El proceso de descentralización del país ha generado durante los últimos días noticias que revelan que mientras por una parte hay un avance, por otro hay iniciativas que no marchan con la rapidez que fuera de desear. Recientemente, la Presidenta Bachelet promulgó la ley que, después de 22 años, modifica las plantas municipales, hecho que ha sido calificado desde el Gobierno como un paso muy importante para las comunas, como ejes de su proceso descentralizador.
Sin embargo, en el otro extremo se encuentra la controversia por el proyecto de ley que permite la elección de los intendentes y el cambio en la figura de la administración regional. Este proyecto es considerado uno de los más importantes y emblemáticos en el marco de este proceso.
El estancamiento se debe a desacuerdos entre el Senado y el Gobierno respecto a las atribuciones y el sistema de elección de las autoridades, que pasarán a ser gobernadores regionales bajo la nueva mirada.
Los hechos muestran nuevamente que el camino hacia un país menos centralizado no será tan corto ni menos fácil. Aunque parezca de sentido común hacer de Chile un país más inclusivo y empático con las regiones, hay muchos aspectos técnicos y políticos que aún quedan por resolver.
Los avances que se han ido sucediendo han apuntado a una mayor democratización, con la elección popular de los consejeros regionales, por ejemplo, y también a la modificación de las plantas municipales, pasos que parecen luchar contra una intensa corriente mientras ejes tan fundamentales como la elección de los intendentes queda en entredicho. En esta discusión, la nominación de un secretario regional presidencial no puede restar validez ni atribuciones a un intendente elegido democráticamente. Estas discusiones en torno al poder parecieran no dejar avanzar de manera más fluida el proceso.
Todo muestra que nuestro país necesita ajustar mucho más el debate y las convicciones respecto de la descentralización. Una descentralización real, que no sea el resultado de una retórica que al final, no promueva el desarrollo y crecimiento justo y equitativo a todo el país en su conjunto.