Carabineros de la Octava Comisaría logró la detención de una banda delictual compuesta por tres menores de edad que asaltaron a mano armada una panadería, sustrayendo la recaudación del día. El robo afectó a la Panadería San Ernesto, ubicada en el sector Dreves de Temuco.

"Tres sujetos armados intimidan a los dependientes para sustraer el dinero que tenían recaudado en la caja y se dan a la fuga. Carabineros al tomar conocimiento del hecho, rápidamente acciona y logra la ubicación en las inmediaciones de los tres sujetos", destacó el comisario de la Octava Comisaría, el mayor Max Zoldan.

Los tres menores de edad quedaron a disposición del Juzgado de Garantía para el control de la detención.

Camilo Garrido

Tras conocer una serie de situaciones irregulares al interior de Corporación Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía (conocida también como Agencia de Desarrollo), el intendente Miguel Hernández pidió a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público que investigue los hechos que él mismo, en calidad de presidente del directorio y de la corporación, denunció al ente persecutor.

La máxima autoridad regional expone en la misiva -dirigida al fiscal regional Cristian Paredes- la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos (calculando el dinero involucrado en 400 Unidades Tributarias Mensuales o UTM) y asociación ilícita.

Ante esta situación, pide ordenar la incautación y registro de antecedentes financieros y de los computadores en funcionamiento en la institución, como también que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y que se cite a declarar a todos los gerentes generales y directores de la Agencia Regional, desde la creación de la corporación de derecho privado en 2011, con el fin de determinar sus responsabilidades.

Las denuncias

A través de un documento de 17 páginas, el jefe regional consigna una serie de hechos que han ocurrido a la fecha, como una "problemática" mencionada a la autoridad por el exgerente general Robinson López consistente en "no existir dineros suficientes para cubrir las remuneraciones de los funcionarios contratados a modalidad de honorarios en dicha corporación, montos que sólo estarían cubiertos hasta el mes de agosto del presente año", como narra Hernández, y que él considera textualmente como una "deficiente planificación y una eventual comisión de delitos en dicha agencia".

A través de la misma denuncia, el intendente consigna que le solicitó a López los últimos balances financieros que sustentan las operaciones de la Agencia mientras él seguía siendo parte de la Gerencia, ante lo cual el exseremi de Economía se negó a entregar la información solicitada, "reconociéndose que la corporación se encuentra en mora de la obligación de rendir cuenta de conformidad a los estatutos y de la ley, desde el mes de abril del presente año".

El intendente explica que tras el descubrimiento de nuevos antecedentes y "una eventual comisión de delitos", desvinculó a López y nombró a su nuevo gerente interino, Rodrigo Sandoval Castro, a quien encargó análisis y revisiones del problema.

Al referirse a posibles delitos el intendente menciona una serie de contratos de prestación de servicios de terceros, pero donde asegura que hay una carencia de evidencia material de productos pagados.

Entre la serie de antecedentes se menciona la prestación de servicios de producción de eventos, marketing y arriendo de equipos de parte de Sociedad Pedrero y Alarcón Limitada por un total de $16 millones 950 mil en dos contratos distintos, ambos firmados el 1 de marzo de este año, en los cuales no existiría verificación material y formal de la existencia de productos solicitados, sumado a que no existiría una aprobación del contrato en concordancia con el presidente del directorio.

Riesgos penales

Tras la presentación de la denuncia al fiscal regional el pasado 17 de julio, la Agencia de Desarrollo está preparando el diseño de un modelo de prevención de delitos, en el cual está participando el abogado penalista y doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Gustavo Balmaceda.

"Se me pidió una evaluación de riesgos penales por parte de la corporación para proponer un modelo de prevención de delitos", indicó el profesional, explicando que en la actualidad se encuentran "en una fase inicial donde se pidió una evaluación de posibles riesgos penales".

Según cuenta el abogado, toda persona jurídica de derecho privado y empresas del Estado se rigen bajo la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 20.393), y que esta corporación no tenía la obligación de contar con un modelo de prevención de delitos, aunque de todas formas lo creará "lo más pronto posible".

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"El propósito del intendente en este caso es que no se cometan delitos al interior de la corporación y por eso está pidiendo la asesoría de un experto en derechos penales económicos".

Gustavo Balmaceda,

abogado especialista en, Derechos Penales Económicos"

Tres organizaciones mapuche pehuenches de la localidad de Pedregoso, en la comuna de Lonquimay, implementarán un proyecto que permitirá la creación de huertos para uso comunitario, con el objetivo de potenciar la soberanía alimentaria de 26 familias del lugar y promover una gestión sostenible y colaborativa del territorio.

La iniciativa de $40 millones en inversión se enmarca en el proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, que desde 2015 ejecuta el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En un evento celebrado en la Junta de Vecinos Central de Pedregoso, representantes de esta última, del Club de Adulto Mayor Folil Pehuen y de la Mesa Territorial Pedregoso presentaron la iniciativa, diseñada y postulada al proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles por las entidades instaladas en la zona cordillerana.

La iniciativa, denominada Huertos Pehuenches de Alta Montaña, permitirá a 26 familias mapuche-pehuenches implementar un marco de gestión predial sostenible por medio de la creación de huertos de uso comunitario y de la reforestación con especies nativas. Con ello, las comunidades esperan promover su autosuficiencia -por medio del cultivo y la comercialización de vegetales en base a la producción agroecológica-, revertir la degradación que sufren los terrenos que habitan y fortalecer los vínculos colectivos o el Küme mognen ('buen vivir comunitario'), mejorando prácticas socioambientales de las familias.