El equipo jurídico del Observatorio Ciudadano presentó un recurso de reclamación en contra del resolución del Comité de Ministros que decretó la aprobación del proyecto hidroeléctrico Doña Alicia, que se ejecutaría en un río de la comuna de Curacautín.

En abril del 2015 el proyecto había sido rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía, ya que no se condecía con los instrumentos de planificación local. Pero el titular del proyecto presentó una recurso de reclamación en el Comité de Ministros en Santiago, instancia que revirtió la decisión del organismo regional, el 14 diciembre del 2015.

Hernando Silva, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano, explicó que el fundamento del la acción es que las observaciones realizadas por las organizaciones ciudadanas de Curacautín, no fueron consideradas en ninguna de las etapas de desarrollo de la iniciativa. Unido a lo anterior también se presentó una acción legal para impedir que se levante cualquier estructura.

"Es un requerimiento de suspensión provisoria administrativa de los impactos y efectos del proyecto. Esto para que la empresa no pueda avanzar en las obras, hasta que no se resuelva el fondo del recurso por parte del Tribunal Ambiental, y eventualmente con la Corte Suprema, a través de un recurso de casación", dijo el profesional.

La revisión del recurso de reclamación podría demorarse 4 meses más. En tanto, el requerimiento para detener cualquier avance del proyecto, lo resolvería el tribual en una semana.

Las asociaciones gremiales de la Dirección de Vialidad (Malleco y Cautín) Anfavial, solicitarán al ministro de Obras Públicas que el nuevo director de Vialidad sea un funcionario de la institución no ligado a quien dejó su cargo y, sobre todo, con carácter para efectuar un cambio de giro para mejorar el ambiente laboral. Las agrupaciones de trabajadores agregan que la nueva autoridad tendrá el difícil desafío de levantar la imagen del servicio, y sobre todo, que la Región salga adelante con todos los desafío que se requieren para la red caminera más extensa del país, con una zona con singularidades distintas a otras regiones, explica la asociación de trabajadores de Vialidad regional.

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Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados indagará presuntas irregularidades en traspasos y ventas de terrenos del Ejército, en las comunas de Victoria y Traiguén. Lo anterior, después que el senador Eugenio Tuma (PPD) detectara que esos predios se utilizaban en actividades que no tenían que ver con la institución uniformada. Por ello, explica el legislador, debían ser devueltos a Bienes Nacionales, pero eso no ocurrió y en uno de los casos se puso a la venta por 30 mil UF, $778 millones, y el otro fue enajenado a un particular, tras pagar la oferta mínima que se pedía.

-Senador ¿qué detona esta indagación?

-Fui con el alcalde de Victoria, Hugo Monsalves, a una entrevista con el ministro Defensa, José Antonio Gómez, para pedir 5,5 hectáreas del Ejército, ubicadas a la entrada de la comuna para levantar allí infraestructura municipal. Antes de 30 días, de esa cita, se publica un aviso de licitación de terrenos por 58 hectáreas, incluidas las que solicitamos, todo en 30 mil UF. En consecuencia el Ejército se negó a transferir esos terrenos al municipio.

- El terreno de Victoria, y otros más, fueron traspasados al Ejército días antes que terminara la dictadura.

- Ese traspaso fue el 9 de marzo de 1990, dos día antes de asumir el Presidente Patricio Aylwin. La Sociedad Constructora Establecimientos Educacionales transfiere al Ejército varios terrenos, donde estaban esos, todo por una suma de $25 millones de la época. Además en esas fechas varias notarías hicieron muchas transferencias bajo esas mismas condiciones.

- Se marca un precedente, la Contraloría detiene la venta y también se conocen los decretos sobre la utilización.

-Pedí a la Contraloría aclarar si era lícito vender esos terrenos. En el trámite se conocen dos decretos del Ministerio de Bienes Nacionales, de los años noventa, donde se expresa que los terrenos son sólo para fines el Ejército, si no debían ser devueltos al ministerio. Por eso la Contraloría acoge mi solicitud y ahora esperamos el informe final para que el municipio de Victoria los pueda ocupar.

-En Traiguén no se logró detener la venta y se debió presentar una acción legal.

- Esos terrenos eran para casas de funcionarios, pero no se construyó nada. Son 3 lotes con 8.200 metros en total. Se licitaron y se lo adjudicó un sólo postor por el monto mínimo y no hubo otro oferente. Aquí también hay una petición del municipio para esos sitios, así que presenté un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco, con orden de no innovar, para que declare inválida esa licitación, mientras la Contraloría se pronuncia.

- ¿Se comparará esto a lo de Cema Chile?

-Esto es mucho más grande que lo de Cema Chile. Y los montos involucrados también lo son. Lo de Cema Chile no es nada en comparación con los terrenos que se han utilizado con otros fines, o que se han vendido. Hay que dejar en claro que el rol que tiene el Ejército no es el negocio inmobiliario, eso es lo que tiene que indagar la Comisión Investigadora, cuántos terrenos están en esta situación a lo largo de Chile y cuántos son los montos involucrados.

-¿Cómo evalúa el comportamiento del Ejército en Victoria y Traiguén?

-Es un comportamiento que ha establecido una regla general, ellos hacen lo que quieren con los terrenos, sin importar lo que hayan determinado los decretos de destinación.

- En estos traspasos y ventas, qué rol juega el Ministerio de Defensa, o el de Bienes Nacionales.

-Desgraciadamente ninguno. Tanto Defensa como Bienes Nacionales, en mi opinión, todavía está en una situación de mucha transición entre lo que fue el gobierno militar y lo que es la democracia. No actúan independientemente. Dependen muchísimo de la decisión de los comandantes en jefe de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.

-Aparte de los terrenos y Cema Chile, está el desfalco de la ley reservada del cobre. Se podría hablar de una red que efectúa operaciones económicas con fondos públicos, para beneficios personales.

-Eso lo tiene que determinar la Comisión Investigadora con más antecedentes, pero hasta ahora aparentemente así parece ser.

"Tanto defensa como Bienes Nacionales, en mi opinión todavía están en una situación de transición entre lo que fue el gobierno militar y lo que es la democracia". "Ellos (el Ejército) hacen lo que quieren con los terrenos, sin importar lo que haya determinado los decretos de destinación".

30 mil UF fue el monto que

se pidió por los 58 mil metros cuadrado de Victoria en una licitación publica.