La declaración de distintos directivos del Indap de la época, los beneficiarios y ejecutivos de la empresa Copeval, la que se adjudicó la licitación, es parte de las diligencias que solicitó el diputado Fernando Meza (PRSD) ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía (Fiac) para que investigue y establezca responsabilidades penales en la millonaria licitación y compra de cosechadoras en 2013, las que resultaron inservibles y hoy están abandonadas en los campos.
A juicio del legislador, se configuraron los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.
Además, el parlamentario solicitó se oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe hacerse parte del proceso. En la mañana de ayer y tal como lo adelantó El Austral, Meza entregó un cúmulo de antecedentes entre los que figura un informe de Contraloría con fecha 21 de abril de este año, el que confirma gran parte de las irregularidades denunciadas -en lo administrativo- .
Documento
La denuncia es dirigida en contra de quienes resulten responsables, al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quien la estudiará una vez en su poder. "No podemos parecernos a países que han caído en la corrupción de manera descomunal". Es la convicción del parlamentario que relató los hechos que busca desenmascar "caiga quien caiga", según afirmó.
Se trata de la adquisición en 2013 de 20 cosechadoras de cereal las que fueron repartidas en sectores rurales de la zona sur. Dos entregadas en la Región del Maule en el contexto del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI); cuatro al Biobío en ejecución del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y las otras 12 a La Araucanía en el marco del mismo programa. Al poco tiempo, las comunidades evidenciaron los problemas.
"En lugares donde no había trigo se entregó cosechadoras de trigo; necesitaban tractor, no se les dio tractor; ni asistencia técnica, ni siquiera combustible; tampoco cabían estas máquinas en los caminos rurales de La Araucanía; de tal manera que estos 500 millones de pesos que se invirtieron para comprar 20 máquinas inservibles, alguien se benefició con ellos", contó Meza.
Es más. El parlamentario realizó una cotización por la misma maquinaria que el Indap de la época gastó 24 millones por unidad y se sorprendió al conocer que el precio "no excede más que los 10 millones cada una. Se pagaron más de 20 millones por cada una de estas inservibles chatarras que están abandonadas en los campos de La Araucanía".
Con los antecedentes en mano y el respaldo del informe emitido por la Contraloría, el diputado asegura que "se abusó de la buena fe de las comunidades indígenas de los mapuches y les entregaron sin que ellos hayan solicitado jamás, unas máquinas que no servían para cosechar nada".
Desde el Indap, señalaron que existe la disposición de entregar toda la información que se requiera para esclarecer los hechos.
Conflicto de interés
El parlamentario acusó conflicto de interés por lazos de parentesco entre el director nacional de Indap de la época, Ricardo Aristía de Castro, y algunos accionistas de la sociedad anónima, Copeval, la que se adjudicó la compra.
"Se pagaron más de 20 millones por cada una de estas inservibles chatarras que están abandonadas".
Fernando Meza,, diputado PRSD
12 cosechadoras de cereal fueron entregadas a comunidades de La Araucanía sin que hayan postulado, a modo de "regalo".
4 órdenes de compra en enero de 2013, el Indap adquirió la maquinaria que por estos días está abandonada en los campos.