Diego Ahumada
La defensa de los 11 detenidos por su presunta participación en el atentado incendiario al matrimonio Luchsinger-Mackay suma un nuevo episodio en tribunales. Luego del revés en la Corte de Apelaciones de Temuco, en las últimas horas presentaron cuatro recursos de apelación para que la Corte Suprema revoque las cautelares y ordene la libertad de los comuneros.
Los argumentos son los mismos que esgrimieron en el tribunal de alzada: la ilegalidad de la prueba obtenida por el Ministerio Público y la falta de fundamentación en la resolución de la jueza de garantía, Alejandra García-Bocaz.
"Entendemos siempre que la mera relación de los antecedentes no es base suficiente para poder tener a una persona privada de libertad y en ese sentido reafirmamos nuestra convicción y esperamos que la Excelentísima Corte Suprema acoja los recursos presentados", comentó el jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin.
En ese mismo sentido, la defensora particular Karina Riquelme, aseguró que los recursos presentados por el Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) apelan a que "es necesario que exista fundamentación para imponer una medida cautelar, eso está consagrado en la Constitución y en diversos textos legales. No pueden privar de libertad sin un fundamento legal".
FORMALIZADOS
Cabe precisar que el 30 de marzo recién pasado, los 11 comuneros detenidos en un allanamiento en el marco del caso Luchsinger-Mackay fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte con carácter terrorista por el Ministerio Público.
La jueza Alejandra García-Bocaz decretó un plazo de 60 días para la investigación y decretó prisión preventiva para 10 de los imputados (ver recuadro). Sólo José Peralino Huinca, cuya declaración policial llevó a la detención de los supuestos co-partícipes del crimen del matrimonio de agricultores, obtuvo arresto domiciliario total.
El viernes 8 de abril, la Corte de Apelaciones rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de los imputados.
La resolución fue adoptada por los ministros Luis Troncoso, Aner Padilla y María Elena Llanos, quienes respaldaron la decisión con fecha 30 de marzo de la magistrada Alejandra García-Bocaz, ya que a su juicio fue tomada "en ejercicio de sus atribuciones y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y las leyes".
Sin embargo, las defensas respetan pero no comparten el razonamiento, comenzando por la prueba clave: el testimonio de José Peralino.
Ilegalidad
Desde el punto de vista de Pablo Ardouin, las declaraciones que efectivos de la Policía de Investigaciones consiguen de Peralino -una en noviembre de 2013 y la segunda en octubre de 2015-, "no fueron legales ya que los policías sabían que era imputado y no le leyeron los derechos. Esto se ve refrendado en su declaración cuando señala todos estos acercamientos previos de parte de la policía, sin lectura de derechos (...) también reafirma las coacciones que se realizaron en su contra en su declaración", explicó.
Para la Defensoría Mapuche asoma un segundo dato relevante. "Sin perjuicio de lo que aparece consignado en el papel -el papel lo soporta todo- esta persona se vio coaccionada (...) él explicó en una declaración grabada -cosa que no tiene el Ministerio Público- cómo se dio esa coacción de parte de los funcionarios policiales", dijo el abogado en relación a la declaración de Peralino en la audiencia de formalización, el 30 de marzo de este año.
El Ministerio Público asegura que el testimonio delator lo entregó el comunero de manera voluntaria al no soportar el remordimiento de participar en la muerte de los Luchsinger.
Las apelaciones se podrían discutir el martes en la próxima semana.
"Sin perjuicio de lo que aparece consignado en el papel (...) esta persona se vio coaccionada".
Pablo Ardouin,, defensor penal mapuche
"Es necesario que exista fundamentación para imponer una medida cautelar".
Karina Riquelme,, defensora particular
