Diego Ahumada

Un peritaje de tasación comercial descartó que hubo sobreprecios en diez predios adquiridos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), cuestionados por pagos excesivos. A raíz de las conclusiones, la Fiscalía evalúa no perseverar en la investigación.

El informe lo encargó el Ministerio Público a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera para esclarecer una de las aristas de la investigación iniciada tras una serie de denuncias ingresadas en 2014 por el ex fiscal de Conadi, Rodrigo Bustos.

Según explicó el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), Miguel Angel Velásquez, la pericia practicada in situ logró establecer -por el contrario de las irregularidades denunciadas- que "en definitiva por esos predios Conadi pagó cerca de 2 mil millones de pesos menos de lo que era el valor de mercado".

Un ahorro para la Conadi es reflejado en seis casos donde se pagó menos del valor de tasación obtenido. En otros cuatro predios, sí habría pagado un precio superior pero a la vez, inferior al 10% de margen de fluctuación que permite la legalidad.

Los rangos de los valores detectados como "sobreprecios" fluctúan entre los $13 mil hasta los $248 mil. Es el caso del fundo La Esperanza en Temuco; El Porvenir en Victoria; La Colonia en Carahue; y Zarzal Butalón en la misma comuna costera.

En tanto, la diferencia de los valores de los predios en que se efectuaron pagos menores de la tasación realizada, se establece entre los $269 mil hasta poco más de $2 millones.

Estos son los predios El Castaño y Helvetya de Gorbea; Huerqueco de Lautaro; Lote 4 de Curarrehue; Bonanza de Galvarino; Quilco de Victoria; y Santa Rosa en Los Sauces.

Todos los campos están en manos de comunidades mapuches.

Velásquez precisó que la causa puede cerrarse "en razón de que no hay antecedentes para determinar la existencia del delito. Existen algunas situaciones que podrían encontrase en el límite pero de momento no contamos con elementos suficientes ni siquiera para formalizar una investigación".

Metodología

Para la elaboración del informe, los expertos de la Ufro revisaron documentación en los respectivos conservadores de bienes raíces para conocer el valor de la tierra transada. Además, solicitaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) los certificados de avalúo fiscal con la clasificación de uso de suelo.

También, se consultó a informantes clave y la revisión de avisos clasificados y comerciales en medios de comunicación. Se usó cartografía digital, y fotografías satelitales.

Reacciones

El diputado regional Fernando Meza (Prsd) presidió una comisión de la Cámara que investigó presuntas irregularidades en la Conadi, instancia donde el tema de los pagos de sobreprecios fue frecuente.

Conocida la noticia, el parlamentario tuvo sus reparos al informe. "Da tranquilidad a los incumbentes pero a mi modesto entender en ese estudio solo se observaron algunas carpetas de compras quedando el 40 por ciento de la muestra sin analizar. Es molesto para nosotros que el informe no recoja los casos donde evidentemente hubo pagos por encima de la tasación", enfatizó.

Otro de los que integró la comisión fue el parlamentario de Evópoli, Felipe Kast, quien salió en defensa del ex director de Conadi, Jorge Retamal.

"En su minuto dije que yo ponía las manos al fuego por Jorge Retamal y esto simplemente me viene a dar la razón. Es la cara más fea de la política cuando algunos simplemente con tal de desprestigiar a quienes piensan distinto, están dispuestos a caer en este tipo de montajes", declaró Kast junto con catalogar la instancia parlamentaria de la que fue parte como un "show".

$100 millones ofrecieron corredores de propiedad que fueron condenados por cohecho en otra arista.

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y 15 de sus asociados regionales, desde Arica a Punta Arenas, hicieron un especial llamado al Gobierno a reconocer "la condición de inseguridad y desamparo que viven actualmente empresarios, agricultores y habitantes de La Araucanía por la creciente violencia", que aseguran existe en La Araucanía.

El organismo pidió apoyo para las víctimas de la violencia, asegurando que "se debe ayudar a quienes han visto sus maquinarias, viviendas, galpones, camiones o cualquier otra infraestructura destruida por estos actos de violencia. El Estado debe responder y garantizar la seguridad en el territorio nacional, de lo contrario se estará condenando a la Región a la pobreza y entregándola a quienes solo buscan generar miedo y evitar que nuestro país se desarrolle en paz y armonía".

Asimismo, la entidad denuncia un "aumento en los ataques terroristas", por lo que a su juicio, el problema "requiere ser abordado con firmeza, desarticulando los grupos violentistas que operan en la zona, identificando las fuentes de financiamiento de estas actividades ilegales, apoyando a las víctimas de estos hechos y generando condiciones que garanticen la seguridad en el desarrollo de las actividades productivas".

El presidente de la Asociación de Industriales de Iquique, Leopoldo Bailac, aseguró que "los habitantes de La Araucanía son doblemente víctimas, pues no sólo sufren los ataques de grupos terroristas articulados, sino que también deben sufrir la indiferencia de las autoridades frente a su realidad. Esta situación ha relegado a la Región a los indicadores de inversión privada más bajos del país y a índices de pobreza sobre la media nacional".

Expansión

Los gremios empresariales lamentaron que los hechos de violencia y la inseguridad ya no sea una realidad exclusiva de La Araucanía, al comprobarse que se estaría extendiendo a otras regiones del país. "Hoy ya no estamos hablando sólo de situaciones críticas en la Novena Región. Se han registrado ataques en la Región del Biobío y en la Región de Los Ríos, por lo que se trata de un problema que está creciendo y que hay que abordar en forma rápida, con voluntad y decisión", dijo Rodrigo Echavarría, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia.

Los gremios empresariales reconocieron el trabajo realizado por las asociaciones gremiales del sur, particularmente la Multigremial de La Araucanía, al representar la voz de los empresarios y emprendedores que se desempeñan en las zonas de conflicto. "Ahora se requiere la misma firmeza por parte de las autoridades para tomar las medidas necesarias para poner término a esta situación", finalizaron.