El INDH recomienda que se garantice la expropiación eficaz de tierras
informe anual 2014. Se pide al Ejecutivo diseñar e implementar 'una política integral en la materia'.
El garantizar que la legislación contemple 'entre otros mecanismos las causales de expropiación que permitan la restitución eficaz de esas tierras indígenas, con la correspondiente indemnización a favor de terceros', es una de las conclusiones del 'Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014' del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en materia de Territorios y Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
Dicho informe fue lanzado ayer vía streaming de manera simultánea con Santiago en siete ciudades de Chile y Temuco fue una de ellas.
El evento se realizó desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, en donde luego del lanzamiento del informe hubo un foro panel 'Pueblos Indígenas y Derecho al Territorio, una perspectiva regional'.
RECOMENDACIONES
En materia de 'Territorios y Derechos Humanos' de los pueblos indígenas, el INDH recomienda al Poder Ejecutivo 'diseñar e implementar, con los recursos adecuados, una política integral en materia de tierras'.
Según el instituto y de acuerdo al derecho internacional es necesario que 'se reconozcan, protejan y garanticen efectivamente los derechos a la tierras y al territorio de dichos pueblos, incluidos aquellos de carácter ancestral'.
En esta misma línea, se recomienda además 'la construcción de un catastro actualizado que delimite las tierras y territorios indígenas', mediante un diálogo político amplio que sea conducido por el Poder Ejecutivo.
Para el avance de la restitución de tierras y los territorios se recomienda 'diseñar mecanismos idóneos, pertinentes culturalmente y ajustados a la normativa internacional'.
Ahora bien, en el caso que dichas tierras estén inscritas a nombre de particulares, 'el INDH recomienda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que dicha legislación contemple, entre otros mecanismos, las causales de expropiación que permitan la restitución eficaz de esas tierras indígenas, con la correspondiente indemnización a favor de terceros'.
En el caso que las tierras estén en manos del fisco, lo que recomienda el INDH es 'el expreso reconocimiento de la propiedad indígena determinando modos y plazos para su delimitación e inscripción a nombre de sus titulares indígenas, estableciendo garantías judiciales efectivas para su restitución, delimitación e inscripción e incluyendo causales de responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento'.
El INDH también recomendó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo revisen 'la coherencia entre la normativa sobre el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas (Decreto Supremo 66 y Decreto Supremo 40) y los estándares internacionales, con la participación y consulta de los pueblos indígenas'.
Este ítem de Territorios y Derechos Humanos culmina con las recomendaciones a un medio ambiente libre de contaminación.
LEY INDÍGENA
En la oportunidad, Federico Aguirre, el abogado de la Unidad de Estudios del INDH, acotó que 'desde los cuatro años que llevamos elaborando este informe anual, la principal dificultad que vemos con la Ley Indígena y los Derechos Humanos es que el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de construir un nuevo tipo de relación con los pueblos indígenas'.
Añadió que el INDH analizó el conflicto en La Araucanía y es 'evidente que su actual estado se debe a la deteriorada convivencia entre el Estado y el pueblo mapuche. Esto es una situación grave que se debe encarar con responsabilidad política'.
Asimismo, Aguirre hizo hincapié que en la base del conflicto 'está la política de tierras y en este punto advertimos un desconocimiento institucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho'.
Por lo mismo, el abogado cree que urge el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en donde se garantice su autodeterminación.
Uno de los aspectos que salió a relucir durante el foro es la colisión que se produce entre el derecho ancestral de un pueblo indígena a las tierras versus el derecho país de los recursos naturales que existen en un determinado territorio.
En este punto, tanto el werkén de la comunidad de Karilafquén, Pablo Huaiquilao, como Hernando Silva, investigador del Observatorio Ciudadano, coincidieron en que se debe priorizar el derecho ancestral de un pueblo indígena.
'Frente a un derecho impuesto ante una lógica capitalista, nosotros creemos que tenemos un derecho primario, el cual tiene que ver con la vida de las personas', explicó el werkén Pablo Huaiquilao.
Por su parte, Hernando Silva dijo que 'frente a esta colisión yo creo que siempre debiera operar el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, ya que son en esencia derechos humanos'.
'La principal dificultad que vemos es que el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de construir un nuevo tipo de relación con los pueblos indígenas'.
'Creo que siempre debiera operar el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas, ya que son en esencia derechos humanos'.