La Fiscalía solicitó ayer al juez que archive la causa respecto de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

No obstante, el fiscal Pedro Horrach solicita al magistrado José Castro, que investiga el denominado "caso Nóos", que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros (US$ 725 mil).

En la misma causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para él una condena de 19 años y seis meses de prisión y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.

El caso Nóos investiga a una fundación sin fines de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros (unos USS$ 7,5 millones) de fondos públicos entre 2004 y 2007.

La casa real española expresó ayer su "absoluto respeto" a la petición de exculpación a la infanta Cristina. Fuentes de la monarquía destacaron en la ciudad mexicana de Veracruz, donde el rey Felipe VI se estrenó como monarca en la Cumbre Iberoamericana, la "independencia del poder judicial". "Absoluto respeto", dijeron. "Como siempre".

Un informe de más de 500 páginas cuya elaboración demoró más de cinco años y requirió del análisis de miles de cables de inteligencia, fue revelado ayer por el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., en el que asegura que los interrogatorios realizados por la CIA durante la administración de Bush a sospechosos de terrorismo fueron "brutales y mucho peores" de lo que habían admitido inicialmente los agentes.

El reporte abreviado de 525 páginas fue publicado en medio de una gran expectación y ante el temor de que su divulgación pueda provocar protestas violentas en todo el mundo.

El reporte sugiere que los métodos empleados para los interrogatorios después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 equivalen a la tortura, y señala que con ellos no se consiguieron informaciones relevantes. Afirma, además, que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) engañó al Gobierno, al Congreso y a la opinión pública sobre el éxito del programa de interrogatorios.

"Los interrogatorios a detenidos de la CIA fueron brutales y mucho peores de lo que la CIA presentó a los legisladores y otros", dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité, quien señaló que no hay duda de que "los detenidos por la CIA fueron torturados".

El informe precisa algunos de los métodos utilizados por la CIA en los interrogatorios en cárceles secretas en Europa y Asia: waterboarding o ahogamiento simulado, privación de sueño durante una semana, rehidratación rectal o alimentación rectal, baños helados y amenazas de muerte.

"El uso de la CIA de técnicas de interrogatorio mejoradas no fue un método efectivo de adquirir inteligencia o ganar la cooperación de los detenidos", señala el informe del Comité, quien añade que su uso dañó la imagen de EE.UU. en el mundo.

La administración Obama y los republicanos se encuentran divididos sobre la necesidad de hacer público el informe. Los senadores republicanos Marco Rubio y Jim Risch criticaron con dureza el documento, que calificaron de parcial y defectuoso.

Los legisladores explicaron que votaron en contra de que se hiciera público porque "su difusión puede poner las vidas de estadounidenses en riesgo, ser usado para contribuir a la propaganda contra EE.UU. por sus enemigos y dañará la política exterior estadounidense".

El Presidente estadounidense, Barack Obama, calificó de "alarmante" el programa de interrogatorios de sospechosos de terrorismo que llevó a cabo la CIA tras los atentados terroristas del 11-S y prometió hacer lo posible para que no se repita. "Refuerza mi opinión de que estos duros métodos no sólo fueron incompatibles con nuestros valores como nación, sino que no sirvieron a nuestros esfuerzos contra el terrorismo o a nuestros intereses de seguridad nacional", afirmó el Presidente.

El Vaticano reabrió ayer una consulta mundial en la Iglesia Católica sobre la forma de tratar a los divorciados y a los homosexuales, como parte de sus esfuerzos para adaptar sus posiciones a la forma de vida de las familias modernas.

Líderes católicos de todo el mundo, que en octubre debatieron sobre la cuestión en un sínodo en el Vaticano, deberán consultar ampliamente a sus comunidades antes de reunirse de nuevo en diez meses.

El Vaticano les entregó para ello un cuestionario de 46 preguntas para medir su sensibilidad frente a cuestiones como aceptar a las parejas que viven juntos sin estar casados o relajar la prohibición de comulgar a los divorciados que volvieron a casarse.

En cuanto a los homosexuales, el documento del Vaticano señala: "Evitando cualquier discriminación injusta, ¿cómo podemos cuidar de la gente en esas situaciones, a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cumplir las demandas de la voluntad de Dios en su situación?".

el sínodo

Una primera ronda de consultas realizada este año en preparación del sínodo de octubre reveló que una mayoría de católicos no entendía o seguía las enseñanzas eclesiásticas sobre la ética sexual o del matrimonio.

El Vaticano pidió ayer a los obispos que informen sobre los resultados de la consulta antes del 15 de abril de 2015, para elaborar un documento de trabajo a partir de los datos recopilados que debería publicarse antes del verano (boreal).

Se espera que el segundo sínodo del Vaticano se celebre entre el 4 y el 25 de octubre y que allí los obispos formulen recomendaciones de reforma al Papa Francisco, que tendrá la última palabra en cualquier posible cambio.

Aunque no se espera que cambie principios fundamentales de la Iglesia, el Papa ha señalizado su deseo de abrirla a quienes considera pecadores. El año pasado, dijo de los homosexuales: "Si una persona es gay y busca a dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?".