Ramón Tolosa Calderón
En un documento enviado a la Corte de Apelaciones de Temuco, el fiscal Regional Cristian Paredes, admitió que hay dos investigaciones desformalizadas en contra de defensores que representan a mapuches acusados por el crimen del matrimonio Luchsinger -Mackay.
Las indagatorias quedaron al descubierto luego que los abogados Karina Riquelme y Sebastián Saavedra presentaron en la Corte de Apelaciones de Temuco -el pasado viernes 23 de septiembre- un recurso de amparo, denunciando hostigamiento de la policía. En el documento los profesionales explicaron que funcionarios de civil les tomaban fotografías en el centro de justicia y en la vía pública.
Tras esta acción legal la Corte determinó que tanto Carabineros como la PDI debían entregar un informe para descartar o no esta denuncia.
Investigación
En este contexto, un documento firmado por el fiscal regional Cristian Paredes, sostiene que el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Torres, sigue dos investigaciones sobre hechos notificados al Ministerio Público.
El primero -dice el escrito- con fecha 5 de agosto del presente año cuando una persona cuya identidad se mantiene en reserva, manifestó a funcionarios de la Brigada de Investigaciones Especiales (Bipe) de la PDI, que la abogada Karina Riquelme le habría manifestado que estaba recabando información para perjudicar al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.
Esta investigación se fijó en 40 días y según el documento en caso alguno se dispusieron seguimientos o toma de fotografías, toda vez que aún no existe certeza sobre la identidad de la persona denunciada.
La otra causa tiene fecha el 4 de agosto pasado cuando una persona -quien solicita reserva de su identidad- indica a funcionarios policiales que recibió visitas de abogados de algunos comuneros ligados a la investigación de la causa Luchsinger Mackay, así como de quienes se identificaron como sus familiares.
El testigo dice -según el informe - que en una reunión al interior de una comunidad una mujer que se identificó como abogada de José Peralino, dijo que estaba realizando una denuncia contra funcionarios de la PDI que intervinieron en la detención de Peralino y que le habían ofrecido 10 millones de pesos para que declare contra los efectivos policiales, asegurándole además ayuda política y protección.
En el documento se precisa que esta investigación también se fijó en 40 días. Ambas indagaciones se encuentran desformalizadas con diligencias pendientes y que según lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, no resulta posible entregar mayores antecedentes.
Abogado
Quien representa a ambos profesionales en la interposición del recurso de amparo es el abogado Javier Jara Müller, quien se mostró extrañado por la respuesta de la Fiscalía.
"Nos sorprende que el Ministerio Público investigue hechos que no son constitutivos de delito y la única instrucción que entregó el Ministerio Público es determinar quién es Karina Riquelme, si ellos mismos son los que litigan a diario con ella. Uno se pregunta ¿en esto gasta el Fisco la plata de todos los chilenos?", expresó el abogado.
Jara adelantó que esperarán el veredicto de la Corte sobre la petición y después evaluarán posibles acciones legales. "Sería en contra de personas que están abusando del cargo que ocupan y en este sentido creo que el Colegio de Abogados debería pronunciarse si el actuar es ilegítimo o no", mencionó.
Consultado si los hechos denunciados por los abogados podrían afectar el desempeño de la defensa, el profesional afirmó que "creemos que entorpecen la labor, porque los hostigamientos denunciados provocan incertidumbre y temor en lo que pueda pasar", expresó
Fiscalía
El fiscal vocero, Rodrigo Garrido, explicó que en estas dos investigaciones "personas que se identifican como defensores de los comuneros han ofrecido dinero para obtener testimonios que perjudiquen a los fiscales y policías que intervienen en la investigación".
Al ser consultado por el delito que se está indagando, el fiscal Garrido dijo que "si se ofrece dinero para que se presenten testimonios que no son efectivos, eso puede dar lugar a algún delito y eso es lo que se quiere determinar".
Garrido señaló que como diligencia no han pedido seguimientos ni vigilancia "se menciona eso en el informe porque es parte del recurso de amparo", dijo el fiscal.
"Nos sorprende que el Ministerio Público investigue hechos que no son constitutivos de delito".
Javier Jara Müller,, abogado representante"