Como la confirmación del carácter discriminatorio de la glosa presupuestaria para la gratuidad calificó Jaime Vatter, rector de la Universidad Santo Tomás y presidente del Consorcio de Universidades Privadas (CUP), la resolución del Tribunal Constitucional que echó abajo la propuesta de La Moneda en la materia.
El directivo afirma que "lo más razonable, para evitar posibles nuevas impugnaciones, es buscar un mecanismo de becas" para el próximo año, y destaca que la incertidumbre que se genera en este escenario no le hace bien a los alumnos e instituciones.
- ¿Qué opinión le dejó la resolución del Tribunal Constitucional?
- Se confirmó lo que mucha gente, en distintos momentos, planteó desde que se puso en conocimiento que el mecanismo que se iba a seguir para el inicio de la gratuidad en 2016 sería a través de la Ley de Presupuesto. Primero, que discutir una cosa tan fundamental a través de una glosa nos parecía poco adecuado. Y luego, al conocer los detalles, que nos parecía discriminatoria, lo que finalmente se acogió. Lo primero no, pero lo segundo sí. Por lo tanto creemos que se demuestra que todo esto ha sido manejado con mucha improvisación y poco desarrollo técnico, por decirlo de alguna manera. Se está dejando fuera a una cantidad importante de alumnos que tienen las características de vulnerabilidad, y que por querer optar a una institución distinta a la que estaban calificando para la gratuidad, estaban quedando ajenos del beneficio a pesar de tener las mismas características socioeconómicas que otros.
- ¿Cuál espera usted que sea el mecanismo mediante el cual el Gobierno entregue los recursos de la gratuidad para el próximo año?
- Eso es difícil. Uno se empieza a enterar de las opciones que se comienzan a manejar y creo que lo más razonable, para evitar posibles nuevas impugnaciones, es buscar un mecanismo de becas para estudiantes con ciertas condiciones socioeconómicas, independiente a las instituciones donde estudien pero con exigencias mínimas.
- ¿Está de acuerdo con la triestamentalidad como condición para la entrega del beneficio?
- No. Manifesté que no me parecía. Que algunas universidades o instituciones de educación superior definan en su forma de gobierno la triestamentalidad, está bien y es parte de la autonomía de las instituciones. Y son las instituciones las llamadas a darse sus formas de gobierno. Esto era incorporar una exigencia que no era adecuada. Eso lo hemos dicho hace tiempo. Las universidades más destacadas en el mundo no funcionan de esta manera. Obligar a las instituciones a tener la triestamentalidad era ponerle una camisa de fuerza. Uno tiene que buscar mecanismos de consulta y participación, lo que es necesario, pero no a través de algo que sea forzado. Una muy buena carta de un profesor de la PUC en El Mercurio comparaba nuestro sistema con el argentino. Creo que es bueno mirar cómo ha decaído el nivel de la educación en Argentina con leyes muy parecidas a las que se quieren implantar en el país.
- ¿Qué significa esta resolución del Tribunal Constitucional para los alumnos de las entidades que usted preside y para los que, luego del proceso de selección, va a acceder a esos planteles?
- Habrá más incertidumbre. Y eso por supuesto que afecta a los alumnos, porque es algo que nadie quiere que ocurra. Pero eso es resultado de la improvisación y de la mala ejecución del Ejecutivo. Y esto lo dicen parlamentarios de distinto color político. Para alumnos que estudian o van a estudiar en planteles de la Corporación de Universidades Privadas, no sabemos cómo se va a resolver. Se ha dicho que esto se va a repartir a través de fondos basales para el Consejo de Rectores, lo que puede generar otro conflicto. O se haría algo más amplio para alumnos de nuestras universidades. No me atrevo a hacer un pronóstico.
Rectores y Confech piden al Gobierno definir mecanismo para la gratuidad
Ante la impugnación del Tribunal Constitucional (TC) a algunos criterios del Gobierno sobre el mecanismo de gratuidad para la educación superior, rectores y dirigentes estudiantiles llamaron al Ejecutivo a definir una respuesta.
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, señaló que "lo que yo pido es que de una vez por todas (el Gobierno) emita un pronunciamiento definitivo. No es razonable que una política pública tenga más de nueve cambios. Y cuando digo nueve cambios estoy hablando desde la intervención de la Presidenta de la República del 21 de mayo a la fecha".
"Cuando hablamos de nueve cambios quiere decir que no hay nada pensando, se están haciendo al andar las políticas públicas y a mí me parece que eso no es razonable sobre todo si estamos jugando con la expectativa de cientos de miles de familias. Eso creo que es poco lógico", puntualizó Covarrubias citado por radio Cooperativa. El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consejo de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, aseveró que "creo que no es una caricatura decir que en determinadas situaciones uno ve que los jóvenes son engañados, tiene que ir a instituciones que no le están dando lo que se espera de una institución universitaria que antes que nada es un ambiente intelectual, es un entorno cultural. La universidad le da un nuevo enfoque a la vida de ese joven y eso es muy peligroso mezclarlo con intereses económicos".
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas, sostuvo que "finalmente la Nueva Mayoría vuelve al Gobierno por tener estas promesas transformadoras, por lo tanto, lo mínimo que se espera es que cumplan con sus promesas".
"Nosotros esperamos que se cumplan de manera efectivamente transformadora y no simplemente entregando becas. Creemos que es una situación muy compleja sobre todo por la incertidumbre en la que deja a los estudiantes y las familias en términos de la postulación, de no saber si su institución va a tener o no gratuidad", añadió la también vocera de la Confech.
El 22 de diciembre vence el plazo para que las universidades e institutos informen al Ministerio de Educación si se sumarán a la gratuidad.
