Diego Ahumada

Por tercera vez desde que decidieron abordar los problemas de seguridad coordinados, los gremios del sur del país sesionaron con el objetivo de articular una propuesta de paz a largo plazo con puntos en común ya que aseguran que la zona está en jaque producto de la violencia.

Al mediodía de ayer en pleno centro de Temuco se desarrolló la reunión que contó con la participación del presidente de la Asociación Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, quien llamó a dejar los eufemismos .

"Hay que hablar con la verdad, sin eufemismos. Aquí hay terrorismo, delitos, impunidad, un Gobierno sin voluntad de asumir y una ciudadanía también indolente que simplemente vela por sus propios intereses", aseguró el representante de la SNA.

UN DOCUMENTO

Y es que más allá de la contingencia, los gremios sienten la responsabilidad de elaborar un documento de cara a la ciudadanía que refleje sin filtro los problemas políticos, sociales y económicos de las regiones afectadas por el conflicto.

"Cuando se habla eufemísticamente que acá la causa son los robos de madera eso es querer engañar al país", enfatizó Crespo.

El presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), José Miguel Stegmeier, adelantó que la propuesta abordará varios puntos (ver recuadro) y explicó que si bien no hay plazos definidos, por ahora se buscan los consensos entre las organizaciones. "Nuestra idea es presentar al país un resultado lo más perfecto posible", aseveró el dirigente.

Respecto de las medidas para resarcir los daños, a juicio de Stegmeier el Estado debe compensar tanto a las víctimas directas de atentados como al sector productivo afectado, el que acota a la agricultura, el transporte y el forestal.

"Si nosotros vemos que en definitiva se ha retrasado el desarrollo de la agricultura o del transporte en la zona, eso como sector hay que enfrentarlo y compensarlo con políticas adecuadas", dijo el agricultor.

Junto a Crespo y Stegmeier, también participó el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte; el ex ministro de agricultura, José Antonio Galilea; el presidente de la Sofo, Marcelo Zirotti; Rodrigo Lavín, presidente Agrollanquihue; el presidente de Saval, Víctor Valentin; Christian Arntz, presidente de la Sago y la Multigremial del Sur; Angélica Tepper, de la Multigremial de La Araucanía; Nicolás Donzé y Gloria Naveillán de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.

A los gremios se sumaron las agrupaciones Paz en La Araucanía; la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru) y la ONG Mujeres por La Araucanía.

Cam

Uno de los temas que marcó la agenda esta semana y fue parte de la conversación de los gremios, fue la reaparición de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que a través de un comunicado se adjudicó el atentado contra cinco cabañas del sindicato de trabajadores del Banco Edwards, el 1 de enero recién pasado en Licán Ray.

Para Crespo, lo anterior es consecuencia de un trabajo ineficaz de las policías y la justicia.

Hay preocupación y si bien desde la Multigremial de La Araucanía afirman que el rubro del turismo no se siente amedrentado, la presidenta del organismo, Angélica Tepper, admite que los turistas "desde hace muchos años preguntan si nuestra Región es segura".

En tanto, Christian Arntz de la Multigremial del Sur -organismo que representa ocho gremios entre Los Ríos y Los Lagos- comentó sobre la reactivación de la CAM que "nosotros vemos que esta organización que llamamos de carácter terrorista está operando y está acrecentando su área de influencia".

Problema político

El jueves, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, participó de un comité policial en Temuco, el que por primera vez sesionó con el presidente de la Corte de Apelaciones, Aner Padilla, en representación del Poder Judicial.

"No me parece que la autoridad ejecutiva tenga siquiera alguna mínima implicancia en el actuar de los magistrados (...) sigue dándose un matiz policial y judicial a un conflicto que es absolutamente político", dijo el vocero de Paz en La Araucanía, Juan De Dios Fuentes.

CDE intenta frenar demanda

El abogado que patrocina a 15 familias de La Araucanía que presentaron una demanda de $8 mil millones a modo de compensación por los distintos hechos de violencia de los que fueron víctimas, informó que en estos días se está discutiendo la competencia de los tribunales.

Esto, a raíz que el texto se ingresó en Santiago y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) alegó el principió de ejecución de los delitos.

"Las víctimas fueron a Santiago puesto que no tenían garantías respecto de los tribunales en Temuco, esa es la verdad porque la violencia a todos amenaza (…) por eso vinieron a buscar al juez natural, al competente a Santiago. Ellos huyen del infierno y el mismo Estado pretende mandarlos de nuevo a Temuco a que discutan estos casos allá", dijo el abogado de las víctimas, Jorge Reyes.

Presentación

Hay que recordar que en abril de 2015, parceleros, contratistas forestales y pequeños empresarios interpusieron la acción legal contra el Estado, aburridos de ser objeto de distintos hechos de violencia.

"Hay una falta de servicio público que se ha visto en La Araucanía, relativa a que el Estado no ha sabido dar cumplimiento a las labores de seguridad pública en la Región", explicó Reyes.