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En la última semana, enfrentamientos entre agricultores, mapuches y la policía, camiones y maquinaria quemada, tomas de predios y el asalto a mano armada a un empresario marcaron los hitos de violencia en la Región y reaparecieron los fantasmas del conflicto que habían desaparecido de la agenda tras la conmemoración de la muerte del comunero Matías Catrileo, a principios de enero.
Para hoy, el Consorcio Agrícola del Sur (CAS) -integrado por Asoñuble, Socabío, Sofo, Saval, Sago y Agrollanquihue- y la Multigremial de La Araucanía, se reunirá en Temuco para analizar el recrudecimiento de la violencia rural, que si bien concentra su fuerte en la Región, preocupa a toda la zona sur del país.
Es así como lo manifestó el gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago) José Antonio Alcázar, organismo que participa de la Multigremial del Sur, la que agrupa a los gremios productivos de la Región de Los Lagos y Los Ríos.
"La preocupación nuestra radica en la falta de acción por parte de la autoridad a objeto de poder mantener y hacer respetar el Estado de Derecho, esa es la principal preocupación", indicó Alcázar.
En concepto del dirigente gremial, el problema ya es zona sur. "No con la magnitud ni intensidad de La Araucanía pero el problema persiste acá. Hay que dar solución, son problemas que existen y hay que enfrentarlos. Lo que se ha hecho por mucho tiempo, particularmente en algunas zonas del país, es tratar de esconder este problema bajo la alfombra y yo creo que ha sido una pésima estrategia", afirmó.
La reunión entre los líderes empresariales agrícolas y ganadores se realizará este mediodía en el recinto Sofo de Temuco.
Conflicto
Como una provocación catalogó el werkén del territorio Trapilhue de Padre Las Casas, Javier Melimán, la organización que ha adoptado un grupo de agricultores para proteger por sus propios medios los campos una vez que son ocupados por comunidades mapuches.
"Hoy día nosotros planteamos el retiro inmediato de todos los particulares. Lo que hizo el gremio de agricultores yo creo que fue una mala señal, eso produce más resistencia hacia las comunidades. Hoy día se va a producir un levantamiento mapuche en la zona, pedimos a los particulares que se retiren", enfatizó el líder mapuche.
Las seis comunidades que componen el sector Trapilhue demandan 5.000 hectáreas de terreno entre ellos el Fundo Huichahue y La Selva (propiedad de la familia Becker). El primero, fue escenario de una serie de incidentes entre mapuches y Carabineros el pasado lunes. El werkén comunicó que Conadi no será un intermediario válido para negociar los predios.
Ante los anuncios, la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, demostró su rechazo e invitó a favorecer la vía del diálogo. "Yo creo que la forma es hablar con la autoridades, conversar el tema y no enfrentamientos y más violencia en la Región", aseveró Tepper.
Respecto de la organización de los agricultores, la representante de los ocho gremios productivos locales señaló que "los agricultores tienen todo el derecho a organizarse si ellos se sienten que en un momento dado no se les está defendiendo, que el Estado no está defendiendo el derecho básico que ellos tienen a estar tranquilos y producir con tranquilidad en sus predios".
En tanto ayer se registró otro confuso incidente que terminó la toma del Fundo Toquihue, propiedad del agricultor Juan Enrique Kind Monstard, el que había sido ocupado por 35 familias de la comunidad José Loncoli desde la mañana de ayer en la comuna de Carahue.
Según trascendió, un grupo de agricultores concurría a desocupar el campo lo que obligó la huida de los comuneros, no sin antes enfrentarse con el propietario. En el lugar se habrían escuchado disparos y Carabineros llegó terminado el incidente y no intervino por no solicitarse el desalojo.
"Claramente lo que aquí se pudo observar es que fue una detención al boleo. Justamente detuvieron a las personas mayores que tenían menos capacidad de defenderse y básicamente mujeres -sólo dos hombres- y es por eso, en atribución a que no se pudo acreditar que ellos hayan estado cometiendo ningún tipo de delitos", resaltó la defensora penal pública, Manuela Royo.
Por su parte, el fiscal Raúl Espinoza insistió que "el parte policial indicaba que los detenidos participaron en forma más amplia dentro de un grupo de personas. Finalmente, los comuneros fueron formalizados por el delito de desórdenes públicos y se fijó un plazo de 60 días para la investigación.
