Rodrigo Zamorano C.
Efectivos del OS-9 de Carabineros llevaron a cabo el pasado jueves un allanamiento a las oficinas de la empresa de transportes Surtrans, propiedad de Gerardo Jara Fernández, pareja de la exfuncionaria de la Seremi de Transportes, Alejandra Rodríguez, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser imputada por el millonario fraude de colectivos en Temuco.
Jara también se encuentra en calidad de imputado desformalizado en la investigación que lleva la Fiscalía por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
En la diligencia realizada en la oficina de la empresa de transportes, ubicada en la avenida Caupolicán con Las Heras, la policía logró reunir documentación que fue solicitada por la investigación.
"En horas de la mañana (del jueves) personal policial de la Sección OS-9 Araucanía, dio cumplimiento a una orden de registro e incautación, emanada del juzgado de Garantía", señaló el jefe del OS-9, el capitán Juan Manuel Payeras.
"Se logró incautar diversa documentación relevante para la investigación, entre ella boletas, facturas y correos electrónicos", precisó el jefe policial.
ORDEN DE DETENCIÓN
Junto con la orden de entrada y registro a las oficinas de Surtrans, la policía se dirigió al domicilio de Gerardo Jara en virtud de una orden de detención verbal dictada por el Juzgado de Garantía, sin embargo, el imputado ya no se encontraba en el lugar.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que ahora se está a la espera de una nueva orden de detención de carácter permanente para dar con el paradero del empresario del rubro de transportes.
Jara resultó vinculado al caso luego de que la Fiscalía imputó a Rodríguez el delito de lavado de activos, figura especial relacionada con la simulación y ocultamiento de bienes adquiridos por dineros proveniente de delitos.
Uno de esos bienes sería la remodelación de la casa de la pareja, que alcanzó los $ 100 millones, inversión que fue cuestionada por la Fiscalía, dado que los ingresos de la exfuncionaria de la Seremi de Transportes no se relacionarían con el pago en efectivo de aquel monto.
En la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Gutiérrez aseguró que la mujer utilizó a Jara como testaferro para, a través de su nombre, realizar los pagos.
Sin embargo, Jara, en conversación con El Austral el 9 de junio, aseveró que aclararía personalmente el origen de los dineros con los que se pagó el domicilio.
EL CASO
En medio de la investigación por el millonario fraude que afectó a 165 colectivos, la exfuncionaria de la Seremi de Transportes, Alejandra Rodríguez, fue formalizada por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
Por tales ilícitos, Rodríguez se mantiene desde el pasado 5 de junio en prisión preventiva tras haber sido considerada por el juzgado "como un peligro para seguridad de la sociedad".
A solo dos días de su formalización, su pareja, Gerardo Jara, le solicitó a la exfuncionaria cambiar de abogado, dejando de lado al letrado Orwald Casanova, por el jurista Manuel Contreras.
Sin embargo, al cabo de dos meses de investigación, el pasado 9 de agosto, Manuel Contreras, junto al abogado Alexis Gómez, presentaron al Tribunal una solicitud de renuncia al patrocinio y poder conferido por la imputada.
Situación que el día 10 de agosto fue resulta por la jueza de garantía María Teresa Villagrán, al destinar a la Defensoría Penal Pública -a través del abogado que designe- para representar los derechos de la imputada.
