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Diputados culpan al Gobierno ante seguidilla de atentados

REACCIÓN. La Comisión Investigadora por la Violencia en la Región cree que la situación es "insostenible". En marzo citarán a las policías al Congreso.
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Andrea Arias

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la violencia en La Araucanía, instancia parlamentaria que fue solicitada por la bancada regional de Renovación Nacional el año pasado y que preside Germán Becker, estima que la situación que se vive en la Región a causa de los atentados, los que han sido sistemáticos durante todo el verano, es "insostenible" y de ello culpan al Gobierno.

Los integrantes de la comisión plantearon que están preocupados con la situación y al respecto piden que el Gobierno elabore un plan a corto y mediano plazo que permita detener estas prácticas.

Y como en marzo se retoma el trabajo de la comisión, además, anunciaron, que las policías deberán ser parte de la nómina de invitados, así como actores mapuches en cargos de elección popular.

El último atentado se registró la madrugada del sábado en el Fundo Las Rosas de Freire, cuando desconocidos quemaron un galpón lleno de fardos y huyeron dejando consignas alusivas a la reivindicación territorial mapuche.

INOPERANCIA

El diputado Jorge Rathgeb (RN) lamentó la situación y culpó directamente al poder Ejecutivo.

"Lamentablemente el Gobierno se caracteriza por su inoperancia. Llevamos casi dos años y no han habido resultados, no hay una política clara al respecto ni sabemos qué se pretende hacer con esta problemática que por lo demás no es sólo de esta Región", planteó Rathgeb.

El diputado Fuad Chahin (DC) se sumó a las críticas hacia el Gobierno y dejó en claro que urge una política de anticipación.

"Esto es una falta absoluta de eficacia. Por un lado, seguimos presentando querellas de manera automática y, por otro, se señala que se conocen a los culpables, pero no se les detiene y tampoco somos capaces de actuar cuando hay delitos que son flagrantes. Por eso aquí se requiere implementar una política de anticipación, de manera de sorprender infraganti a los antisociales", manifestó Chahin.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI), quien también integra la comisión, fue más allá de la responsabilidad del Gobierno.

"Me parece gravísimo lo que ha sucedido en las últimas semanas en la Región y, claramente, esto demuestra no sólo la incapacidad del Gobierno de Bachelet para enfrentar el problema, sino que también la complicidad de la Nueva Mayoría con los grupos terroristas", dijo Hasbún.

Al respecto, añadió que "el Gobierno sabe perfectamente quiénes son, cuántos grupos operan y los cabecillas de ellos. Sin embargo niegan tener la información amparando a los grupos subversivos".

INSOSTENIBLE

El diputado Joaquín Tuma (PPD) catalogó la situación de "insostenible" y anunció que en marzo, cuando la comisión retome su trabajo, deberá citarse a las policías y a los servicios de inteligencia.

"Tendremos que citar a la policías y a los servicios de inteligencia a la Comisión Investigadora para que nos expliquen por qué si los conocen no hay resultados positivos en sus investigaciones y cuáles son las limitaciones que existen para mejorar su accionar", detalló Tuma.

Rathgeb apoyó la iniciativa de invitar a las policías, pero destacó que además "debemos convocar a todos los sectores políticos. Yo propuse al presidente de los alcaldes mapuche, consejeros de la Conadi y el core Huirilef. Necesitamos participación de todos los sectores para avanzar en una propuesta para el Gobierno", explicó Rathgeb.

PLAN

Los diputados hicieron hincapié que además se necesita elaborar un plan a corto y mediano plazo conocido por todos.

En este contexto, el diputado Tuma reiteró que "la única vía de solución a este conflicto es trabajar en crear una institucionalidad que logre una representación legitimada del pueblo mapuche y así consensuar con el Estado a través del Gobierno de turno un cierre definitivo a todos los problemas y deudas", remató.


Hoy parte el juicio por muerte de Quintriqueo

Con 50 testigos, 16 testimonios documentales, 11 pruebas periciales y otros 24 medios de prueba de parte del Ministerio Público comienza hoy en el Juzgado de Garantía de Temuco el segundo juicio por la muerte del comunero José Quintriqueo Huaquimil, quien fue atropellado en octubre del año 2014 por el tractorista José Cañete.

Lo anterior ocurrió en el contexto de una recuperación territorial mapuche que realizó la víctima junto a otros miembros de su comunidad Nilpe 2, al interior del Fundo Nilpe de Galvarino, el cual al momento de la tragedia estaba siendo tasado por la Conadi.

El Ministerio Público está pidiendo una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio para el imputado, quien se encuentra con cautelar en libertad desde el 19 de febrero de este año, cuando se levantó su arresto domiciliario parcial.

Permanece, eso sí, con la obligación de firma mensual en Carabineros, prohibición de salir del país y de acercarse a los familiares de la víctima.

HECHOS

Con fecha 01 de octubre de 2014 en horas de la mañana, Quintriqueo caminaba acompañado de los miembros de su comunidad Nilpe 2 por el interior del Fundo Nilpe de Galvarino. En dicho lugar también se encontraba el imputado, José Cañete paredes, trabajador del Fundo Nilpe, quien se desempeñaba como tractorista en labores agrícolas.

En ese contexto, el imputado condujo en dirección hacia la víctima y sus acompañantes, siendo alcanzado Quintriqueo por el imputado.

Al impactarlo, según detalla el auto de apertura, "lo lanzó al suelo para luego regresar hacia el lugar donde se encontraba ya tendida la víctima, atropellándolo, aplastándolo con las ruedas del tractor, para posteriormente retirarse del lugar". Producto del impacto y el aplastamiento, la víctima resultó con múltiples fracturas y traumatismos, lesiones que le causaron la muerte.

RESPALDO

Hasta el juicio llegarán hoy miembros de la comunidad Nilpe 2 y la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), quienes respondieron positivamente al llamado de apoyo que le efectuó la comunidad.

El werkén de la comunidad Nilpe 2, Enrique Llanquileo, señaló que "estamos exigiendo justicia en este caso, porque fue un asesinato. Yo lo vi y muchos lo vimos. No puede ser que la defensa ofrezca 600 mil pesos como acto reparatorio, es indignante y vamos a cautelar que pague con cárcel".