La Policía de Investigaciones (PDI) ha puesto especial énfasis para desarticular los puntos de venta de drogas detectados en diferentes ciudades del país y la Región.

El organismo policial ha definido lugares en cada región donde opera el microtráfico, para desarticularlo y detener a los implicados.

Cada vez se hacen más frecuentes las informaciones que indican que la policía ha detenido a sujetos que venden droga cerca de establecimientos educacionales. Esto indica que el microtráfico se acerca cada vez más a los estudiantes, por lo que hay preocupación entre el profesorado. No es un misterio que en los liceos la droga ha entrado y que pareciera que los esfuerzos que se hacen para frenar este problema no son suficientes.

Si bien es cierto que las denuncias no son muchas y que el problema afecta a un reducido grupo de la población estudiantil, esta adicción se contagia rápidamente y expone a los alumnos más vulnerables. Hay una fuerte presión de microtraficantes que se colocan en las cercanías de los colegios buscando nuevos consumidores. Y a ello se suma que hay alumnos que caen en las redes de convertirse en vendedores al interior de los establecimientos, lo que hace que la venta clandestina se masifique más rápido.

Estos son los principales problemas que afectan a los planteles. Y este microtráfico encubierto trae como consecuencias otras situaciones, como amenazas, acosos, riñas y hasta enfrentamientos.

La droga trae secuelas que afectan la convivencia escolar, y genera temores en la comunidad, ya que este ambiente se mueve con violencia. Hay que considerar que esta situación constituye el último eslabón de una larga cadena que parte con la organización criminal y la delincuencia, porque sus objetivos son generar recursos, y si no existe la ayuda especializada el problema se puede escapar de las manos e involucrar a un mayor número de menores.

Por eso, hay que tomar medidas, por lo que el plan contra el microtráfico apunta en ese sentido, actuando en sectores de riesgo.

Desde Sofofa hemos apoyado un Sernac con atribuciones para defender eficazmente los derechos de los consumidores. Sin embargo, cuestionamos la concentración de múltiples potestades en un mismo órgano. Con el lanzamiento de la agenda +SIMPLE=MEJOR queremos recalcar la importancia de una regulación eficaz, eficiente y efectiva: aquella capaz de configurar un balanceado sistema de incentivos y sanciones para influir en la conducta de los agentes económicos. La clave está en determinar el equilibrio, definiendo cuánto garrote, zanahoria e intervención y no en promover el relajamiento normativo o derechamente la des-regulación, cómo algunos nos atribuyen.

¿Con qué nos encontramos al analizar el equilibrio propuesto por la actual reforma al sistema de protección de derechos de los consumidores? Con un Sernac que detenta las potestades normativas, interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras de las superintendencias, pero manteniendo y robusteciendo sus actuales facultades mediadoras, además de la legitimación activa para interponer acciones colectivas. Y todo ello, elevando las multas máximas a montos que podrían dejar a las pequeñas y medianas empresas en la insolvencia, permitiéndole, además, demandar por daños punitivos y morales. Por ello, consideramos que el actual proyecto crea un desequilibrio que exacerba las sanciones, incrementa la imprevisibilidad y genera una superposición de intereses y competencias con otras agencias reguladoras. Pero más preocupante aún, el proyecto pone en riesgo la efectividad de su actual función mediadora, al dotar al Sernac de facultades para dictar normas que desincentivarán a las partes a requerir su intervención para zanjar conflictos, dejando, también, especialmente vulnerables a las pymes de la Región de La Araucanía.

La OCDE viene emplazándonos hace años para que asumamos el desafío de implementar cambios normativos analizando su impacto regulatorio. Este proyecto triplica los actuales costos del Sernac, sin evaluar los beneficios de dicho incremento. Ya observamos las consecuencias en el crecimiento y la inversión de cambios regulatorios que, como el laboral y el tributario, no se implementaron siguiendo estándares internacionales. Tomemos este proyecto como una oportunidad para seguir un camino distinto.

Gonzalo Said, vicepresidente de Sofofa

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