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La machi que ganó demanda al Estado y protestó contra Bachelet

PERFIL. Francisca Linconao Huircapan fue detenida ayer por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay.
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Una particular historia es la que registra la machi Francisca Linconao Huircapan, de 59 años de edad, quien fue detenida por segunda vez en el marco del incendio con resultado de muerte que le costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay.

La autoridad ancestral oriunda del sector de Tres Cerros de Padre Las Casas, fue capturada por primera vez horas después del atentado en la Granja Lumahue -en enero de 2013- en medio de un allanamiento policial. En el interior de su casa se había encontrado un arma de fuego y panfletos alusivos a la causa mapuche.

Precisamente, a juicio de la Fiscalía en la vivienda de la machi Linconao se habría fraguado el atentado incendiario de la madrugada del 4 de enero.

La mujer fue acusada por el ente persecutor y el Tribunal la absolvió de los cargos, por lo que decidió demandar al Estado de Chile en más de $160 millones por concepto de daño moral y lucro cesante originados por el proceso.

Finalmente -en una sentencia que fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al demandado al pago de $30 millones de pesos por daño moral.

Otra de las apariciones que registró Francisca Linconao en el último tiempo fue la protesta que realizó en las afueras del edificio de la Intendencia Regional contra la Presidenta Michelle Bachelet, en su visita el 29 de diciembre en 2015.

En la oportunidad, desplegó un cartel que decía "Estado chileno, devuelvan las tierras al Pueblo Mapuche".

El año 2009, la Corte Suprema falló a favor de la machi al verse afectada en su labor de recolección de hierbas medicinales, como consecuencia de faenas de la empresa Forestal Palermo.

Tres de los imputados fueron absueltos tras el ataque a un Tur-Bus y tres camiones

ANTECEDENTES. Gobierno presentó su cuarta querella invocando la Ley Antiterrorista en la Región.
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Diego Ahumada

El 28 de julio de 2009, en las cercanías de Temuco desconocidos atacaron un bus de pasajeros de la empresa Tur-Bus y quemaron tres camiones en el sector del baipás, en la Ruta 5 Sur.

Por este hecho la Fiscalía detuvo a 12 personas, a las que acusó por delito terrorista y llevó a juicio oral. Entre estos estaban tres de los 11 detenidos ayer por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay: José Sergio Tralcal Coche; Luis Sergio Tralcal Quidel; y Sergio Marcial Catrilaf Marilef, quienes fueron absueltos.

Tras 22 días de audiencias, finalmente la prueba de la Fiscalía fue insuficiente para convencer a los magistrados y los imputados fueron absueltos en 2013. En esta causa, declaró un testigo protegido el que luego fue identificado como Raúl Castro Antipan.

Presentan querella

El Gobierno Regional presentó ayer una querella criminal por el delito de homicidio e incendio terrorista contra los 11 detenidos del caso Luchsinger. Se trata de la cuarta acción legal invocando el tipo penal especial, la primera en el marco del denominado conflicto mapuche ya que las otras tres, se interpusieron por la colocación de artefactos explosivos, sin imputado conocido.

El subsecretario del Interior (s) Luis Correa, dijo al respecto que "sería un completo despropósito que un Gobierno no presentara querellas cuando se encuentra tipificada la querella por delito terrorista (...) No veo el riesgo jurídico. Hemos venido trabajando tres años en cuál es la política que se debe aplicar. Cuando ha correspondido aplicar la ley que tipifica conductas terrorista, lo hemos hecho".

El propio intendente regional, Andrés Jouannet, en compañía del subsecretario presentó el texto legal en horas de la mañana de ayer en el Juzgado de Garantía de Temuco.

En Santiago, el vicepresidente de la República, Jorge Burgos, destacó los resultados de la investigación. "Siempre es bueno que en este tipo de delitos en general y de esta magnitud no haya impunidad y creo que es bueno para el país, para el Estado de Derecho", dijo.

El Gobierno, en la querella argumenta que los hechos que le costaron la vida al matrimonio de agricultores "han tenido la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de un atentado incendiario".

La querella se suma a la interpuesta por la familia Luchsinger, representada por el abogado Carlos Tenorio.

60 días de plazo de investigación decretó la jueza de Garantía para el cierre del proceso indagatorio.