Diego Ahumada
Sorpresa y desconcierto causó en los transportistas el anuncio de la Subsecretaría del Interior de un seguro contra atentados a través del BancoEstado, el que cubrirá hasta 77 millones de pesos y excluye a los dueños de camiones.
Desde temprano, ayer los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CTNC) a lo largo del país, buscaban alguna explicación. Intercambiaban correos y llamados pero nadie manejaba el detalle. Incluso se contactaron con La Moneda, para solicitar una reunión urgente con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El gremio acusa ser una de las víctimas más perjudicadas del conflicto: $11 mil millones desde el año 2006 al 16 de abril de este año, lo que se traduce en 172 camiones quemados entre el Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
"Estamos muy sorprendidos porque esto del seguro nace de los camioneros y nosotros siempre se lo hemos pedido a los gobiernos de turno (...) con Aleuy siempre conversamos del seguro y siempre nos ofreció el seguro, entonces nos encontramos realmente sorprendidos que nos hayan dejado afuera y sin darnos un motivo", alegó el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán.
Pero no sólo el ser excluidos molestó a los transportistas, también el monto máximo de cobertura que alcanza los $77 millones y el pago de las primas por parte de las propias víctimas.
"Se habla de prima... ¿Quién paga la prima? ¿El Estado chileno o la víctima? Si hay una prima la debería pagar el Estado. Si yo pago mis impuestos, permiso de circulación, los peajes y hacemos todos nuestros pago al día, no tenemos por qué tomar un seguro para nuestra seguridad", reprochó el dirigente gremial.
Sin embargo, el gobernador de Cautín, José Montalva, respondió a las críticas sin ahondar en las inquietudes de los transportistas. "Hay momentos en que debemos criticar y otros en que debemos reconocer. Creo que hoy todos debemos reconocer y valorar el esfuerzo público y privado que se ha hecho para proteger a las víctimas", dijo Montalva.
Víctima
El empresario del Biobío, Hernaldo Astudillo, es transportista desde el año 1981 y desde el 2014 a la fecha ha sufrido cuatro atentados, los que dejaron pérdidas patrimoniales cercanas a los $280 millones.
"En este tipo de atentados donde nos queman los camiones, el Estado debiera hacerse responsable de pagarnos los equipos porque no nos brinda ni nos ha dado la seguridad para poder ejercer nuestra actividad económica", dijo la víctima.
Para el dueño de Transportes Astudillo, el seguro "es una alerta roja que significa que los atentados no se van a terminar".
"Con esto quieren decir 'le vamos a dar este seguro porque lo más probable es que a usted le van a quemar su galpón, su casa en el campo, la máquina trilladora y el tractor' y uno igual tiene que pagarlo pero el gran responsable es el Estado de Chile (...) la Constitución dice que se nos debe garantizar que yo pueda transitar libremente por las carreteras del país y no que un grupo de desalmados nos quemen los camiones y nos amedrenten los trabajadores", expresó el empresario.
Según el anuncio del Gobierno, el seguro se viene negociando desde 2015 y tendrá una vigencia de 12 meses e incluye desastres naturales.
Gremios y víctimas dicen que el seguro no cubre las pérdidas
Las reacciones de gremios y víctimas de violencia rural no se hicieron esperar luego de conocer los detalles del seguro contra atentados que anunció el Gobierno a través de la subsecretaria del Interior y el BancoEstado.
Los dirigentes, más allá de mostrarse disconformes con la póliza presentada el miércoles, aseguraron que la medida no solucionará el conflicto y los hechos de violencia rural que los aquejan.
Es así que la secretaria ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Gloria Naveillán, comentó que "lo que me parece más grave de todo es que siento que con esto el Gobierno se está lavando las manos como Poncio Pilato y voy a decir por qué: de acuerdo a la Constitución vigente, el Gobierno tiene la obligación de resguardar el Estado de Derecho y de las personas y los bienes en el territorio nacional", enfatizó.
Asimismo, agregó que "no tenemos por qué las supuestas y posibles víctimas estar tomando un seguro y pagando una prima de nuestro bolsillo porque el Gobierno de turno no es capaz de hacer respetar el Estado de Derecho".
Por último, Naveillán afirmó que la cifra de cobertura -que alcanza los $77 millones- "es una mofa porque cuando te queman dos o tres máquinas cosecheras como sí ha pasado, en eso ya tienes 300 o 400 millones de pesos", replicó.
En tanto, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru), Alejo Apraiz, insistió en que los afectados no deben hacerse cargo de un deber del Estado.
"Por qué nosotros que vivimos y trabajamos y tratamos de tirar hacia arriba la Región vamos a tener que pagar un seguro. Yo creo que el Estado se debe hacer cargo de la falta de seguridad que ellos mismos han propiciado", señaló Apraiz.
Consejo
Por último, el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, calificó el seguro como un incentivo a los autoatentados.
"Lamentamos la idea de instituir una 'póliza' porque fomentará los auto-atentados en la Región y en el país. Cuya medida en ningún caso resolverá la situación de tensiones y controversias que se vive en La Araucanía", dijo Aucán.
"Con Aleuy siempre conversamos del seguro y siempre nos ofreció el seguro".
José Villagrán,, transportista
"Hay momentos en que debemos criticar y otros en que debemos reconocer".
José Montalva,, gobernador de Cautín
