Personas mayores y sueldo mínimo
Este mes en que celebramos a los trabajadores, me parece pertinente hablar de una grave situación de discriminación que afecta a personas mayores de nuestro país.
La ley 20.935 establece que el sueldo mínimo para las personas mayores de 65 años es de $192.230, es decir, un 25% más bajo que el sueldo mínimo del resto de trabajadores mayores de 18 años (actualmente de $257.500). Esta realidad no sólo afecta económicamente a las personas mayores, sino que además fomenta una imagen negativa del envejecimiento y de la vejez pues entrega la errada y grave señal de que "su trabajo vale menos".
Chile no puede permitirse esta grave discriminación, menos ahora que hemos ratificado la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que señala expresamente que el empleo o la ocupación de las personas mayores debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.
Es tiempo de determinar con esta situación. No ponerlo en la agenda es un error garrafal, que más temprano que tarde nos afectará social y económicamente. Es tarea de todos trabajar en la promoción de una imagen positiva del envejecimiento y la vejez, enfatizando el potencial y ventajas comparativas como la experiencia de las personas mayores en materia laboral, derribando mitos y prejuicios en torno a este segmento etario. Como sociedad debemos abrir espacios para que aquellos adultos mayores que quieran seguir activos después de los 60 años, puedan hacerlo en igualdad de condiciones, en actividades dignas y con salarios adecuados.
Consuelo Moreno
legitimidad de las demandas
En la edición del martes recién pasado, don Venancio Coñuepán cita una carta mía enviada a este medio, y pone el foco de su réplica en un eje distinto al que yo planteo. Me acusa de utilizar una publicación científica para criticar la legitimidad de las demandas mapuches, lo que es un error.
Yo no critico ni pongo en duda la existencia de un conflicto y sus demandas, sólo me pregunto dónde radica su legitimidad y cuáles son sus límites.
Y es a esa pregunta a la que aporto como antecedente un dato científico incuestionable: somos un pueblo mestizo -especialmente en nuestra Región- los que conformamos la gran estirpe chilena. En ella se funden muchos orígenes étnicos, predominando el ancestro mapuche.
Cuando me refiero a los "intentos racistas que tratan de dividir entre huincas y mapuches", me refiero a lo mismo que don Venancio ha hecho conmigo en su carta, esto es segregándome al suponer un segundo apellido y además adjudicándome sintonía ideológica por parentesco.
Yo jamás cuestionaría sus planteamientos en el evento que su segundo apellido fuera Mesías, de claro origen español, ni menos afinidad con las ideas conservadoras si su abuelo hubiera sido el ilustre Don Venancio, ministro durante el gobierno de don Jorge Alessandri, sino por el propio mérito de éstos.
Por ello creo que es un acto de voluntarismo y exclusión, clasificar a las personas de esta Región por sus ascendientes, ya que para gloria y orgullo de Chile, somos parte de una gran nación creada a partir del acervo genético y cultural de muchas etnias, incluidos picunches y huilliches, desplazados hacia el norte y sur respectivamente, luego de la irrupción y conquista de este territorio por mapuches procedentes de las pampas orientales poco antes de la llegada de los españoles a estas tierras.
Así lo demuestra la ciencia y así lo recoge la historia y es lo que nos ha transformado, después de más de quinientos años, en uno de los mejores países del continente.
Antonio Cordero
Judicialización vs Maquiavelo
Afortunadamente para el futuro del país y particularmente para los ciudadanos sin poder económico, gracias a la judicialización de las inversiones se han frenado maquiavélicos proyectos por parte de grandes empresas nacionales y trasnacionales, que antes hacían y deshacían con el sólo afán de lucro, sin importarles el irreparable daño de carácter ambiental o de otro tipo que causarían a la calidad de vida de una ciudad o pueblo determinado.
Qué mejor ejemplo de lo anterior es la ciudad de Constitución, dañada con la insoportable hediondez que deben soportar sus sufridos habitantes producto de la instalación de una empresa procesadora de celulosa. Estoy seguro que si antes de instalarse esta empresa hubiera tenido que respetar la legislación vigente, la ciudad de Constitución viviría en un ambiente de calidad y de gran desarrollo turístico. Casos como esta ciudad hay muchos, como la tragedia de Til Til por las empresas de basura.
Hoy afortunadamente para el país, por la judicialización de las inversiones se encuentran detenidas, pese al siniestro lobby informal, entre otras, la construcción del proyecto minero de hierro Dominga y el emblemático de las Empresas Copec, para ampliar la planta de celulosa en Arauco e instalar una de pulpa textil en Valdivia. Sin duda éstas como otras no tienen el mínimo respeto por los derechos humanos, ya que para ellas, el fin justifica los medios ilícitos y anti éticos para enriquecerse, conscientes de que dañará la vida de los ciudadanos.
Jaime Ojeda
