Con charlas informativas, la AChM está informando a los municipios sobre la Ley de Plantas Municipales recientemente promulgada que se concretará el año 2018.
La normativa faculta a los alcaldes para que con acuerdo de los 2/3 del Concejo se creen o modifiquen las plantas de funcionarios cada 8 años.
Este sábado 21 de mayo en la plaza de Cholchol, a las 12.00 horas, se realizará un gran culto denominado "El día del clamor por el pueblo mapuche e iglesias evangélicas del campo". La iniciativa que espera reunir al pueblo evangélico del Biobío al Sur es organizada por Cristianos en Acción por la Paz en La Araucanía y la Red de Pastores Mapuches.
El seremi de Obras Públicas, Emilio Roa (PPD), rechazó tajantemente, vía declaración pública, las imputaciones de corrupción que se han vertido los últimos días en El Austral en contra del renunciado director de Vialidad, Pablo Rodríguez, y el subsecretario de la cartera, Sergio Galilea.
Dichas acusaciones las realizó el funcionario del MOP, Claudio Leiva, quien está suspendido de su cargo hace nueve meses, y el ex dirigente del MOP, Daniel Rojas. Leiva aparece, precisamente, en calidad de testigo de la denuncia de cohecho en contra de Pablo Rodríguez que interpuso en la Fiscalía el contratista Pedro Velasco.
RECHAZAN
"Ante declaraciones (...) en las que, entre otras materias, se intenta acusar a autoridades nacionales de esta Secretaría de Estado de cometer actos reñidos con la probidad, el MOP rechaza tajantemente estas imputaciones, las que son completamente falsas y no se ajustan a la realidad".
Roa subraya en la declaración que "las opiniones vertidas por los entrevistados carecen de veracidad y que no se corresponden con las tareas en las que se encuentran abocados los funcionarios del MOP".
Tareas que por lo demás, resalta Roa, significan "tener una impecable ejecución presupuestaria, la cual hemos liderado a nivel nacional durante estos dos últimos años".
En este tenor, el seremi hace un llamado a no sacar conclusiones apresuradas y dejar que los tribunales y los procesos administrativos resuelvan las correspondientes investigaciones.
Respecto de las acusaciones, el presidente de Anfavial, Álvaro González, dijo que "son opiniones personales que por ahora están en Fiscalía y muy pronto se va a saber la verdad y quién tiene la razón. Sólo hay que esperar".
El fiscal regional Cristian Paredes visitó la casa de acogida de la Corporación del Niño Leucémico en Temuco, una de las 26 instituciones que recibirán los aportes económicos de imputados, en el marco de un proyecto inédito en el país, que por segundo año desarrolla el Ministerio Público en la Región. El fiscal Paredes dijo que el norte de la iniciativa denominada "Suspensiones Condicionales con Sentido Social" es que de un delito menor, como ebriedad simple o cuasidelito, "se pueda sacar algo positivo" comprometiéndose el condenado con la institución a cambio de una salida alternativa.
Ante las críticas que surgieron en el Congreso por un eventual conflicto de interés que involucraría a los hermanos Joaquín y Eugenio Tuma (PPD), ambos aclararon que se trata de una acusación sin fundamento que protagoniza el diputado DC, Marcelo Chávez, en el marco de la propuesta parlamentaria que elaboró la comisión mixta para regular el cobro de estacionamientos en malls y supermercados.
En este contexto, las críticas apuntaron a la votación de los hermanos Tuma en la propuesta y su participación en la sociedad inmobiliaria Flamingo S.A., la cual le arrienda a supermercados en Temuco.
Al ser consultados al respecto, ambos aclararon que, efectivamente, tienen participación accionaria de carácter minoritaria en la inmobiliaria que le arrienda a supermercados, pero que estos recintos, en su mayoría, no tienen estacionamientos y el que los tiene no tipifica como conflicto de interés, ya que "en Temuco no se cobra por los estacionamientos en supermercados".
NO HAY CONFLICTO
El diputado Joaquín Tuma fue en enfático en advertir que "no existe conflicto de interés", ya que esto surgió "de un par de diputados que están tratando de ensuciar el acuerdo unánime logrado, todos votaron igual, salvo el diputado Chávez que se retiró debido a que buscaba una propuesta más audaz, la que no estaba apoyada por el Gobierno".
Al ser consultado el diputado Tuma, específicamente, por los arriendos de la inmobiliaria Flamingo y si es que existen ganancias atribuibles al cobro de estacionamientos, lo descartó categóricamente y aclaró que ninguno de los dos administra la sociedad (que está en manos de otro familiar) ni operan supermercados.
"Para empezar yo no opero supermercados desde hace 8 años, lo que pasó es que nos convertimos en una sociedad inmobiliaria, donde yo tengo el 10%", apuntó el diputado, quien enumeró los arriendos de la sociedad en Temuco y su participación en estacionamientos.
"Nosotros le arrendamos al supermercado El Trébol en Aldunate y no tiene estacionamientos. También a un Santa Isabel en Montt, que tampoco tiene estacionamientos. El único que tiene estacionamientos es el Centro Comercial Sevilla, pero resulta que no cobran y más encima hay varios dueños porque vendimos los locales, nos quedamos sólo el supermercado. Entonces, aquí no hay conflicto de interés y no veo cuál es la dificultad, si al final esto es un conflicto político".
El diputado Tuma lamentó que surgieran estas discrepancias "y que no se valore los avances que trae consigo esta propuesta para los consumidores". Por lo mismo, precisó que "tanto me han presionado que al final es posible que no vote".
El senador Eugenio Tuma (PPD), quien corroboró la versión de su hermano, a este listado le sumó un arriendo más. Se trata de un edificio de oficinas ubicado en calle Montt con General Mackenna que sí tiene estacionamientos con cobro.
"En este caso tampoco hay conflicto de interés, explicó el senador Eugenio Tuma, porque no se trata de un arriendo de estacionamientos para público, sino que son los arrendatarios de las oficinas quienes se encargan de cancelar en forma mensual sus respectivos estacionamientos. Por lo tanto, aquí no hay conflicto".
Una dura crítica a la Ley Antiterrorista fue la que realizó el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien fue invitado a la sesión que investiga la violencia en La Araucanía.
Abbot recalcó en la sesión que se necesita con urgencia modificar la Ley Antiterrorista.
"Hemos señalado que la ley vigente tiene algunas dificultades que dicen relación con la descripción de tipo penal que es necesario modificar, porque tiene elementos muy subjetivos de poder acreditar", subrayó.
Al respecto, el presidente de la comisión, el diputado Germán Becker (RN), aseveró que "no puede ser que la Ley Antiterrorista tenga menos herramientas para investigar que la ley de lavado de dinero o de drogas, en este sentido, estamos todos de acuerdo".
Jorge Rathgeb, también integrante de esta comisión, fue aún más crítico y dijo que sus expectativas se vieron frustradas. "Encontré a un fiscal nacional dubitativo que no tenía claridad respecto de cómo iba a abordar la problemática de La Araucanía", dijo.