La comunidad de La Araucanía ha comenzado a manifestar su inquietud por la inminente postergación de proyectos de infraestructura hospitalaria comprometidos para el próximo año, debido a la falta de presupuesto.

En Angol, por ejemplo, se han anunciado movilizaciones, y los parlamentarios de toda la Región se han unido en torno a esta preocupación.

Y no son los únicos casos, ya que a lo largo del país se comienza a reaccionar porque no se levantarán los hospitales anunciados por el gobierno. Las promesas se ahogan entre la realidad económica y el dogmatismo. El programa prometía 40 hospitales: 20 durante este gobierno y otros 20 que estarían en proceso de construcción para ser entregados en la próxima gestión. Pero el realismo sin renuncias pasó la cuenta y no tendremos nuevos hospitales durante esta administración, debido a que los recursos fijados en el presupuesto 2016 por Hacienda para salud no alcanzan.

El tema de la inversión pública en Salud causa un descontento político transversal, porque se quiebra la fe pública cuando las promesas no se cumplen.

La crisis en Salud se manifiesta en varios aspectos, como la renuncia colectiva de los médicos de La Serena y las dimisiones de importantes directivos del Ministerio del ramo, y recae, dramáticamente, en las personas que no reciben las atenciones requeridas, con listas de espera, intervenciones que se postergan por meses o años, con problemas que golpean a los usuarios del sistema público. Es cierto que los recursos son limitados, pero es cierto también que dentro de las limitaciones es posible readecuar ingresos existentes, focalizando en las necesidades más urgentes, aquellas que tocan directamente la vida de las personas.

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, ha señalado que "las promesas resultaban bonitas, pero fueron mal hechas". Cree que fue un error grave haber terminado con el sistema de concesiones ya que "no tenemos los recursos para construir hospitales con fondos propios". Los enfermos y personas que sufren no pueden seguir esperando.

Ha habido muchas reacciones con respecto a la decisión que tomó el gobierno de Perú de promulgar la ley que crea el distrito denominado Yarada Los Palos, un acto que claramente se puede entender como una provocación a los intereses soberanos de nuestro país. Ese distrito cubre un territorio que es claramente chileno, que ellos denominan el triángulo terrestre.

Quiero señalar que en el tratado de 1929 y en todos los actos posteriores, se da cuenta fehacientemente que el límite terrestre entre Chile y Perú se fija en el Hito Número Uno, y tal como dijo la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el inicio de la frontera marítima es la intersección del paralelo con el Hito Numero Uno.

En consecuencia, para nosotros no es aceptable que el gobierno Peruano haya promulgado este decreto de ley y no es aceptable que el Congreso peruano lo haya aprobado. Por estos motivos, hemos dicho con toda claridad que vamos a exigir el respeto de nuestros derechos soberanos que tenemos sobre ese territorio.

Estamos convencidos que frente a la actitud del gobierno peruano hay que actuar con firmeza, serenidad y prudencia.

El apoyo del Senado a la labor del gobierno quedó de manifiesto en el proyecto de acuerdo que aprobamos por unanimidad, donde ratificamos la posición del Estado en cuanto a que no existe el denominado "triángulo terrestre" y que la frontera está delimitada por el Hito Número Uno y el punto convenido por ambos países en estricto cumplimiento al fallo de la corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014.

En Bolivia tenemos otro frente de acción en materia internacional. Nos ampara el derecho, nos ampara el tratado de 1904, nos ampara una tradición jurídica de seriedad que ha llevado adelante nuestro país. Ahora que vamos a entrar al fondo del juicio en La Haya, vamos a tener una estrategia política, comunicacional y jurídica mucho más proactiva para defender el interés permanente de Chile.

En esto estamos todos, porque Chile tiene derecho a ejercer soberanía, tiene derecho a realizar el ejercicio de las Fuerzas Armadas que se denomina Huracán, porque lo hemos hecho desde 1998, siempre avisando anticipadamente a Unasur. Nadie nos va a inhibir con declaraciones y actitudes descalificadoras y agresivas que desgraciadamente han tenido las autoridades de nuestros países vecinos.

El gobierno de Chile, a través de la Cancillería, está haciendo todo lo que corresponde. Tenemos una política de defensa disuasiva, naturalmente defensiva. No tenemos pretensiones territoriales con ningún país vecino y, en consecuencia, la Presidenta de la República y el Canciller tienen todo nuestro apoyo en estos momentos en que las relaciones internacionales están en el centro de la noticia.

Patricio Walker

presidente del Senado

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