Isabel Farías Meyer
Diversas reacciones generó en los gremios productivos de La Araucanía el documento que entregó el Ministerio de Interior y que fue publicado ayer por El Austral, donde se revela que el Gobierno es querellante en 134 causas ligadas a violencia rural, las que suman 71 imputados.
Se trata de la Multigremial (MG), Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) de Temuco y la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag).
En el documento que emanó Interior, se precisa que desde que asumió la Presidenta Michelle Bachelet -el 11 de marzo de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2017- de los 71 imputados que dejan las 134 causas investigadas, 18 corresponden al delito por hurto de madera en el marco de la violencia rural, cifra que llama la atención del presidente de la Multigremial, Luciano Rivas.
"Incluye detenidos por delitos que ellos mismos siempre han sostenido que corresponden a delincuencia común y no a causas asociadas al conflicto", dijo Rivas, quien a su vez precisó que el Ministerio del Interior incluyó en el informe, "el robo de madera, delito al cual corresponde el 75% de los supuestos detenidos".
Rivas argumentó que entre los nueve tipos hechos ilegales que desglosó Interior, en el que se titula "otros delitos", se repetiría dicha apreciación ya que incorporan abigeatos y/o tráfico de drogas, según Rivas, que no tendrían relación directa con violencia rural.
Por incendio y máquinas
De acuerdo al escrito, 57 de las querellas son por incendio común, donde las investigaciones arrojan un imputado en libertad con otras medidas cautelares y ningún imputado con prisión preventiva.
"El delito de incendio, que es el arma de mayor poder para causar temor por parte de los terroristas, sigue en la absoluta impunidad. Quienes se atribuyen los atentados incendiarios a camiones, maquinarias forestales e iglesias , no son detenidos", finalizó Rivas.
En la misma línea, pero incorporando su molestia en la cantidad de causas vigentes donde el Gobierno es querellante, el presidente de la Sofo, Marcelo Zirotti, tildó de "manipuladas" las cifras porque a su juicio "podemos palpar que hay muchas denuncias en el área agrícola que no se hacen porque no vemos detenidos. Por lo mismo creemos que el informe muestra parte de la realidad". En tanto, afirmó que "el Gobierno tiene todas las herramientas para detener la situación", sin embargo, "no las quiere usar. Parece que le tienen miedo a los terroristas", precisó Zirotti.
Para el gerente de Acoforag, René Muñoz, las cifras son "generales y no representan los ataques incendiarios a equipos forestales que es mi rubro. Es más, muchas veces las cifras no indican lo que está sucediendo".
Por lo mismo, Muñoz entregó a El Austral el registro de los últimos cuatro años en el cual su gremio ha sido víctima sin imputados.
De los 78 atentados donde se quemaron 239 equipos en la macro zona sur que incorpora las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, según dijo Muñoz, en la IX Región, "tenemos 32 atentados en los cuatro años y 84 equipos quemados. De esos hechos, no existen resultados de personas detenidas, entonces, independiente si esas cifras (del informe de Interior), las causas que a mí competen, no hay resultados".
Ministerio público
Tras el número de imputados en relación a las causas vigentes el senador Jaime Quintana (PPD), aseveró que si bien los últimos gobiernos han enfrentado la violencia rural con similares medidas, "lo que está pendiente son los resultados de la investigaciones, que permitan dar con el paradero de quienes efectivamente cometen hechos de violencia".
En tanto, para el senador José García Ruminot (RN), dichas cifras responden a que "lamentablemente hemos constatado que en la gran mayoría de los casos, el Ministerio del Interior no ha ejercido las facultades que le otorga la ley a todo querellante en un proceso penal, es decir, no les hace seguimiento".
