Isabel Farías Meyer
De acuerdo a la información que entregó Gerónimo Molina, coordinador del Plan Especial de Recuperación Productiva, de 3 mil millones de pesos para los afectados por actos de violencia rural, los conductores que no sean contribuyentes de primera categoría, es decir, dueños de camiones o maquinaria agrícola, no recibirán el subsidio.
Si bien la entrega del monto -que fue destinado por el Gobierno a través de una glosa presupuestaria-, según confirmó la Intendencia, comenzará a finales de agosto, choferes que fueron víctimas de atentados aseveraron que el anuncio del plan sólo es una "trampa política".
El coordinador del Plan Especial de Recuperación Productiva de las regiones de las gobernaciones de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia, Gerónimo Molina, informó que los 3 mil millones de pesos que fueron anunciados hace más de siete meses, sólo incluyen a los empresarios que sean contribuyentes de impuesto de primera categoría, es decir, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes poseen o exploten bienes raíces agrícolas, no agrícolas o que obtengan rentas de capitales mobiliarios.
"De la lista de beneficiados, nosotros tenemos que excluir los que no son empresas. Entre los considerados, hay camioneros, contratistas forestales, dueños de fundos, agricultores", aclaró Gerónimo Molina, quien agregó que "no sabe qué sucederá con las otras víctimas" que no sean dueños de camiones pero que hayan sufrido los efectos de un ataque de estas características, porque "nosotros no participamos en el diseño del plan".
Además, Molina confirmó que la entrega de los subsidios, que son seleccionados por el Comité Técnico Regional - compuesto por el Servicio General de Cooperación Técnica (Sercotec) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) - , presidido por la intendenta Nora Barrientos (PS), partirá a finales de agosto a las víctimas que cumplan con los requisitos.
Intendencia
Sobre la materia, la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, tras ser consultada sobre la no inclusión de personas naturales, dijo que "lo que se busca es colaborarles para que recuperen sus medios de producción. Por eso es que las instituciones a cargo de estos $3 mil millones son Sercotec y Corfo".
Barrientos detalló que la nómina de las personas afectadas la entregará la Intendencia, que la coordinación operativa está a cargo de la Subsecretaría de la Prevención del Delito y, que el ejecutor del fondo es Corfo y Secotec.
Agregó que la decisión final de quienes serán los beneficiados será a través de un mecanismo que incluye un análisis jurídico, económico y entrevista con las víctimas.
"¿cuáles víctimas?"
Si bien el 24 de noviembre de 2016 en el Senado se aprobaron los $3 mil millones a través de una glosa presupuestaria, es decir, con recursos nacionales y que el 1 de junio de este año fueron nuevamente mencionados en la Cuenta Pública de la Presidenta Michelle Bachelet, dos de los conductores de camiones que han sido víctimas de atentados, no sabían que no estaban contemplados.
Para Rodrigo Ramos, quien era chofer de un camión que sufrió un atentado el 2 de octubre de 2014 en la Ruta 5 Sur, el plan "no tiene ningún sentido porque no se pensó para los que realmente sufrimos. ¿Cuáles son las víctimas?, ¿cómo pensó el Gobierno la ayuda? Es una sinvergüenzura que no tiene nombre. Cualquier persona que sabe que a mí me encañonaron entiende que automáticamente me hace víctima".
Ramos agregó que no existe una organización que aglutine a los choferes.
En la misma línea, José Luis Oñate, conductor de un camión quemado el 30 de enero de 2016, dijo que "es una sensación de vulnerabilidad y desamparo. No se lo doy a nadie. Yo gasté más de $200 mil pesos en mis remedios para poder dormir. No recibir al menos una ayuda psicológica, es triste. Los pobres nuevamente estamos desprotegidos".
José Luis Oñate y Rodrigo Ramos todavía se emocionan al hablar sobre los episodios ocurridos en Ercilla y Pailahueque.
"Nadie nos ha contactado"
Pese a que el plan beneficiará a los dueños de camiones, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, dijo que hasta la fecha "nadie nos ha contactado. Esto comenzó en 2016 y hasta ahora no ha pasado nada. Claramente la idea es ganar tiempo para que no entreguen los recursos". Además, Villagrán agregó que la llegada de Gerónimo Molina responde a que el Gobierno "está sólo creando cargos para tapar la improvisación. Para mí que los recursos quedarán en la Subsecretaría de Prevención del Delito".
Requisitos
para ser beneficiario del programa:
Tener calidad de víctima según lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal.
Ser contribuyente de impuesto de primera categoría.
Que la actividad productiva ejercida por el solicitante haya resultado directamente afectada como consecuencia de un delito de violencia rural.
casos fueron entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito a Sercotec. No incluye choferes. 150
