"La legislación actual antiterrorista vulnera
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se reunió ayer con el intendente de La Araucanía, Miguel Hernández y también con el general de Carabineros de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, Eric Gajardo, para plantear una serie de preocupaciones que tiene el Instituto.
-¿Hay terrorismo en La Araucanía?
-La definición o la existencia de terrorismo es una decisión jurisdiccional, por tanto son el juez de Garantía, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema los que se tienen que pronunciar sobre si un hecho es o no es terrorista. Lo que el INDH puede decir es que todos los actos delictuales tienen que ser investigados de manera pronta y efectiva.
- ¿Se equivoca la Fiscalía o se equivoca el Gobierno al invocar la Ley Antiterrorista?
- Más allá de la procedencia de la invocación, el Instituto pone énfasis en las normas de esta ley, porque infringen el debido proceso. Cuando el Estado pretende la persecución penal, lo que tiene que hacer es dar garantías de debido proceso, las que aseguran la legitimidad de los resultados de la sanción penal o de la absolución. Cuando se invoca esta ley, más allá de aumentar o disminuir penas, lo que se invoca es una alteración de las reglas del debido proceso y eso, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, no es aceptable.
- Como INDH, ¿le han solicitado al Gobierno retirar querellas por Ley Antiterrorista?
- Hemos tenido dos posturas: primero, la reforma de la ley para que se adecúe a estándares de Derechos Humanos. Legislaciones de excepción o disoluciones extraordinarias pueden existir, pero esas legislaciones no pueden afectar derechos humanos, en este caso, el derecho al debido proceso. Además, esta ley, al tener hipótesis tan amplias de aplicación, puede dar lugar a criterios discriminatorios.
- ¿Existe un costo para la imagen país el aplicar la Ley Antiterrorista?
- La legislación actual antiterrorista vulnera la imagen país en materia de DD.HH., porque se aplica una legislación que tiene una mentalidad originada en dictadura y se forjó con códigos antidemocráticos. Lo que se tiene que hacer es reformar esta legislación para que sea acorde con los estándares de DD.HH.
- ¿Se respetan los DD.HH. en La Araucanía?
- La diferencia entre un estado respetuoso o no con los DD.HH. radica en las medidas que adopta para poder remediar violaciones de derechos. El Estado debe articular medios para prevenir violaciones y hacer las investigaciones y reparaciones correspondientes. En La Araucanía, el Instituto ha puesto el acento en derechos de los pueblos indígenas, en el uso desproporcionado de la fuerza y en la compatibilización de un modelo de desarrollo económico con el respeto del medioambiente.
- Usted se reunió hoy con el general Eric Gajardo. ¿Existe preocupación del Instituto sobre cómo Carabineros realiza sus operaciones en esta zona?
- Sí, el Instituto ha interpuesto recursos constitucionales, como amparos o querellas criminales por operativos desproporcionados. La preocupación que le expresamos al general, es sobre cómo Carabineros puede adaptarse a las sentencias de la Corte Suprema, porque cuando ésta dice específicamente que algún procedimiento tuvo un uso excesivo de la fuerza pública, lo importante es que Carabineros haga un uso proporcionado en el próximo operativo. Estamos abiertos a ayudar a que la institución modifique sus prácticas y haga un uso de la fuerza que respete los derechos humanos.
- La Multigremial y la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural sostienen que el INDH no se preocupa de la vulneración de sus derechos ¿Qué les puede decir usted?
- He tenido reuniones con ellos y la sede regional tiene las puertas abiertas para mantener un diálogo permanente. Hay que entender que esas asociaciones son víctimas de un conflicto intercultural que no se va a solucionar con más medidas policiales, sino que con diálogo político de alto nivel. El pueblo indígena y el Estado deben dialogar, porque los únicos que están perdiendo son los ciudadanos de la Región, tanto mapuches como no mapuches.
- ¿Han presentado querellas por agricultores a quienes les han quemado las casas o predios?
- En las querellas de conflicto entre personas privadas, la investigación radica en el Ministerio Público. El Instituto acciona cuando existe una intervención de un agente estatal en perjuicio de una persona. Lo que se tiene que incentivar es que policías y Fiscalía investiguen eficazmente. Ahora, la sanción de las personas imputadas por violencia rural, que muchas veces son mapuches, tienen que tener garantías de debido proceso.
- Comunidades sostienen que la zona está militarizada ¿Es así, a su juicio?
- La presencia de Carabineros es mayor en la zona y se ha denunciado un excesivo contingente policial por medidas de protección o por allanamientos. Eso obedece a una política de tratar de abordar el conflicto con más medidas policiales, y ha demostrado un aumento de violencia.
- ¿Qué le parece que efectivos del Ejército hayan ingresado a comunidades durante el Estado de excepción por incendios forestales?
- El uso de la fuerza tiene que estar regulado, y el uso de efectivos militares tiene que conducirse con el Estado de Excepción. El uso de personal militar para resguardo de orden público cuando no existe la procedencia objetiva es un asunto preocupante.
- ¿Es partidario de indultar a los militares condenados por violaciones a los DD.HH. en el país?
- Las personas privadas de libertad no pierden sus derechos ni su dignidad y en el cumplimiento penitenciario hay que tener los DD.HH. por delante. En materia de personas condenadas por graves delitos contra los DD.HH., toda medida que sea reemplazo de la pena, tiene que ser compatible con la lucha en contra de la impunidad, tiene que ser causal objetiva y altamente específica para que no sea una forma de eludir a la justicia.
la imagen país en
materia de DD.HH."
"Cuando se invoca la Ley Antiterrorista, más allá de aumentar o disminuir las penas, lo que se invoca es una alteración de las reglas del debido proceso, y eso no es aceptable". "El uso de personal militar para resguardo de orden público cuando no existe la procedencia objetiva es un asunto preocupante". "Las acciones judiciales del Instituto en la Región giran en torno al uso desproporcionado de la fuerza de Carabineros y generalmente son vinculados al conflicto"."
recursos de amparo Dos