Carolina Torres Moraga
Unos 600 pacientes de la Región que anualmente se ven favorecidos por la realización de ensayos clínicos de la industria farmacéutica para sus tratamientos, podrían verse afectados por un polémico artículo de la Ley Ricarte Soto que desincentiva la investigación biomédica.
La nueva Ley 20.850 que crea un sistema de financiamiento para tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo al fallecido periodista Ricarte Soto Gallegos, incluyó una modificación al Código Sanitario, que incorpora cambios sustanciales con respecto a la investigación en terapias farmacológicas y dispositivos médicos.
A grandes rasgos el proyecto de ley señala que los pacientes que sean objeto de estudios clínicos deben recibir tratamiento gratuito indefinidamente, a lo que no estarían dispuestos los laboratorios que los financian. Dichas modificaciones han provocado preocupación en aquellos sectores vinculados a la investigación clínica del país, quienes han hecho llegar sus observaciones respecto a la normativa.
Así lo manifestó el médico oncólogo y fundador de la Sociedad Oncológica del Sur, doctor Eduardo Yáñez, quien advirtió que a partir de esta legislación, lo que va a ocurrir es que "la industria no va a investigar más en Chile y debido a esto nosotros no vamos a tener la posibilidad de ofrecer programas de tratamiento con drogas modernas a nuestros pacientes".
A juicio del facultativo, la Ley Ricarte Soto "no aportó nada nuevo porque lo único que hizo fue burocratizar más el acceso a medicamentos". Según indicó, si la industria farmacológica deja de investigar "unos 600 pacientes se verán perjudicados. El Estado nunca va a tener la capacidad ni la cobertura para administrar drogas de alta tecnología".
Enfermos de cáncer en alerta
Frente a la preocupación planteada por las sociedades médicas y los representantes de la industria famacéutica, el presidente de la Asociación de Enfermos de Cáncer de la Región, Orlando Cotal, dijo estar en alerta frente a la situación ante una ley creada con grandes expectativas pues buscaba asegurar el financiamiento de diagnósticos y tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada, según lo expuesto por el Minsal. Hasta ahora son 14 las patologías que cubre esta ley.
patologías cubre la ley. Las últimas tres son Bomba de insulina, Mal de Crohn grave o fulminante y Nutrición enteral prolongada. 14
millones es el presupuesto que considera la ley a partir del tercer año de implementación, vale decir, 2017, considerado insuficiente por muchos sectores. 100 mil