Luego que el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Julio Suazo, declarara que no ve inconveniente en seguir en el cargo de secretario de la Agencia Regional de Desarrollo y asumir en forma paralela como el nuevo Consejero Regional en reemplazo del destituido Daniel Sandoval, surgen nuevos antecedentes que ponen en "jaque" dicha postura y, sobre todo, en el contexto de la crisis nacional que enfrenta la política.
Dentro del staff de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, corporación de derecho privado que funciona con fondos públicos, y que en estos momentos está siendo investigada por irregularidades, tanto por la Contraloría Regional como por el Ministerio Público, está la pareja del dirigente sindical, a quien el año pasado, sin que todavía se titulara de Trabajo Social, se le duplicó su remuneración.
CAMBIO CONTRACTUAL
Ella trabaja en la agencia desde el gobierno de Sebastián Piñera y entonces lo hacía efectuando labores de aseo. Luego comenzó a estudiar Trabajo Social, según consta en el staff de la agencia, información que es pública y que está publicada en su página web.
Siendo estudiante, el año pasado, en el mes de julio, ella dejó de efectuar labores de aseo, cargo por el que percibía alrededor de 500 mil pesos, y pasó a formar parte de la planta de ejecutivos territoriales que prestan apoyo al Plan Operativo Anual (POA), reajustándose su remuneración a un millón de pesos, monto que está en el promedio de los ingresos de dichos ejecutivos.
Ayer, El Austral intentó por todos los medios y formatos de mensajería establecer contacto con los involucrados para efectuar las consultas pertinentes, sin embargo, no fue posible establecer contacto con el dirigente ni con su pareja, quien en su sitio de Facebook consigna que estudió en la Universidad Aconcagua.
SOBRINOS
Fuera del cambio contractual que favoreció a la pareja del dirigente y miembro del directorio de la agencia, cargo que ocupa, precisamente, por ser líder sindical, el año pasado también llegaron a trabajar al mismo lugar un matrimonio de sobrinos de Suazo.
Ella figura en el staff como administrador de empresas prestando apoyo también como ejecutiva territorial, pero su sueldo es de $800 mil.
Su marido, es parte del grupo de funcionarios con enseñanza media que aparecen ganando sueldos entre los 500 mil pesos y 800 mil pesos. En este caso, está contratado por 800 mil pesos y también es ejecutivo territorial.
IRREGULARIDADES
Tampoco fue posible ayer obtener declaraciones al respecto del nuevo gerente de la agencia, el ex seremi de Economía, Robinson López, ya que la institución se encuentra en pleno proceso fiscalizador de Contraloría.
Fue López, una vez asumido (14 de abril) en reemplazo del ex gerente, el abogado Gonzalo Sanhueza, quien el 29 de abril denunció ante el Ministerio Público una serie de irregularidades de carácter administrativo al interior de la corporación.
Si bien, López, desde un comienzo aclaró que a él no le correspondía tipificar la comisión de eventuales delitos, el fiscal que lleva la causa, Roberto Garrido, investiga la eventual comisión de cuatro delitos económicos.
Estos son hurto, estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Consultado el persecutor penal por el avance en la investigación, éste señaló que como en un comienzo López sólo dio cuenta de al menos seis situaciones irregulares, pero sin presentar documentación pertinente, recién esta semana tiene en su poder los antecedentes, tras haber sido citado a declarar Robinson López.
"Lo cité y le tomé la declaración para ver en qué consistían estos hechos y le solicité que me entregara antecedentes documentales y eso se realizó. Ahora tengo que analizarlos y tomar las declaraciones de varias personas. Esta va a ser una investigación extensa, es como si fueran seis investigaciones juntas en un mismo caso", explicó Garrido.
Consultado si la situación contractual de la pareja de Suazo está dentro de las irregularidades denunciadas, el fiscal dijo que no estaba, pero que "como la agencia funciona con recursos públicos, en principio llama la atención por un tema de probidad administrativa y habría que investigar para saber si es o no delito", acotó.