Diego Ahumada Santibáñez
La Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI Araucanía, incautó en horas de la mañana de ayer equipos computacionales desde la oficina regional del Servicio Nacional de Menores, Sename Araucanía.
Esto, en el marco de las diligencias ordenadas a nivel nacional por el fiscal que indaga las muertes de 185 niños en recintos dependientes Sename, Marcos Emilfork, entre 2005 y mayo de este año.
Diligencia
A las 9.30 horas del miércoles, detectives de la Brisexme ingresaron a las dependencias ubicadas en calle Miraflores 945, y se llevaron tres equipos computacionales, en una entrega que se produjo de manera voluntaria.
Allí, la directora regional del Sename, Ximena Oñate, recibió a la policía, firmando las actas de incautación respectivas, cerca del mediodía. Tras la diligencias, la PDI no quiso se referirse al respecto.
"Son computadores correspondientes a la gestión, en el área de protección y administrativa de nuestra Región", precisó Oñate.
Informó además que se acordó la entrega de documentación relacionada a la gestión de procedimientos al interior del organismo.
"Las carpetas de los casos no están guardadas en una bodega de la dirección regional, sino que toda la documentación de niños y niñas está albergada en los centro donde estos niños han sido atendidos, que es lo que corresponde legalmente, por lo tanto necesitamos solicitarlas", indicó la directora regional.
Asimismo, fue enfática en decir que el Sename ha colaborado constantemente con las distintas instancias que revisan los casos. "Nuestro mayor interés -y habrá una colaboración consecuente con aquello- es que se esclarezcan todos los elementos que sean necesarios respecto del funcionamiento de los servicios, con foco en la adecuada atención integral de niños y niñas que están ingresados".
Paso histórico
El diputado independiente, René Saffirio, recordó que a petición suya, el Ministerio de Justicia entregó a la Comisión Sename II del Congreso -a mediados de mes- un informe que revela que en 10 años murieron 185 niños que permanecían bajo la protección de instituciones dependientes del organismo público.
En ese contexto, el ex militante DC calificó como "un paso histórico" la diligencia. "Permite que por primera vez, el Estado de Chile se haga cargo de su propia negligencia o sus propios delitos, cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes que formaban parte de la red del Sename".
Valoró además, que "la decisión del Ministerio Público alimenta la esperanza de que al fin se pueda hacer justicia respecto de muertes que nunca fueron investigadas".
Sobre los 185 casos denunciados por el propio parlamentario, manifestó que "representan lo más oscuro de la historia de la infancia en Chile, y creo que el país tiene una oportunidad invaluable para poder reconciliarse con su infancia".
Saffirio no adelantó opiniones sobre lo que pueda decidir el fiscal a cargo, como por ejemplo reabrir casos archivados, y recordó la muerte ocho menores en un incendio en el hogar Alborada del Sename, en julio de 1999 en Temuco. "Murieron calcinados porque sus custodios les cerraron la reja desde afuera y no los dejaron salir, de tal manera que yo estoy muy conforme con la decisión tomada por el Ministerio Público".
Casos
Según el organismo, en La Araucanía entre el 2014 a la actualidad se han registrado "nueve fallecimientos; tres de ellos niños que ingresaron con patalogía de base graves en nuestras residencias; otros cinco casos atendidos en proyectos ambulatorios; y un caso en particular que tuvo la indicación administrativa o judicial de ser ingresado a un centro residencial, pero por los mismo motivos de salud nunca logró ser egresado del hospital".
El caso más grave data del año 2012, que corresponde a una adolescente que se suicidó al interior del Centro Alborada de Temuco. Un sumario que sigue en curso.
Tras la incautación de información desde la dirección Araucanía del Sename, el abogado de la familia de la menor, Oliver Pérez, dijo respecto de una posible reapertura del caso que "es probable que esta causa y quizás algunas otras investigaciones que se iniciaron, ante lo que puedan o no encontrar, puede que el MInisterio Público reabra si está la posibilidad de determinar responsabilidades. En ese caso hablamos de una responsabilidad por omisión".
Con fecha 23 de enero de 2014, la Fiscalía comunicó la decisión de no perseverar en la investigación y la familia de la víctima, por recursos, no siguió acciones civiles.
"La decisión del Ministerio Público alimenta la esperanza de que al fin se pueda hacer justicia".
René Saffirio,, diputad o DC