La información es de suyo dramática y obliga a reflexionar: más de 15 mil personas han fallecido desde 2000 a causa de los distintos tipos de cáncer y, peor aún, cada año aumenta el número de víctimas de este terrible flagelo.
Este enemigo ataca silenciosamente para mostrarse cuando suele ser tarde, con las graves consecuencias que muchos conocen e impidiendo, en lo general, que la medicina esté en condiciones de entregar una solución eficaz y eficiente.
Estos antecedentes tan generales son de público conocimiento, tanto a nivel de expertos como autoridades y la propia comunidad. Sin embargo, cabe preguntarse qué se ha hecho y qué se está haciendo para procurar diagnósticos precoces que podrían evitar tanto dolor, sufrimiento y desesperación cuando ya se han agotado los recursos necesarios para hacer frente a una enfermedad en sus máximos niveles, que obliga a desembolsos prohibitivos.
Cuanto de ello pudiera evitarse con un diagnóstico temprano, pero el país carece de normativas que obliguen a que cada ciudadano sea sometido a exámenes preventivos que detecten ésta y otras enfermedades y tratarlas procurando la recuperación del paciente y a un costo razonable.
En la salud pública el Estado invierte cuantiosísimos recursos para enfrentar este flagelo, pudiendo implementar una política de prevención que minimice esos gastos. En el caso específico de La Araucanía está pendiente un centro oncológico para radiología y quimioterapia, que se suma a muchos esfuerzos tendientes a tratar a los pacientes.
Nuestra sociedad se ha acostumbrado a pensar a cada paso en programas especiales para reaccionar ante todo tipo de emergencias y la salud no escapa a esa mentalidad que ha sido imposible cambiar y que obliga, con el transcurso del tiempo, a gastos en ocasiones imposibles de afrontar, tanto a nivel particular como estatal.
Chile y la Región construyen hospitales para tratar enfermedades, pero hay escasa preocupación para evitarlas, que sería un protocolo normal a seguir, terminando con una política errada.