Vigilante privado
El día miércoles 30 de agosto, poco después de la una de la tarde, un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks estaba estacionado en uno de los accesos al supermercado A Cuenta, ubicado en la esquina de avenida Balmaceda con calle Matta.
Quien suscribe ingresó a ese local a hacer compras. Al salir, un funcionario de la mencionada empresa le dijo que no podía salir por el acceso que da a calle Matta. Cuando se le preguntó el porqué, respondió textualmente: "Porque estamos retirando dinero". El suscrito le replicó no tenía interés alguno en el dinero que estaban retirando. El funcionario -ataviado con el uniforme azul de los vigilantes privados, que incluía un revólver- se limitó a hacer un vago gesto de indiferencia.
Posteriormente, el suscrito se dirigió a otro funcionario, que parecía tener mayor jerarquía, y le preguntó dónde era posible estampar un reclamo por lo ocurrido. Éste quiso saber el motivo del reclamo, lo que le fue explicado. Respondió que eran normas de su empresa. Se negó a dar su nombre.
La verdad es que resulta curioso que ésa y otras empresas se arroguen el derecho a actuar como fuerza policial. Porque es distinto que Carabineros de Chile tome ese tipo de medidas.
La conjetura más plausible indica que los vigilantes privados, por el hecho de portar armas, se sienten autorizados para ejercer una responsabilidad de la que carecen.
Cabe también pensar que, siendo las empresas de vigilantes privados una creación de la dictadura militar, sus funcionarios estén impregnados de la lógica que animó esos días aciagos.
Aníbal Barrera Ortega, periodista
Atentados y seguridad I
Luego de conocidos los hechos sobre la quema de 29 camiones en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, el fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abott, ha señalado que "Pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe".
Si bien es cierto todos los privados -empresas y personas- deben tomar precauciones generales sobre seguridad, tampoco puede inducirse a los individuos a vivir con un temor constante ni a la protección de las empresas a través de la militarización de sus predios. El desarrollo de actividades cotidianas o la explotación de un giro, respectivamente, tienen que estar siempre amparados por el régimen de Estado de Derecho que ha de regir en el país. Las atribuciones que tienen las instituciones del Estado en materia de seguridad ciudadana para la conservación del orden público son de ejercicio exclusivo y excluyente por parte del mismo Estado, y estas funciones no pueden ser delegadas en los particulares. La promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas es responsabilidad, principalmente, del Estado, el que a su vez es el primer garante de su fiel cumplimiento. Pensar lo contrario sería abrir las puertas a múltiples conductas que generarían perniciosas consecuencias: adquisición de armas para la defensa propia, autotutela como modo de resolver conflictos, descrédito en instituciones fundamentales para la vida en sociedad, como los tribunales de justicia imparciales e independientes, entre tantas otras posibles de imaginar.
Leopoldo Ramírez Alarcón, coordinador nacional, Facultad de Derecho UST
Atentados y seguridad II
El Estado tiene la obligación esencial e irrenunciable de preservar el orden público. Si no tuviera dicha obligación, si cada individuo o grupo de ellos pudiera, a su arbitrio, provocar disturbios, ejercer violencia o presiones sobre las personas o la colectividad, el Estado no existiría, ni habría siquiera sociedad civilizada.
El orden público es fundamental para acometer los fines propuestos por las personas, por los grupos intermedios y por el propio Estado. Sobre él descansan todas las actividades y empresas que se proyecten. La mantención del orden público requiere muchas veces -imperiosa e inevitablemente- usar la violencia física legítima, cuyo monopolio está en manos del Estado. Si el Estado no ejerce su poder coercitivo para imponer el orden público, obliga a los ciudadanos a ejercer la autotutela.
Adolfo Paúl Latorre, abogado
Problemas en la feria
Junto con saludarlo quisiera dar a conocer el grave problema que existe en el sector feria pinto y sus alrededores especialmente calle Bilbao debido a la gran cantidad de basura y vehículos que se estacionan en lugares no autorizados ocupando gran parte de las veredas que son de uso único y exclusivo de los peatones, especialmente los fines de semana donde incluso el Pasaje Galindo se llena de vehículos afuerinos bloqueando la entrada de los vecinos a sus propios hogares. Hago un llamado a la autoridad a los organismos pertinentes para que tomen cartas en el asunto.
Sandra Fernández
