La querella que la Presidenta Michelle Bachelet presentó en contra de periodistas y editores de la revista Qué Pasa, luego que se publicaron las transcripciones telefónicas realizadas por el OS-9 a Juan Díaz en el marco del escándalo del caso Caval, abrió un duro debate sobre el derecho a la libertad de expresión en el país.
Las injurias se traducen en los dichos a través de los cuales una persona ofende a otra por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad. En tanto, la calumnia es la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió.
En La Araucanía, en mi calidad de abogado, he debido representar a decenas de periodistas que han enfrentado querellas por ejercer su derecho de informar y de cumplir con el deber de mantener a la comunidad informada. En la mayoría de los juicios los fallos han dado la razón a los medios de comunicación y a los profesionales de la prensa, que tienen la misión de cumplir con su rol fiscalizador, especialmente del aparato público, donde el rol del periodista resulta fundamental para sacar a la luz los hechos de corrupción.
Estos juicios se desarrollan ante un juez de Garantía tras la presentación de una querella. Es lo que se llama una acción penal privada, donde no interviene el Ministerio Público. Pero para que exista injuria, es necesaria la existencia de "animus injuriandi", es decir, la intención o ánimo de injuriar, de ofender, de deshonrar o desacreditar a la víctima.
En la literatura jurídica existen diversos animus que debilitan las injurias. Está el animus criticandi, informandi, narrandi, este último es el ánimo o intención de contar algo, de narrar. Es, por ejemplo, el caso del historiador que para reconstruir un hecho histórico, se refiere a las personas que han actuado en él, evidenciando los defectos o imperfecciones de los protagonistas.
Más allá del debate jurídico, cada vez que un periodista publica situaciones de interés público, porque le ocurren a una persona pública, se presentan las querellas por injurias, intentando coartar la libertad de expresión y el derecho a informar, que está establecido constitucionalmente, mellando una de las libertades que resulta fundamental para la convivencia democrática.
Lo ocurrido en la revista Qué Pasa, no sólo revela que los periodistas continuamente caminan por la cuerda floja, también es una invitación a tener un periodismo cada vez más responsable, más incisivo, que no claudique en su afán de informar.
Dionisio Ulloa Berrocal abogado