R. Zamorano / E. Henríquez

A juicio de la defensa de los imputados por el atentado incendiario contra la Iglesia del Señor del sector Tres Cerros, Camino a Niágara, ocurrido el 9 de junio del año pasado en la comuna de Padre Las Casas, la pruebas que tiene el Ministerio Público son débiles y no constituyen sustento alguno para sostener la prisión preventiva de sus defendidos ni para consolidar una sentencia condenatoria.

Al cumplirse 109 días desde que los detenidos por esta causa iniciaron una huelga de hambre para tratar de revertir la aplicación de la Ley Antiterrorista que pesa en su contra, los abogados Juan Pablo Alday y el defensor local jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Humberto Serri Gajardo, representantes de Ariel y Pablo Trangol Galindo, respectivamente, expusieron la situación que vive el grupo de detenidos y sus consideraciones más críticas respecto del caso en cuestión.

Fuera de confirmar el deteriorado estado de salud y riesgo en que se encuentran los imputados, los defensores recordaron que la medida en cuestión no persigue otra cosa que el Gobierno y el Ministerio Público desistan de invocar la Ley Antiterrorista, figura que a juicio de los abogados ha impedido la revocación de la prisión preventiva por parte de la Corte de Apelaciones, aun cuando tres jueces de Garantía han señalado que no existen antecedentes suficientes para estimar que sus defendidos tuvieron participación alguna en los hechos que se imputan.

Alday y Serri, de hecho, desestiman las pruebas de la Fiscalía, particularmente la calidad de los testigos "sin nombre" y algunos peritajes, además de cuestionar la validez de la flagrancia en este caso.

En cuanto a la recopilación de testimonios en este caso, opinan los defensores, "lo que hizo el Ministerio Público fue saltarse todo el protocolo y ordenar a la PDI a mostrar imágenes obtenidas por la televisión y el diario El Austral donde aparecen las personas detenidas y preguntarles (a esos testigos) ¿son ellos o no son ellos? Eso de acuerdo a la psicología del testimonio es claramente un reconocimiento inducido", explica Alday.

Mientras que Humberto Serri precisa que en un informe pericial químico "no existe positivo para nitrito, plomo ni cobre. Vale decir, no existen antecedentes que puedan establecer que ellos dispararon ese día". A esto agrega que existe "evidencia genética de un funcionario policial dentro de la evidencia levantada. Eso nos demuestra que existió un procedimiento policial viciado y la evidencia está contaminada".

Respecto del juicio oral, los defensores opinan que aquí no ha habido dilación, pero que no depende de ellos que se haga en el plazo deseado.