Sin la participación activa de las víctimas o testigos en el proceso penal, la tarea de hacer justicia se vuelve muy difícil. Y para que participen, deben sentirse razonablemente protegidos.
Lo anterior es una premisa aplicable a todo tipo de delitos, que cobra especial relevancia en nuestra región con el fenómeno de la violencia rural, donde los amedrentamientos y agresiones a personas que han participado como testigos han dejado de ser un problema hipotético y se han materializado en ocasiones con consecuencias graves.
Por eso hemos planteado que en la persecución penal de estos ilícitos es necesario la modificación y actualización de la legislación común, y también la legislación antiterrorista, en aspectos relativos a las medidas que se pueden adoptar en sede judicial para proteger la identidad y de esa forma la seguridad de la persona que declara.
Proyectos de ley como los contemplados en los boletines 9427-07 o 9009-07 de la Cámara de Diputados se encuentran encaminados en este sentido, pero llevan años en trámites legislativos y las dificultades en este ámbito persisten.
Hace algunas semanas la Fiscalía tomó la decisión de renunciar a los testigos que iba a presentar en un juicio por el ataque incendiario a un retén policial, luego que el tribunal les negara el uso de biombo como medida de protección, a pesar del temor que expresaron de entregar su testimonio a la vista de los acusados y el público.
Enfrentados a la tensión de intereses de obtener un resultado en un juicio o la seguridad de las personas que han confiado en la Fiscalía para entregar su testimonio, los fiscales siempre privilegiarán esto último, pero es imprescindible contar con normas expresas que garanticen el trato digno y que aseguren la integridad física y psicológica de la víctima o un testigo ante los tribunales de justicia.
Para evitar que la sensación de inseguridad que puede generar el intervenir en un juicio oral y público traiga como consecuencia la abstención de las personas de participar y la impunidad de delitos.
Cristian Paredes Valenzuela Fiscal regional de La Araucanía