjuicios presentó Carmen Roa Vallete y sus cuatro hijos en contra del Estado de Chile por el crimen de su marido, Héctor Gallardo Aillapan (44), quien fue asesinado el 1 de septiembre de 2012 en Ercilla.
El escrito presentado ayer en la Corte de Apelaciones de Temuco, busca que se condene al Estado al pago de 650 millones de pesos por concepto de daño moral, lucro cesante y daño emergente.
"Los fundamentos tienen que ver con la responsabilidad del Estado en los hechos que concluyeron con la muerte del parcelero Gallardo, cónyuge de la demandante, que fue una noche terrible en donde quedó en evidencia el descontrol que existía en la zona de Pidima y que ha afectado a todos los parceleros", explicó el abogado demandante, Gaspar Calderón.
CONDENA
Hay que consignar que el 12 de diciembre del año 2013, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, condenó por el delito de robo con homicidio y sentenció a penas de hasta 10 años de cárcel a Leonardo Quijón Pereira, Luis Marileo Quiraqueo y Cristián Valenzuela Montoya, quienes fueron trasladados desde la Cárcel de Temuco al Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Angol, tras protagonizar una huelga de hambre.
La viuda de Gallardo Aillapan, Carmen Roa, sostuvo que la demanda se efectúa a falta de justicia y por los perjuicios que han sufrido, producto de la ausencia del padre de familia asesinado.
"Sentimos que el Estado es responsable de la seguridad de nosotros, no tan solo ahora, sino que debería haberse preocupado de la seguridad de mi esposo también", comentó la viuda.
El texto legal precisa que los daños y perjuicios se producen dentro del marco de actos violentistas o terroristas asentados de tal manera que incluso permiten denominar al sector afectado como la 'zona roja' identificada con el también denominado "conflicto mapuche".
El abogado Calderón advirtió que la falta de seguridad por parte del Estado ha sido determinante en la decisión de muchos parceleros de abandonar la zona de Pidima "los que han sido sacados del lugar vía incendio, vía pillaje, vía homicidio".
Respecto del caso de Carmen Roa, el letrado explicó que existen situaciones agravantes en las que se refleja el abandono del Estado. La primera es el homicidio de su marido en el marco de un asalto a las parcelas (1 de septiembre de 2012). La segunda, es el ataque incendiario que acabó con su casa el 8 de agosto de 2013. La tercera, es el envío de los comuneros al CET de Angol "sin cumplir en nuestro concepto con los requisitos".
"Esto fue a vista y paciencia de la ciudadanía que observó cómo una huelga de hambre de delincuentes que están en prisión, logró que dos Gobiernos los trasladaran a un lugar que tiene las características de apertura casi de un centro vacacional, lo que no corresponde dada la gravedad del delito cometido y dado que es una muestra evidente que el Gobierno por ancho o por manga, antes o después, termina favoreciendo la impunidad", enfatizó el abogado.
Heridas abiertas
Fueron 24 años de matrimonio los que acabaron el 1 de septiembre de 2014, una fecha que nunca olvidará Carmen Roa. Ese día, su marido veía la televisión cuando escuchó ladrar a los perros. Salió a mirar y vio que en la casa vecina, donde vivía su cuñado y su esposa, un grupo de encapuchados los tenía retenidos. Fue en su defensa y recibió los disparos que le causaron la muerte.
Desde esa fecha, Carmen ha tenido que lidiar junto a sus cuatro hijos. De dueña de casa pasó a agricultora, oficio que aprendió de su marido. Sus dos hijos pequeños, de 15 y 5 años de edad, al igual que los mayores Daniel y Arnoldo Gallardo, hoy estudiantes universitarios, no ha superado la ausencia del padre.
"Mi madre sigue muy afectada, mi padre era el sustento de la familia", dijo Daniel Gallardo, de 24 años, egresado de ingeniería e hijo mayor del matrimonio, junto con agregar que "todavía se siente la impunidad ya que si uno llega a hacer algo por sus propias manos, caería todo el peso de la ley, acá no existe la igualdad", aseveró.
Tras la presentación, la Corte de Apelaciones notificará de la demanda al Consejo de Defensa del Estado para luego, iniciar los trámites y resolver en un Juzgado Civil.
Cabe precisar que se trata la cuarta demanda que presenta Calderón en los últimos 12 meses en contra del Estado de Chile, por casos que en enmarcan en el denominado conflicto mapuche.
El pasado 27 de marzo de 2013, el agricultor Edgardo Fonseca demandó al Estado por $471 millones tras sufrir un atentado incendiario a un galpón con maquinaria y herramientas en el fundo Santa Gisela en Freire. El segundo caso, fue presentado el 6 de noviembre de este año por la familia Seco-Fourcade, víctima de un ataque incendiario, la que demandó $652 millones al Fisco. Por último, el agricultor Paul Levy solicitó a trámite una demanda por $362 millones por el robo de 7 caballos corraleros en Traiguén (ver recuadro).