Andrea Arias Vega
Según resolución exenta del 3 de abril de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entró en vigencia la glosa presupuestaria de 3 mil millones de pesos para las víctimas de la violencia rural.
La aprobación del programa corresponde a un "plan comunal especial de reposición de las actividades económicas que resulten afectadas por eventos de violencia rural en la Región de La Araucanía y provincias del Biobío y de Los Ríos".
Así lo informó este miércoles a la bancada parlamentaria de La Araucanía el subsecretario de Prevención del delito, Óscar Carrasco, quien les comunicó las características, estado y alcances del programa.
Los parlamentarios, por su parte, establecieron sus objeciones al respecto y quedaron se volverse a reunir para compilarlas.
Glosa
De acuerdo a lo especificado en la resolución, los 3 mil millones no son sólo para las provincias de Cautín y Malleco en La Araucanía, se incluyó además a las provincias de Arauco, Biobío y Valdivia.
El programa consiste en un plan especial de apoyo financiero no reembolsable que se entregará vía subsidio ejecutado por Corfo y Sercotec.
Está destinado a la recuperación económica de la micro, pequeña y mediana empresa, siendo los beneficiarios personas naturales o jurídicas que tributen en primera categoría y que para efectos de este plan tengan la calidad de víctima (artículo 108 del Código Procesal Penal) y que, por lo tanto, hayan resultado afectados como consecuencia de un delito de violencia rural.
Durante este mes, las respectivas intendencias se encuentran levantando el catastro de beneficiarios del plan, siendo a futuro un comité técnico a cargo del jefe regional (compuesto por el seremi de Economía, un representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los directores de Sercotec y Corfo) quien se asegurará del buen funcionamiento.
El catastro que se está confeccionando incluye la información personal y comercial de los afectados, datos que servirán, entre otras cosas, para definir los criterios de priorización, cuando el número de beneficiarios y sus pérdidas sean superiores a los recursos disponibles.
Objeciones
Si bien no está especificado en la resolución, los parlamentarios advirtieron que sólo pueden participar del plan los afectados desde el 1 de enero de 2014, situación que criticaron.
Otro de las objeciones que analizaron los congresistas es que los recursos serán insuficientes y que quienes tienen deudas no podrán ser beneficiarios.
Así lo explicó el vocero de la bancada parlamentaria, José García Ruminot. "Estos recursos serán muy insuficientes, así es que las próximas leyes de presupuestos, pero especialmente la Ley Araucanía, tendrían que hacerse cargo de la reparación y apoyo a las víctimas".
García añadió que "lo que conocemos hasta aquí nos deja muy preocupados porque no sabemos qué pasará con las víctimas anteriores al 1 de enero de 2014, qué pasará con aquellos que tengan deudas tributarias, laborales y previsionales si no demuestran tener convenios de pagos, tampoco sabemos cómo se priorizará a las víctimas que cumplen con todos los requisitos, ni cuáles serán los montos de los proyectos", aseveró el senador.
El diputado Fernando Meza (PRSD) acotó que también manifestó su molestia al respecto, ya que "estamos en presencia de un monto insuficiente que puede despertar más rechazo que aprobación, además no cubre el daño que han sufrido las iglesias ni casas particulares".
