Diego Ahumada
Tras su participación en los ciclos de encuentros organizados por Corparaucanía, el académico de la Universidad del Desarrollo y ex ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, entregó detalles del estudio que realizó sobre el impacto del conflicto en la económica regional, advirtiendo pérdidas de hasta US$525 millones.
-Qué objetivo cumple el estudio.
-Me pareció relevante demostrar que esto (violencia rural) tiene un impacto que se refleja en las vidas humanas, personas muertas, incendios de camiones y casas. Agrupando todo eso significa que hay falta de Estado de Derecho en la Región. Cuando las regiones o los países tienen falta de Estado de Derecho eso tiene un impacto en la economía, la gente invierte menos, tiene menos confianza, posterga decisiones, se traslada de región y esa sensación de temor se refleja en la economía y en todas las actividades de la sociedad.
-Cuáles son las conclusiones.
-Con esa experiencia en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, España, en otros países, me fijé que en esos casos muestra que hay un rango del impacto que va entre el 1,5% hasta un 11% del PIB. Por lo tanto, ese daño en esta Región puede ser desde US$70 millones hasta US$525 millones. Estamos hablando de muchos recursos. La violencia lleva a decisiones de naturaleza económica. Según la evidencia internacional si la traemos a La Araucanía puede llegar a eso.
-La Región se considera una de las más pobres y con altas tasas de desempleo. ¿La violencia influye en eso?
-Por supuesto. La Región tiene hoy una tasa de desempleo elevada, una situación de pobreza muy compleja y salarios promedio muy bajos. Todo eso se ve agravado por la situación de violencia porque cuando no hay inversión hay menos contratación de personas, más desempleo y menos salarios. Se produce un círculo vicioso de violencia, deterioro social y económico. Es lo que considero muy grave y me parecía relevante demostrar que tiene un altísimo costo desde la perspectiva económica y también social.
-La política de compra de tierras de Conadi impacta en la crisis que describe.
-Impacta muchísimo. Los estudios concluyen que la productividad con la entrega de tierras se ha ido deteriorando. No basta sólo la entrega de tierras, se necesita capacitación, también apoyo para acceder al crédito y políticas a largo plazo para también mejorar la productividad de la tierra.
-¿Pero las comunidades necesitarán de todo eso?
-Hay otro problema que me parece a mí que es más grave. Hay que entregar propiedad privada. Si no entregas derechos de propiedad privada claros a cada familia mapuche que recibe tierra, eso es una fuente de deterioro económico y social. Es un debate que hay que instalar en la Región.
-¿Eso cómo se traduce?
-Los terrenos son de las comunidades, no es dueña cada familia y por lo tanto cuando no eres dueño no puedes hipotecar, nadie te da un crédito. Entonces de alguna manera lo que está ocurriendo aquí es que hay un paternalismo mal entendido (...) la otra cosa que yo creo que también es importante es que hoy la ley mira el mundo como la edad media. En la edad media la tierra te daba la fuente de progreso pero hoy la principal fuente de progreso es la educación y por lo tanto a cada comunidad cuando hay un derecho reconocido por parte de la Conadi, lo que corresponde es preguntarle a cada una de las familias de esa comunidad: ¿Prefiere la tierra o que le demos un subsidio a la educación? Y le financiamos la universidad. Qué el valor de esa tierra la familia decida libremente si quiere tierra o quiere una vivienda por ejemplo, o quiere educación.
-Carabineros indicó que sólo un 1,4% de las comunidades define una postura "radical" ¿Cómo se logra convencer a ese 1,4% de lo que usted plantea?
-Con diálogo, con buenas políticas, y con aplicación del Estado de Derecho. Cuando la gente viola la ley a través de quemar un camión, de quemar una casa, hay que detectar quiénes son, investigar eso y aplicar la ley.
-Esa suerte de impunidad atenta contra una salida al conflicto.
-Mientras más falta de Estado de Derecho, de alguna manera lo que se está haciendo es incentivar al violentismo.
28 comunidades
de las 1.948 de La Araucanía mantienen una postura radical según Carabineros. 1953
nació el agricultor de 62 años que estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica (PUC).
2014 hasta ese año
se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia de Chile.
