Formalizan a 4 imputados por fraude al Fisco y estafa por el caso Proempleo
AUDIENCIA. Ex seremi del Trabajo y otros tres acusados se presentaron por delitos que datan de 2011.
El ex seremi del Trabajo, Álvaro Seguel Pérez y uno de los entonces coordinadores contratados por la Intendencia Regional, Felipe Ibáñez Chesta, fueron formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al Fisco cometido en la ejecución del programa Proempleo. Junto con ellos, a los representantes de empresas, María Andaur Reyes y Álvaro Chávez Alarcón, se les imputó el delito de estafa al fisco.
Todo esto en el marco de una investigación que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) -a través del fiscal Luis Arroyo- por una serie de irregularidades cometidas en 2011.
Si bien se esperaba la asistencia de los ocho imputados del caso, cuatro de ellos -Francisco Farías Hernández, Macarena Linares Astorga, René Velásquez Díaz y Felipe Astroza Aravena- no se presentaron por problemas en la notificación por lo que el tribunal fijó nueva audiencia para el mediodía del 12 de febrero en 2016.
El juez de garantía de Temuco, Nicolás Martínez-Conde, decretó las cautelares de firma mensual y arraigo nacional para los imputados y un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.
Audiencia
Pasado el mediodía de ayer comenzó la audiencia en la sala 3-b del Juzgado de Garantía de Temuco. Según los cargos que comunicó el fiscal Arroyo, para ejecutar el programa Proempleo en La Araucanía la subsecretaría del Trabajo celebró un convenio con la Intendencia Regional. Es así como ésta a su vez celebró contratos con empresas privadas. El fiscal detalló que en 2011 se celebraron al menos 14 contratos por trato directo, justificándose en la necesidad de contar con proveedores de confianza, con conocimientos y especialidades, entre otros requisitos.
El persecutor penal estableció que "mucho de los trabajos que se habían contratado no se habían ejecutado. Las empresas en cuestión no cumplían con los requisitos que la misma ley exigía, principalmente de experiencia. Algunas de estas empresas se constituyeron para el solo efecto de participar de estos proyectos", afirmó.
A su vez, Arroyo contó que la investigación también determinó que en la época se intentó favorecer con los recursos a comunidades indígenas. Algunas de ellas en conflicto.
El fiscal precisó que el ex seremi del Trabajo, Álvaro Seguel, y el coordinador Felipe Ibáñez, "a sabiendas de la naturaleza y destino de los fondos fiscales, y aparentando la correcta y fiel ejecución de los proyectos recién aludidos consintieron que se defraudara al Estado".
Por su parte, María Andaur -representante legal y administradora de la empresa "Sociedad de Servicios, Gestión y Ejecución Twopowerment Limitada- es acusada de aparentar la ejecución de proyectos de mantención de jardines y preparación suelos para áreas verdes a ejecutarse en 11 comunas de la Región para un total de 522 trabajadores por montos totales aprobados de más de $146 millones.
En tanto, Álvaro Chávez -representante de la empresa Asistencia Técnica y Consultora CV Gestión Limitada- es investigado por "aparentar fraudulentamente" la correcta ejecución de proyectos de limpieza de caminos rurales y edificios público, por un total de 234 empleos por más de $78 millones.
Defensa
El defensor del ex seremi Seguel, Luis Seguel Mora, calificó de "extraños" los antecedentes del Ministerio Público y expresó que todo apunta a una maniobra ya que según él, la responsabilidad del caso recae en el intendente de la época (Andrés Molina) porque la Seremi no contaba con las facultades de fiscalización, administración, ejecución y selección de los proyectos.
"Algún funcionario público involucrado en el tema con responsabilidad, está tratando de salvar el pellejo tratando de desviar la información malintencionadamente, buscando responsabilidades donde no las hay ", reclamó el abogado.
Respecto a Molina, el fiscal Arroyo informó que "se han presentado algunos antecedentes que podrían determinar algún tipo de responsabilidad del ex intendente, obviamente su declaración va a ser recabada y se le solicitarán los antecedentes del caso", esgrimió.
"Algún funcionario público involucrado con responsabilidad, está tratando de salvar el pellejo".
Luis Seguel Mora,, abogado defensor
"Muchos de los trabajo contratados no se habían ejecutado (...) las empresas no cumplían los requisitos".
Luis Arroyo,, fiscal del caso