Los profesores de la educación particular subvencionada, que suman más del 60% de los docentes del país, deberán esperar -a diferencia de los municipales- hasta siete años al menos para acceder a los beneficios de la Ley de la Carrera Docente. Los primeros, de igual forma, están privados hasta ahora, de recibir el bono de incentivo al retiro, de sus pares de la educación pública. Los alumnos y familias de los colegios particulares subvencionados de financiamiento compartido, con cobro superior a los 30 mil pesos, no tienen por ahora ninguna posibilidad de acceder a la gratuidad universal.
El Gobierno ha establecido dos programas para la entrega de computadores a los escolares. Uno para los colegios particulares subvencionados, en donde el beneficio es sólo para aquellos que cumplan ciertas condiciones, entre ellos el nivel de rendimiento escolar. Y otro para las escuelas municipales, en donde estos instrumentos se entregan a todos sin excepción y sin condiciones. Situación que tienen muy molestos a los apoderados de comunidades mapuche de Ercilla que optaron por educar a sus hijos en la Escuela San Francisco. Son algunos ejemplos.
Paralelamente, el Gobierno anuncia que en los temas de educación, el Estado va a priorizar a los Establecimientos Públicos por sobre los privados, tanto escolares como de educación superior, a la hora de entregar recursos. Lo anterior podría tener sentido, siempre y cuando ello vaya asociado a determinados estándares de calidad, no a "todo evento", sin exigencias y por el solo hecho de ser instituciones "del Estado". Pero si ello es a costa de que los planteles privados, incluido los públicos no estatales, queden privados de recibir los recursos básicos para un buen desempeño de sus planes de desarrollo e identidad institucional, sería igualmente impresentable. Más aún si un porcentaje de ellos ya están en régimen de gratuidad.
Siempre se dijo que las reformas a la educación eran para poner término a la discriminación, entre otros temas. Desde el primer día, como Iglesia, manifestamos nuestro apoyo y colaboración para éstos objetivos. Sin embargo el modo en que las leyes y también los medios a través de los cuales se van implementando estos cambios, curiosamente van sumando nuevas e incomprensibles discriminaciones. Los niños y jóvenes, por el solo hecho en que haciendo uso de su derecho a elegir en dónde estudiar queden marginados de beneficios que merecen por ser ciudadanos de un mismo país. Más allá del discurso, pareciera no agradar un país diverso, plural, sin exclusiones.
Héctor Vargas Bastidas obispo de Temuco
