Andrea Arias
Desde el año 1994 a la fecha, la Conadi ha acreditado la ascendencia indígena por autoidentificación de 15 mil personas en todo el país. Sin embargo, según el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, los últimos cinco años se habrían entregado al menos cinco mil certificaciones irregulares, al margen de los requerimientos legales que dispone la ley para entregar dicha calidad.
Al respecto, el parlamentario señaló que entre lunes y martes de la próxima semana "oficiaremos a la Contraloría de la situación para que se determine los grados de responsabilidad y solicitaremos una investigación al Ministerio Público por eventual fraude al Fisco y además vamos a citar al director de la Conadi a la Cámara de Diputados".
IRREGULARIDADES
Hasbún explicó que fue la Fundación Jaime Guzmán la entidad que realizó la investigación vía solicitud de los antecedentes a Transparencia y que en ese contexto no estaría en regla la documentación legal que pide el artículo 2 de la Ley Indígena para acreditar la respectiva ascendencia en los casos denunciados.(Ver recuadro).
Consultado al respecto, el parlamentario explicó que dicha acción "permitiría que estas personas que no tienen origen mapuche accedieran a una serie de beneficios, como la entrega de tierras, y por tanto a nosotros nos parece que estamos ante una situación de suma gravedad que amerita que se investigue".
El diputado añadió que de haber funcionarios involucrados en estas eventuales irregularidades "han sido cómplices en torcer la ley, ya que una cosa es el sentido y la otra la interpretación y hoy son ellos quienes han generado un grave detrimento al patrimonio público y al propio pueblo mapuche. Aquí hay un abuso, ya que hay gente que sin tener ningún tipo de arraigo con el pueblo mapuche ha obtenido beneficios ".
En este sentido, para Hasbún la situación "es volver al mismo escándalo de los falsos exonerados en Chile que siguen recibiendo pensiones y beneficios, pero penalmente no pueden ser perseguidos. Aquí se ha torcido el espíritu de la ley y se ha atentado con la fe pública. No vamos a permitir que se utilicen recursos públicos para favores políticos", subrayó.
REVOCAR
El diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, comparte el criterio de Hasbún y al respecto considera la ley indígena como una "mala ley que debe corregirse y revocar la calidad indígena a quienes no lo son. Hoy Conadi debe ver caso a caso y dejar sin efecto todos los beneficios otorgados a quienes no lo son".
Rathgeb manifestó también que "en la medida que Conadi no siga siendo rigurosa en la entrega de calidad indígena, seguiremos viendo a personas que sin ser indígenas optan a beneficios exclusivos a la etnia como la entrega de tierras, becas y otros apoyos sociales, lo cual genera más conflictos al ocupar recursos que no les corresponde y tensa aún más la relación entre los pueblos indígenas".
TODO EN REGLA
Al ser consultado por dichas acusaciones, el director de Conadi, Alberto Pizarro Chañilao (PPD), fue enfático en descartar cualquier tipo de irregularidad bajo su gestión, ya que, según aclaró, de los últimos cinco años "no puedo responder de lo ocurrido en administraciones anteriores".
En este sentido puntualizó que "puedo ser enfático respecto del trabajo que realizan los funcionarios de la actual administración en materia de calidad indígena y asegurar que todo está en regla. Es necesario ser claros y cuidadosos, ya que estamos entrando en una vorágine de declaraciones que rayan en la discriminación y el racismo, que distingue entre quienes merecen ser indígenas y quiénes no. La ley es clara al respecto. No me parece y creo que es delicado", puntualizó la autoridad.
En cuanto a las denuncias que anunció Hasbún, Pizarro subrayó que "son una provocación hacia las personas indígenas de este país y a los funcionarios de la Corporación que con rectitud realizan su trabajo".
No obstante acotó que "es importante conocer la Ley Indígena, ya que ésta establece tres formas de acreditación de calidad indígena y si el diputado posee antecedentes concretos de 5 mil acreditaciones falsas no apegadas a la ley, pues tiene la obligación de presentar los antecedentes ante la justicia".
Finalmente, Pizarro confirmó que durante su administración se ha entregado toda la documentación requerida y dentro de los plazos.